Las amenazas que acechan a los indígenas awás

En el departamento de Nariño, la comunidad indígena awá se organiza en 35 resguardos. / Cortesía

El pasado 1° de diciembre, integrantes de la Organización de Resguardos Indígenas Awá del Pacífico (Oripap) denunciaron el asesinato de John Jairo García Guanga, miembro del resguardo Gran Rosario, en Tumaco (Nariño). El joven fue encontrado sin vida en la vía que comunica a ese municipio con Pasto, en el sector El Pinde. Según la Oripap, sobre las tres de la tarde de ese día, unos hombres armados lo obligaron a subirse a una camioneta y, en el lapso de una hora, lo encontraron muerto.

Este es uno de los más de 50 asesinatos denunciados por la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) en 2021, que se unen a otros tipos de violencias, como las amenazas y el confinamiento de los resguardos Gran Rosario, Campo Alegre, La Brava e Inda Sabaleta, donde más de dos mil familias permanecen en medio de enfrentamientos entre grupos armados que se disputan el territorio.

Floriberto Canticus, consejero secretario general de la Unipa, explica que las familias confinadas por estas confrontaciones deben caminar con temor por sus senderos ancestrales para, entre otras diligencias, hacer trámites personales, como acceder a puestos de salud que la Unipa dispone para varios corregimientos. Como varios de los territorios en donde están las comunidades indígenas no cuentan con servicios básicos como la atención de salud o una buena educación, explica Canticus, el confinamiento tiene graves impactos en el bienestar de las personas.

El pueblo indígena awá, conformado por más de 44 mil integrantes, está asentado en los departamentos de Nariño y Putumayo, en el suroccidente del país, y en municipios del norte de Ecuador. En Nariño, la comunidad se organiza en alrededor de 35 resguardos, entre los que están Piguambí Palangana, Pulgande, Campoalegre, Gran Rosario, Gran Sábalo, Saundé Guiguay, Guelmambí, Caraño y Tronquería.

A finales de 2019, estos fueron algunos de los resguardos que estuvieron dentro de la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo sobre la situación de seguridad de la comunidad awá en los municipios de Barbacoas, Tumaco y Ricaurte, en el departamento de Nariño. Esta advertía sobre los riesgos para la población indígena y, especialmente, los líderes y lideresas de estas comunidades.

La Defensoría indicó que las afectaciones a las que se enfrentaban los grupos en riesgo en ese entonces eran amenazas, intimidaciones, reclutamiento forzado de menores de edad, instalación de minas antipersonales, desplazamiento forzado e imposiciones de restricciones de movilidad y circulación en los corredores que conectan los municipios de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte. La situación que denuncian los resguardos acogidos a la Unipa y la Oripap es la misma que describe esta alerta temprana de la Defensoría de 2019 y las otras tres que emitió de 2018 a 2020 sobre la violencia en Tumaco y el Pacífico nariñense.

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El organismo explica que el territorio awá es “un corredor estratégico por la existencia de grandes extensiones de selva, la entrada a la bota caucana y al Macizo Colombiano, el acceso directo al departamento de Putumayo y Ecuador, territorios utilizados para la movilización de tropas, armas y artefactos explosivos”. Según ese organismo, el auge de grupos armados en la zona está vinculado a la expansión de los cultivos de coca.

El informe de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), Lo que ocurre en Tumaco puede ocurrir en 10 municipios, reseña que en Tumaco hay 10 grupos armados que se disputan el territorio en esa población nariñense, entre los que se encuentran el Eln, las Guerrillas Unidas del Pacífico, el Clan del Golfo y distintas disidencias de las Farc.

Francisco Javier Cortés Guanga, gobernador del resguardo Piguambí Palangala, explica que “después de la firma del Acuerdo de Paz, con la desmovilización de las Farc, quedó un vacío de poder que aprovecharon otros grupos para ganarse el territorio”, comenta.

Entre finales de 2019 y 2021, los actos de violencia en contra de los awá han empeorado, según este líder. El aumento de los grupos en la zona y la situación de la pandemia han dificultado la intervención de las autoridades y el ejercicio mismo de gobernabilidad del pueblo awá.

Juana Valentina Cabezas, investigadora del Observatorio de Conflictividades y Derechos Humanos de Indepaz, relata que en la zona rural de Tumaco hay una disputa importante entre la columna móvil Franco Benavides, parte del comando coordinador de Occidente y el Bloque Occidental Alfonso Cano, que forma parte de la Segunda Marquetalia. “La Franco Benavides entró fuertemente al territorio entre finales de 2020 y principios de 2021, y se dice que tenía gran capacidad militar y económica, por una alianza que se dio desde el Comando Coordinador con ‘Gentil Duarte’", indica.

Con estos grupos se ha dificultado también las posibilidades de diálogo, ya que no hay poder de mando, sostiene el gobernador de Piguambí Palangala. “Antes buscábamos el espacio de dialogar con las Farc y defender que, en territorio indígena, nosotros somos la autoridad. Ahora uno dice eso y tiene que empacar las maletas para irse”, señala.

En julio de 2021, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) identificó la frontera de Tumaco como uno de los siete enclaves productivos de coca del país. Es decir, una zona de alta concentración de estos cultivos ilícitos. Para 2020, el municipio tenía 9.500 hectáreas cultivadas.

Aunque la misma Unodc resaltó que la extensión de cultivos en Tumaco de 2019 a 2020 disminuyó en más de un 20 %, el problema para líderes como Francisco Javier Cortés es que “los cultivos ilícitos se han convertido en la única manera de dar educación a nuestros jóvenes, de cambiar el techo de plástico por uno de cinc. No es solo el conflicto, sino el tema de la inversión social lo que falta”.

La Unodc indica que en Tumaco más de 16.600 familias se inscribieron en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Para diciembre de 2020, la mayoría había recibido la totalidad de los pagos ofrecidos como la Asistencia Alimentaria Inmediata, pero varias de estas familias denunciaron incumplimientos en los tiempos de trabajo establecidos por el Gobierno y avances en otras áreas, según el estudio realizado por el Observatorio de Tierras.

La respuesta ante la violencia

En 2009, por medio del Auto N° 004, la Corte Constitucional había advertido que el pueblo indígena awá estaba en riesgo de exterminio físico y cultural por “el conflicto armado interno y han sido víctimas de gravísimas violaciones de sus derechos fundamentales individuales y colectivos, así como del Derecho Internacional Humanitario”. Desde ese momento, la Corte ordenó implementar planes de salvaguardia étnica para los awás y otros 33 pueblos indígenas.

A pesar de esto y de la existencia de otros lineamientos para la protección de los Awá, como el Auto 620 de 2017 y el Plan de Vida Awá, el acompañamiento y la respuesta por parte de las autoridades departamentales y nacionales han sido mínimos, asegura el líder Floriberto Canticus. “Nosotros hemos tratado de realizar el acompañamiento en los territorios, pero no podemos ingresar tranquilamente, porque muchos de ellos están minados”, señala Canticus.

Las amenazas que denunció la Corte en 2009 persisten para el pueblo indígena Awá y han afectado a varios de los líderes de la comunidad. En agosto del año pasado, Francisco Javier Cortés fue víctima de un atentado en el resguardo del que ahora es gobernador. En el ataque, nadie salió herido, pero Cortés ha podido volver al territorio pocas veces.

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La Defensoría Regional de Tumaco sostiene que realiza un monitoreo constante de la situación de los awás y el defensor regional mantiene comunicación con los líderes de la comunidad, mientras la Alcaldía de Tumaco afirma que ha activado comités de justicia transicional y consejos de seguridad para atender las situaciones.

En particular, una de las prioridades de la administración es completar el proceso de desminado a cargo del Ejército, manifiesta Paola Gómez, secretaria de Gobierno de la Alcaldía. Estas acciones se han adelantado en los resguardos de Pulgande, Campoalegre, Piguambí Palangala, Gran Rosario y se avanza en el proceso en el resguardo La Brava.

La funcionaria indica que también hay proyectos encaminados a la mejoría de servicios básicos en los resguardos, como la adecuación de vías terciarias en Gran Rosario.

“Es evidente que se requiere hacer mucho más, pero seguimos realizando un proceso de acompañamiento y nuestra prioridad es coincidir con la Fuerza Pública para restablecer las condiciones de seguridad en los territorios”, sostiene la secretaria.

Para Juana Cabezas, investigadora de Indepaz, es fundamental que el Gobierno Nacional cambie la estrategia de refuerzos militares por la implementación del Acuerdo de Paz con un enfoque étnico, que es la petición principal de las comunidades. Si la respuesta gubernamental no cambia, es difícil que la situación mejore para las comunidades awá, sostiene Cabezas, explicando que lo más probable es que persistan los asesinatos puntualmente.

“Este 2022, en particular, es muy importante, y seguramente el reto más grande serán las elecciones presidenciales. En años anteriores hemos observado que, cuando hay elecciones presidenciales, hay un crecimiento de acciones violentas de grupos armados contra la población”, comenta la investigadora. El caso en Nariño es especialmente preocupante, al ser uno de los departamentos más afectados por masacres y asesinatos de firmantes y líderes, explica.