La DGA ha esperado hasta el último día marcado por el ministerio para comunicar formalmente su decisión, pese a que no existía un plazo jurídico establecido
En la misiva, el Gobierno de Aragón reivindica la «plena constitucionalidad» de la derogación de la norma
El Gobierno de España ya tiene una respuesta oficial desde el Pignatelli a la propuesta de bilateral emitida por el Ministerio de Memoria Democrática el pasado martes, 7 de mayo. Y, como era de esperar, el Ejecutivo de Azcón ha reiterado de nuevo la «plena constitucionalidad» de la derogación de la ley de memoria democrática de Aragón, en entredicho tras el informe de la ONU en el que aseguraban que dicha decisión, entre otras cuestiones, podía llegar a considerarse una vulneración de los derechos humanos al considerar que el texto blanqueaba la dictadura franquista.
En el escrito, además, el Gobierno de Aragón defiende que la bilateral propuesta en base al artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional «no permitiría una solución de la presente discrepancia competencial que resultase satisfactoria para ambas partes». Por tanto, la respuesta oficial confirma lo que ya habían reiterado desde el Gobierno aragonés en los últimos días: Azcón plantará a Pedro Sánchez y no asistirá al encuentro. Lo hacen, eso sí, con cierto grado de ambigüedad, pues en el documento no expresan de forma contundente su no asistencia, sino que se deduce, del mismo modo que Azcón tampoco fue taxativo en sus respuestas hace diez días, pese a que su equipo confirmó pocas horas después que la respuesta era ‘no’.
En ese sentido, la DGA ha esperado hasta el último día marcado desde Madrid para comunicarse con el Gobierno central. Y eso que no existía un plazo jurídico concreto para responder a la invitación. En cualquier caso, desde Moncloa marcaron como límite el 16 de mayo, es decir, este jueves, que precisamente ha sido el día en el que el Gobierno de Aragón se ha comunicado con el ministerio.
El Constitucional, de nuevo protagonista
De esta forma, la controversia surgida desde que ‘El Periódico de España’, del grupo Prensa Ibérica, sacó a la luz el informe de los relatores de la ONU contra la derogación de la ley de memoria en Aragón y las intenciones de hacer lo propio en Castilla y León y en la Comunidad Valenciana, suma un nuevo episodio que, si todo va según lo anunciado, acabará en el Tribunal Constitucional.
Un órgano que se ha tornado en protagonista en las relaciones entre Aragón y el Estado en los últimos tiempos ya que, aparte de las diferencias respecto a la ley de memoria, la DGA también anunció esta misma semana que interpondría un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, pese a que todavía no ha entrado en vigor. En cualquier caso, la judicialización de la política, tan de moda en el discurso público de los últimos tiempos, emerge con más fuerza que nunca entre ambas administraciones, decididas a llegar hasta el final en defensa de sus posiciones.
