¿Qué significa un estado de cosas inconstitucional sobre el acuerdo?

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Cortes

¿Qué implica declarar un estado de cosas inconstitucional sobre el acuerdo?

Desde la firma del acuerdo de paz hasta abril de 2021 se registraron más de 290 asesinatos de ex-Farc, según la UIA.

Desde la firma del acuerdo de paz hasta abril de 2021 se registraron más de 290 asesinatos de ex-Farc, según la UIA.

Foto:Joaquín Sarmiento. AFP

La decisión de la Corte Constitucional compete al Estado en su conjunto.

REDACCIÓN JUSTICIA
La Corte Constitucional tomó una decisión sin precedentes desde la puesta en marcha del acuerdo de paz firmado con la antigua guerrilla de las Farc: determinó que el punto de las garantías de seguridad a los firmantes del acuerdo —que hacen tránsito a la vida civil y forman parte del partido Comunes— se ha implementado de manera “baja”.

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Y, por eso, declaró el estado de cosas inconstitucional (ECI) sobre la materia. ¿Qué significa? Qué el alto tribunal encontró la existencia de una violación masiva y estructural de los derechos fundamentales de esta población, y una crisis que es incompatible con la Constitución y que requiere de acciones urgentes, pero también estructurales para responder a la situación.
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Se trata de una figura que la Corte Constitucional ya ha usado varias veces, al menos 13 desde su puesta en marcha en 1991, aunque los casos más conocidos son el ECI sobre desplazamiento forzado declarado en 2004 y que a la fecha sigue bajo seguimiento del alto tribunal; así como el ECI carcelario que se ha declarado más de una vez; y el de la crisis de la niñez Wayúu en 2017.
En los últimos dos casos, el seguimiento a las órdenes estructurales que dictó la Corte para superar la crisis humanitaria evidenciada quedó en manos de terceros, que deben hacer reportes al alto tribunal. No obstante, ante la falta de resultados en el caso de los niños en La Guajira, en 2021 el alto tribunal asumió directamente el caso y ya citó a una audiencia en el territorio.
(Lea: Garantías de seguridad de los firmantes de paz, en la lupa de la Corte)
Sobre el caso en concreto, EL TIEMPO estableció que la Corte Constitucional debatió incluso sobre las consecuencias que, a largo plazo, podía implicar para la implementación del acuerdo de paz en su totalidad, ante la falta de garantías de seguridad para el tránsito a la vida civil, teniendo en cuenta, además, que lo pactado en La Habana tiene un blindaje jurídico.
Hay que recordar que el Acto Legislativo 02 del 2017 estableció que el acuerdo de paz está blindado para los 12 años siguientes, sin importar el partido político al que pertenezcan. Ahora, la decisión que toma la Corte Constitucional, que incluye una Sala de Seguimiento en el mismo alto tribunal, obliga tanto al gobierno de Iván Duque como al próximo presidente, sin importar su color político.
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¿Cuáles son los requisitos para declarar un estado de cosas inconstitucionales?

Según la sentencia T-025 de 2004, que declaró el ECI en desplazamiento forzado, se debe identificar los siguientes elementos.
Primero, que haya una vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un número significativo de personas, así como una la prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos y si hay o no medidas legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para evitar la vulneración de los derechos.
También debe evidenciarse la existencia de un problema social cuya solución compromete la intervención de varias entidades, requiere la adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante, entre otros.
(Le puede interesar: Acuerdo de paz: claves del informe que ONU presenta a consejo de seguridad)

¿En qué casos lo ha usado?

En la sentencia T-025 de 2004 sobre desplazamiento forzado. En la sentencia SU-599 de 1997 sobre el reconocimiento y reliquidaciones de pensiones en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En la sentencia T-068 de 1998, el primer ECI sobre la situación en las cárceles; la T-153 de 1998 sobre la carrera notarial y en la SU-250 de 1998 sobre la crisis de seguridad de los defensores de derechos humanos en Colombia.
También está el segundo ECI carcelario sobre la situación de salud de los privados de la libertad y otro sobre sistema en general; hay un ECI sobre el pago de pensiones en Chocó; uno sobre la crisis de Cajanal; y uno que se declaró sobre la transición entre el Instituto de Seguros Sociales y Colpensiones que ya se superó.
(Le puede interesar: Piden a Comisión de la Verdad acelerar creación de comité que siga informe)

¿Qué viene ahora?

El Gobierno y la Judicatura deberán darle a la Corte las medidas necesarias para crear la sala de seguimiento y la Procuraduría deberá adoptar un mecanismo especial de vigilancia del cumplimiento de la sentencia con el auxilio de la Defensoría del Pueblo.
Además, el Gobierno deberá empezar a cumplir las órdenes dadas por la Corte Constitucional como tomar las medidas necesarias “que le permitan cumplir de manera integral, coordinada y articulada las garantías de seguridad previstas en el acuerdo final de paz, que han sido objeto de desarrollo legal y constitucional, de modo que se facilite la reinserción o reincorporación efectiva y pronta en la vida civil de quienes se desmovilizaron y de sus familiares, entendiendo que esto contribuye a su seguridad personal”.
(Le puede interesar: Ex-Farc de Arauca lanzan alerta por riesgo en medio de confrontaciones)
Esto incluye poner el presupuesto suficiente, implementar el Plan Estratégico de Seguridad y Protección y prioriza los municipios y regiones especialmente afectados por la violencia de grupos armados y la ausencia del Estado, entre los cuales, según advierte el informe de la ONU, se encuentran 25 municipios de los departamentos de Antioquia, Cauca, Caquetá, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca.
Además, la Unidad Nacional de Protección deberá descongestionar las peticiones represadas sobre análisis de riesgos y reevaluar el riesgo que enfrentan las y los firmantes del acuerdo en proceso de reincorporación y quienes integran el partido Comunes, y los de riesgos de los esquemas de protección colectiva de los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR)., entre otras órdenes.

¿Qué ha dicho el Gobierno?

El Consejero para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, dijo que el hecho de que la Corte Constitucional haya analizado el tema y disponga que se fortalezcan las medidas, "que en su gran mayoría se refieren a temas que ya estábamos haciendo, permitirá que esos mecanismos sean más adecuados", dijo.
(Le puede interesar: Asesinato de defensores de DD. HH. subió 18 % frente a 2020, según ONU)
Agregó que "todos los fallos se acatan". Sin embargo, expresó lo siguiente: "Ese (fallo) no lo compartimos ni nosotros ni cuatro de los miembros de la Corte Constitucional que salvaron su voto".
justicia@eltiempo.com
@JusticiaET

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