El soberanismo va, por decirlo en palabras de Pedro Sánchez, «como una moto» en Alemania. Alternativa para Alemania (AfD) es ya el segundo partido del país en intención de voto, y su subida no parece tener límite, algo que tiene literalmente aterrada a la clase política alemana, dispuesta a lo que sea para detener su avance.
Y entre ese «lo que sea» está, además de la continua amenaza con ilegalizar el partido, someterlo a un régimen especial de supervisión y espionaje por parte de los servicios secretos alemanes, una indignante anomalía a la que acaba de dar un espaldarazo crucial un tribunal alemán.
AfD ha perdido una importante apelación judicial contra la poderosa agencia de inteligencia nacional, la Oficina para la Protección de la Constitución (BfV), y un juez del tribunal superior ha permitido que la BfV siga clasificando al partido como «caso sospechoso» de extremismo de derecha.
La medida allana el camino para que BfV y otras autoridades utilicen poderosas tecnologías de vigilancia contra el partido, incluida la lectura de correos electrónicos, historiales de navegación y monitoreo de correos electrónicos y chats. En efecto, cualquier persona asociada con el partido ahora puede verse atrapada en la red de vigilancia que ahora puede desplegarse legalmente contra la segunda fuerza más popular del país.
En particular, el BfV está liderado por Thomas Haldenwang, de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), abiertamente hostil a AfD. Aunque la CDU ocupa el primer puesto en intención de voto, AfD crece en buena medida a expensas de los democristianos, que tienen más interés que nadie en ilegalizar el partido o, al menos, entorpecer su ascenso.
El tribunal superior afirmó que había «pruebas fácticas suficientes» de que «AfD está llevando a cabo esfuerzos dirigidos contra la dignidad humana de ciertos grupos de personas y contra el principio de democracia».
Argumentó además que «existe una sospecha fundada de que corresponde a los objetivos políticos de al menos una parte significativa de AfD conceder sólo a ciudadanos alemanes con antecedentes migratorios un estatus legalmente devaluado. Esto constituye una discriminación basada en la ascendencia que es inadmisible según la Ley Fundamental y es incompatible con la garantía de la dignidad humana».
AfD ha prometido apelar el caso judicial, que en última instancia podría llegar al máximo tribunal del país, el Tribunal Constitucional. El partido protestó porque el juez del caso, Gerald Buck, había rechazado 470 intentos de presentar pruebas ante el tribunal en nombre del partido. También señaló que la audiencia que recibieron fue notablemente breve. El juez afirmó que las pruebas que AfD intentaba presentar eran irrelevantes para el caso o revelarían los métodos de investigación utilizados por la Oficina de Protección de la Constitución (BfV).
Asimismo, el BfV ya confirmó que tiene informantes trabajando dentro del partido y ya está presentando el próximo caso contra AfD, que lo catalogará como un «caso cierto de extremismo de derecha», lo que podría abrir las puertas a una posible prohibición del partido.
