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Luis Alfredo Ramos, condenado a 7 años de cárcel por parapolítica
La decisión fue tomada por la Corte Suprema de Justicia.
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Foto: Colprensa
01 de octubre de 2021
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La Corte Suprema de Justicia condenó este viernes a siete años de cárcel al exsenador y exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, por el delito de concierto para delinquir con el fin de promover grupos armados ilegales. En el caso de Ramos, se trata de grupos paramilitares.
Ramos obtuvo una inhabilidad “intemporal o vitalicia” para ocupar cargos públicos y una multa de 7.749,65 salarios mínimos legales vigentes.
Uno de los testigos citados por la Corte Suprema sostuvo que Ramos se reunió con paramilitares para acordar puntos de la Ley de Justicia y Paz. En dicha reunión, situada en una finca de Bello, estuvieron varios jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre los que se encontraba Iván Roberto Duque Gaviria, alias ‘Ernesto Báez’, quien tenía el objetivo de transmitir un mensaje de Vicente Castaño, quien les habría pedido ayuda con la Ley de Justicia y Paz en el Congreso.
Respecto a esto, la Corte Suprema anotó: “Un elemento esencial que estructura el concierto para delinquir lo constituyen los acuerdos a los que llegaron, con los propósitos mencionados, políticos del departamento de Antioquia, entre ellos el aquí acusado (Luis Alfredo Ramos), con jefes de grupos paramilitares y sus estructuras delincuenciales que hicieron presencia en la región con gran influencia proselitista”.
Aunque el juicio de Ramos había concluido en 2017, la Corte Suprema de Justicia aún tenía pendiente la sentencia en lo tocante al delito de concierto para delinquir.
En su decisión, la alta corte también recordó que el exsenador no podrá acogerse a la pena de prisión docimiliaria o a una condena de ejecución condicional. Asimismo, se conoció que el magistrado Jorge Emilio Caldas salvó su voto.
El proceso que se llevaba a cabo contra Ramos tuvo un controvertido episodi en junio pasado, cuando se filtró un proyecto de sentencia en su contra del magistrado Ariel Augusto Torres, de la Sala especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Ramos interpuso una acción de tutela contra Torres, alegando que le habían vulnerado el debido proceso. La tutela llegó hasta la Corte Constitucional, que le dio la razón a Ramos.
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