Uno de los elementos que constituyen el acuerdo que hace viable a una sociedad es compartir los mismos derechos. Algunos pensarán que estoy olvidando la otra parte de la ecuación: los deberes.
La verdad, desde la Revolución Francesa, la vida política ha sido definida como la lucha por acceder a mayores derechos por fracciones de la sociedad. Lo fue con los hombres sin patrimonio, luego los esclavos, las mujeres, las minorías y seguimos ampliando el marco de los derechos en una dinámica que no parece tener fin. De los deberes ciudadanos, salvo el de pagar impuestos donde irónicamente no hay igualdad, poco y nada hablamos.
Lo cierto es que, mientras más populista es la persona o el líder, más énfasis hace en los derechos que llenan todos sus discursos y argumentos. Si alguna vez menciona deberes son siempre los que tienen que cumplir a rajatabla "los demás".
Es una muy peligrosa dicotomía la que divide los temas políticos entre derechos y privilegios. Cuando se utiliza, se resume de esta forma: lo que yo tengo es un derecho que debe ser garantizado y efectivo; lo que los demás tienen son privilegios que deben ser abolidos.
Un buen ejemplo de esta manera de ver los asuntos públicos es el debate de la minga.
Para algunos, los indígenas tienen derecho a innumerables privilegios porque son las poblaciones que estaban antes de la llegada de los españoles.
Son los pueblos originarios y por lo tanto tienen derecho a las tierras, a leyes propias, no pagan impuestos, su justicia está por fuera de los Códigos y el Estado tiene que doblegarse ante todas sus exigencias.
En sus territorios no opera el principio de igualdad de los colombianos ante la ley porque, de facto, las leyes no son las mismas ni ellos son ciudadanos como los demás.
Que sus tierras sean improductivas, que proliferen los cultivos ilícitos, que las bandas criminales utilicen los resguardos para delinquir es insustancial porque son poblaciones pre- hispánicas y tienen derechos inviolables que los sitúan por encima de las normas, incluida la Constitución. Pero, además, tienen derecho a exigir todos los subsidios, apoyos, beneficios y exenciones que no necesariamente aplican para el conjunto de los colombianos. Ellos sólo tienen derechos y deben ser prioritarios porque estaban en el territorio antes de Colón.
Pues para muchos otros colombianos, para los que somos mestizos, el debate no es tanto de derechos como de privilegios. Nadie ignora que indígenas y afro- colombianos son poblaciones en preocupantes niveles de pobreza y vulnerabilidad.
Algunos de sus derechos han sido desconocidos y requieren atención prioritaria por parte de las políticas públicas. Pero también tienen deberes y, para que sus peticiones sean legítimas, tienen que respetar ese equilibrio.
La corrupción rampante de algunos de sus líderes, la tolerancia de actividades delincuenciales y una falta de compromiso con la superación de sus condiciones de pobreza, así suene fuerte, son también incuestionables. No todo es culpa de “los blancos”. La diversidad cultural, que es parte de nuestro patrimonio común como nación, no puede convertirse en una reivindicación interminable de privilegios.
Miguel Gómez Martínez
Presidente de Fasecolda.
migomahu@hotmail.com
