Declaración extraña. En torno al caso de Andrés Felipe Arias, la fiscal General Vivianne Morales declaró que el ex ministro podría contratar con su dinero un defensor capaz de entorpecer a la justicia. Sus palabras sorprendieron a los abogados litigantes. Las entendieron como una descalificación al ejercicio de su profesión y al derecho de cada persona a tener un defensor, ante la justicia, si lo requiere. Por supuesto, la funcionaria no abrigaba esa intención. Habló, sin duda, en momento desafortunado.

Corzo, vertical. El dirigente conservador nortesantandereano Juan Manuel Corzo se mostró vertical en sus primeras horas como presidente del Senado. En términos que pueden parecer duros, reivindicó el derecho del Órgano Legislativo al miramiento de las ramas Ejecutiva y Judicial. Institucionalmente, las tres están en igual plano constitucional, legal e histórico. Por ello, los congresistas no son menos dignos de trato respetuoso que ministros, gobernadores y magistrados. Circunstancias políticas transitorias hicieron que, a partir de 2003, esta realidad fuese cuestionada. Como lo dice Corzo, es un tratamiento inaceptable que subvierte el orden jurídico.

Las Farc, de regreso. Se observa cierta inclinación de las Farc a existir en lugares que ocuparon de 1976 a 2003 y de donde las desalojó heroicamente la Fuerza Pública. Han retornado a los límites entre Nariño y Cauca, al nordeste de este último departamento, a Urabá, en Antioquia, y a la que se llamó “zona de distensión” en San Vicente del Caguán. Una muy intensa preocupación hay en los municipios antioqueños de Chigorodó, Mutatá, Carepa, Apartadó, Turbo, Necoclí, San Pedro de Urabá y San Juan de Urabá. Les preocupa un regreso de la subversión que, alterando la paz, obstruye las actividades agrícolas y ganaderas. La seguridad urbana y rural vigente ha hecho florecer la economía de Urabá en los últimos años.