Guía de los juicios contra Trump: sus casos como presidente, empresario o ciudadano

Trump está acusado de 13 delitos graves vinculados a una conspiración para interferir en los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia.

La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, acusó al expresidente y a otras 18 personas, entre ellas el exabogado de Trump, Rudy Giuliani, y su jefe de gabinete en la Casa Blanca, Mark Meadows.

La investigación se origina tras la famosa llamada de 2021 que Trump le hizo al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger (también republicano), en la que lo presionó para que “encontrara” los más de 11,000 votos que le faltaban para revertir su derrota frente a Joe Biden en ese estado.

Cuatro coacusados se han declarado culpables: los exabogados de Trump Jenna Ellis, Sidney Powell y Kenneth Chesebro; además de Scott Hall, un agente prestamista de fianzas acusado de cargos vinculados a la violación del sistema de votación en el condado de Coffee.

Este es el caso potencialmente más grave que Trump afronta porque busca contemplar todos los frentes de los intentos por subvertir el resultado electoral. La fiscal se amparó en la violación de la ‘ley de organizaciones corruptas influenciadas por el crimen organizado’ (RICO, por sus siglas en inglés). RICO permite sumar presuntas acciones criminales (que tengan un plan común) y así vincular a varias personas y hacerlas responsables sin importar su rol. ¿Para qué? Para lograr la cooperación de los coacusados de menor nivel y así obtener más pruebas contra los líderes.

Pero el caso dio un giro cuando la defensa de un coacusado denunció un vínvulo amoroso entre Willis y su fiscal especial Nathan Wade y presuntos conflictos con el caso. Esto llevó a que se frenaran los procesos del caso para llevar a cabo audiencias para determinar si Willis podía o no seguir al frente.

El juez Scott McAffee no determinó que la relación de Willis y Wade constituyera un conflicto de intereses, pero daba "apariencia de incorrección" y ordenó que uno de los dos saliera de la causa. Wade quedó desvinculado.

Luego, lado de los acusados, pidieron apelar la decisión de que Willis siga liderando el caso, lo cual pospondrá aún más el inicio del juicio, algo que beneficia a Trump.

Trump enfrenta (al menos) 40 cargos por mal manejo de documentación clasificada y de intento de obstruir la recuperación de dichos archivos almacenados mayormente en su casa, en el club Mar-a-Lago, de Florida.

El caso se inicia porque Trump se llevó documentos al dejar la Casa Blanca en 2021, tras perder las elecciones. La recuperación de los registros se hizo en agosto de 2022 en una pesquisa del FBI en Mar-a-Lago.

La acusación señala que algunos de los archivos contenían presunta información sensible vinculada a seguridad nacional, e incluso algunos documentos estaban marcados como ‘top secret’.

Trump se declaró inocente. Los cargos los lleva adelante el fiscal especial Jack Smith. quien maneja otra investigación separada sobre hechos vinculados al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Smith acusa a Trump de poner en riego secretos de seguridad al llevarse miles de documentos confidenciales y almacenarlos en su resort en Florida y en otro club de golf suyo en Nueva Jersey.

Los cargos incluyen violaciones de la Ley de Espionaje, que penaliza la posesión no autorizada de información de defensa nacional, y conspiración para obstruir la justicia.

Además de Trump, un asistente, Walt Nauta, y otro empleado, Carlos De Oliveira, están acusados de intentar borrar imágenes de cámaras de seguridad en Mar-a-Lago.

En los primeros días de mayo, el juicio fue pospuesto indefinidamente por la jueza Aileen Cannon, una jueza que fue designada por Trump cuando era presidente y que ha sido cuestionada por procedimientos inusuales y dilaciones.

El aplazamiento es un punto a favor de Trump, quien busca que este y otros juicios se pospongan hasta después de las presidenciales de noviembre, ya que si vuelve a la Casa Blanca estaría protegido como presidente en ejercicio. Y además podría nombrar a aliados suyos en puestos claves del Departamento de Justicia y desestimar el caso.

Trump es hallado culpable de todos los cargos. En este caso que llevó adelante el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, Trump enfrentaba 34 cargos relacionados con falsificaciones de registros para encubrir el dinero pagado durante la campaña presidencial de 2016 a la actriz porno Stormy Daniels.

El 4 de abril de este año, Trump se declaró inocente de los cargos en un tribunal de Manhattan.

El caso refiere a 130,000 dólares que el entonces abogado personal de Trump, Michael Cohen, le pagó a la estrella del porno a cambio de silencio sobre un encuentro sexual que ella asegura haber tenido con Trump en 2006. Trump niega haber tenido relaciones con la actriz.

El caso se enfoca en el dinero que Trump y su compañía reembolsaron a Cohen por dicho pago y la presunta falsificación de documentos contables para encubrir otro delito: una violación de la ley electoral, ya que consideran que el pago a Daniels era un gasto de campaña destinado a proteger la imagen de Trump como candidato.

El jucio comenzó el 15 de abril con la elección de jurados. El juez Juan Merchán le puso al expresidente una orden mordaza impidiéndole que hable sobre posibles testigos y sobre las personas asociadas al juicio.

Por el estrado de testigos ha pasado la propia Stormy Daniels, quien recontó la historia de su presunto encuentro sexual con Trump en un hotel en 2006. En ese entonces, Trump y Melania Trump, su esposa, habían tenido recientemente a su hijo, Barron.

Por su parte, Cohen se declaró culpable en 2018 de cargos vinculados a violación de financiamiento de campaña, mentir al Congreso, entre otros delitos. Pasó unos 13 meses en prisión y un año y medio en reclusión domiciliaria.

El caso que lleva la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, señala a Trump, sus hijos adultos y la Organización Trump, por manipular fraudulentamente los valores de las propiedades para obtener beneficios en préstamos.

En 2022, James presentó el caso en el que alega años de fraude generalizado con declaraciones financieras falsas en las que los Trump inflaron su patrimonio en miles de millones de dólares para obtener condiciones de préstamos y seguros más favorables y a la vez para reducir impuestos.

El juez de la Corte Suprema del Estado en Manhattan, Arthur Engoron, dictaminó en septiembre de 2023 que efectivamente la compañía de Trump cometió fraude repetidamente y lo que queda determinar es qué daños deberá pagar y qué implicancias tendrá para el futuro de los negocios de la familia en Nueva York.

El juicio civil comenzó el 2 de octubre. La fiscal pidió al menos 250 millones de dólares en daños. Como pena, además, se podría inhabilitar a Trump y a sus hijos para administrar empresas en Nueva York y prohibir negocios a la Organización Trump.

Los abogados del expresidente presentaron el 15 de noviembre un pedido para anular el juicio acusando al juez de estar parcializado en contra de Trump. La fiscal James pidió tiempo hasta diciembre para que el juez respondiera a la moción de anulación del juicio.

Los comentarios públicos de Trump sobre el juez y su asistente legal llevaron a una orden de silencio (‘mordaza) que prohibió a Trump y sus abogados hablar públicamente sobre el personal. Engoron multó a Trump por violar la ‘mordaza’.

El 16 de febrero, el juez dictaminó que Trump deberá pagar una indemnización de $355 millones más intereses. Además, prohibió al expresidente desempeñarse como funcionario o director de cualquier corporación de Nueva York u otra entidad legal en Nueva York por un período de tres años. El expresidente apelará.

El expresidente apelará.

La escritora E. Jean Carroll acusó a Trump de haberla violado y luego lo demandó por difamarla cuando él públicamente negó la acusación y la trató de ‘mentirosa’.

Carroll ha dicho por años que Trump la había violado en 1996 en la tienda Bergdorf Goodman de Manhattan. Testificó que aquel día tuvo un encuentro casual con Trump en esa tienda, hasta que Trump la arrinconó en un probador y la abusó.

En mayo de 2023, un jurado concluyó que Trump había agredido sexualmente y difamado a Carroll, y otorgó $ 5 millones por daños a la escritora.

El juez Lewis Kaplan desestimó una contrademanda por difamación que Trump intentó contra Carroll. La defensa de Trump había pedido que redujeran la indemnización o que ordenaran un nuevo juicio, argumentando que los 2 millones de dólares compensatorios por agresión sexual eran excesivos porque no se pudo probar violación. Pero el juez Kaplan confirmó el veredicto, y dijo que el jurado concluyó que ella no había podido probar violación “dentro del significado… técnico de una sección particular de la Ley Penal de Nueva York”.

Luego, en enero de 2024, un nuevo juicio definió la compensación en daños y perjuicios a la que tiene derecho Carroll. El viernes 26 de enero, el jurado llegó al veredicto de que Trump debía pagar la suma de 83.3 millones de dólares.

La justicia ordenó a Trump depositar más de 91 millones de dólares en una cuenta judicial suficiente para cubrir el dinero que le debe a Carroll más intereses. Trump cumplió con el depósito. Dijo que apelará.

Este caso comenzó en una corte estatal y llegó hasta el Máximo Tribunal. La cuestión principal era la Sección 3 de la Enmienda 14 de la Constitución, que dice: quien “hubiera participado en una insurrección o rebelión” contra la misma Constitución no pueden ocupar cargos públicos.

La disposición de la Sección 3 buscaba originalmente impedir, tras la Guerra Civil entre el norte y el sur, que los exconfederados tomaran el control del gobierno. Lo que no está claro es si la sección aplica a candidatos presidenciales, ya que no se menciona específicamente la presidencia, como sí se mencionan los cargos de senador o representante.

El caso inició en un tribunal de Colorado, cuando grupos de votantes demandaron diciendo que Trump debe ser descalificado como candidato porque formó parte de una insurrección, citando el rol del republicano en los intentos por subvertir las elecciones presidenciales de 2020 y cuyo evento más sobresaliente fue el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

La demanda escaló a la Corte Suprema de Colorado, que por primera vez en la historia aplicó la cláusula para descalificar a un candidato presidencial. La decisión en Colorado concluía que la presidencia es claramente un cargo al que aplicar la norma y que las acciones de Trump estaban bajo la ‘cláusula de insurrección’.

Pero el lunes 4 de marzo de 2024, el Máximo Tribunal estadounidense, revirtió ese fallo de Colorado, con el argumento de que los estados no pueden aplicar la cláusula cuando se trata de cargos de elección federal.

Y si bien se trató de una victoria para Trump, la Corte Suprema no falló sobre un tema central de la cuestión: si Trump participó en una insurrección.

Este caso se desprende del que lleva adelante el fiscal especial Jack Smith en Washington DC, en el que se acusa a Trump de 4 cargos relacionados con los intentos para anular los resultados electorales de 2020.

El equipo legal de Trump apeló en este caso usando el argumento de que no puede ser juzgado por supuesta inmunidad presidencial. Pero la corte de apelaciones le dio luz verde al fiscal Smith para iniciar el juicio por conspiración y obstrucción.

Pero otra vez, en febrero los abogados de Trump, pidieron suspender tal decisión. Los defensores del expresidente acudieron a la Corte Suprema pidiendo que revisara el caso y además, esgrimieron el argumento de que Trump ya había sido juzgado en un impeachment por los hechos relacionados con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

La Corte Suprema concedió la suspensión a Trump el 28 de febrero y escuchó argumentos a finales de abril. Con estos meses de demora, el expresidente gana tiempo, una de sus estrategias en casi todos los casos legales que enfrenta. Se espera que el Máximo Tribunal emita su decisión en el actual ciclo, que termina a finales de junio. Si la decisión llega y es favorable al caso de Smith, el juicio podría aún empezar y terminar antes de las elecciones de noviembre.