La jueza María Eugenia Capuchetti, ante un requerimiento de instrucción de la fiscal Alejandra Mangano, pidió este miércoles una serie de medidas de prueba para investigar si la titular de la Aduana, Rosana Lodovico, cometió los delitos de cohecho y lavado de dinero, al aceptar supuestamente un crédito de la empresa Promarlon de 250 mil dólares que había sido denunciada por contrabando.
Solicitó a la Aduana copias de todo el sumario interno de la Aduana y el juicio contra la empresa Promarlon S.A. Y en especial, del rol del director de Asuntos Jurídicos de la Aduana en el caso, informaron a Clarín fuentes judiciales.
La magistrada requirió una copia certificada del acuerdo que permitió que un juicio oral que realizaba el Tribunal oral Federal de San Martín 5 se suspendiera sin condenas, luego de que que la empresa Promarlon S.A se acogiera a la moratoria y acordara un plan de pagos.
Voceros de Lodovico consultados por Clarín por esta denuncia hasta el cierre de esta nota no habían enviado un descargo de la titular de la Aduana.
Desde que se conoció esta denuncia la semana pasada, el ministro de Economía Luis Caputo analiza si reestructura la AFIP y en particular la Aduana.
Lodovico fue denunciada por la diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli luego que se conociera que, en 2022, junto a su ex marido, Luis Antonio Bocassi, tomaron un préstamo de US$ 250.000 con la firma Promarlon SA, acusada de contrabando.
Al momento de la transacción, Lodovico ejercía como subdirectora General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas.
La denuncia de Campagnoli pide se investigue la posible comisión de los delitos de cohecho y de lavado de activos contra Rosana Lodovico; Luis Antonio Bocassi (ex marido de Lodovico y jefe de la Sección Encomiendas Postales Internacionales de la Aduana); Alejandro Omar Lucano (cuñado de Lodovico); Promarlon SA; y Claudio Gabriel Szlaien (Presidente de Promarlon S.A.).
En su denuncia Campagnoli, puntualizó que “la empresa no se dedica a brindar prestamos ni esta autorizada a ello, y que los fondos se habrían aplicado a la adquisición de una casa de veraneo con el fin de darle apariencia de licitud”.
“La Aduana le dio el visto bueno a Promarlon para que no fueran condenados por contrabando y que pagarán en cómodas cuotas las deudas que tenía con dicho organismo”, agrega la denuncia.
“La propiedad mencionada es una casa de vacaciones en Canning y fue comprada mientras ella ejercía funciones en la Aduana. Durante la gestión como ministro de Economía de Sergio Massa y Guillermo Michel como titular de la Aduana, Lodovico fue subdirectora General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, uno de los puestos más importantes del organismo, y luego fue ascendida como titular del organismo en la gestión de Javier Milei.”
La denuncia penal contra Promarlon fue radicada en 2017 por la propia Aduana.
Luego de la instrucción, el fiscal requirió la elevación a juicio oral de 25 personas por haber considerado que formaron parte de “una organización dedicada a actividades relacionadas con el contrabando de mercaderías en sus diferentes etapas”.
Se acusaba a la empresa de participar desde "la obtención de mercaderías de contrabando en la República de Paraguay, al menos desde febrero de 2017 hasta el 5 de octubre de 2018, en connivencia con funcionarios públicos del servicio aduanero”
Campagnoli afirmó que “Luis Alejandro Madiedo, abogado por la querella (Dirección General de Aduanas – AFIP), informó que mediante actuación SIGEA 17114-256-2022, en fecha 17 de Enero de 2022, Claudio Gabriel Szlaien solicitó, ante el área contable de la Aduana de Campana, acogerse a los beneficios de la ley 27.653, reglamentada por Resolución 5101/21 AFIP”. Se trata de una moratoria fiscal.
La deuda ya está pagada y consistió en 6 cuotas de cerca de $6 millones cada una. El resto de los involucrados habrían ido a juicio.
En esta línea de hipótesis, según Campagnoli, “Lucano sería engranaje esencial entre los jueces Federales, Aduana y aquellos que pretenden beneficiarse, ya que es socio de Alfredo Damián Lijo, hermano del polémico Juez Ariel Lijo, en la sociedad FRAKUL S.A”.
Más adelante, la denuncia afirma que Lodovico y Bocassi “también eran propietarios de un departamento de 180 metros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires, de una casa en Pinamar de 98 metros cuadrados (ambas pagas con ingresos propios entre 2010 y 2011) y de diversos vehículos como una BMW X3 “todo terreno”, adquirida en 2019 y un cuatriciclo Can-Am Outlander Max 800R comprado en 2015”.
Campagnoli pidió investigar a Lodovico porque sospecha que el kirchnerismo sigue controlando la Aduana pese al cambio de gobierno. En un informe que llegó a su despacho, se sostiene que “el ex candidato a presidente Sergio Massa, través de su brazo ejecutor Guillermo Michel, y con la designación de Rosana Lodovico como Directora General de Aduana, logró mantener toda la estructura jerárquica de la gestión anterior”.
Con esta Aduana, y con la viuda de “Damián Sierra, Susana Tirabassi, como agregada en la repartición de Ezeiza, el massismo mantiene el control de la caja mas importante del país”, finaliza el informe.
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