COMUNICADO / El diputado del Partido de la Gente, Roberto Arroyo Muñoz, presentó la mañana de este jueves en la Contraloría General de la República un informe que detalla las irregularidades que existirían entre diferentes municipios del país y la agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
“Las municipalidades están presentando un programa que se llama Ciudades Solidarias, pero que en definitiva es un programa de ACNUR, que le dará más derechos a las personas que vienen del extranjero”, comentó el Diputado Arroyo.
Uno de los convenios denominado Ciudades Solidarias, que se dio a conocer en enero del presente año, se trata de una asistencia humanitaria para familias extranjeras en vulnerabilidad. Al respecto, en el sitio web de
acnur.org, la Jefa de Oficina de ACNUR en Chile señaló en un artículo:
“Estos proyectos son fundamentales para fomentar la acogida de refugiados y migrantes, para que puedan contribuir con sus conocimientos a las comunidades que generosamente le han acogido. Ciudades Solidarias también apoya a aquellos municipios que no tienen iniciativas desarrolladas en este ámbito, pero que han manifestado intensiones de avanzar en esta línea”.
Los alcaldes que firmaron este convenio pertenecen a los municipios de Arica, Estación Central, Santiago, Ñuñoa, La Pintana, Recoleta, Valparaíso, Concepción y Talcahuano. El Diputado les solicitó a los municipios, vía Ley de transparencia, cuál sería el monto de dinero desembolsado o el que se desembolsará, y en qué consiste este programa mencionado.
El Diputado asegura que es inconstitucional que los alcaldes tomen esas decisiones. “Existe una Cancillería, un Ministerio de Relaciones Exteriores, una Comisión de Relaciones Exteriores, tanto en la Cámara de Diputados, como en el Senado. Mi pregunta al Contralor es: ¿Por qué cualquier alcalde puede tomar un convenio internacional?”, concluyó la autoridad.
El Diputado Arroyo solicita a Contraloría que se pueda aclarar esta situación: “Queremos pedir un ordenamiento y decirle al señor Contralor que se pronuncie respecto de la legalidad o ilegalidad de este acto arbitrario que hacen los alcaldes”, confirmó Roberto.