Justicia, función pública o mecenazgo: las claves del decreto 'ómnibus'

¿Qué votan este miércoles?

El orden del día del pleno incluye la convalidación o derogación de tres decretos: el paquete de medidas anticrisis para combatir los efectos de la inflación, que incluye la prórroga de ayudas al transporte y la rebaja del IVA de los alimentos básicos; el decreto impulsado por el Ministerio de Trabajo relativo a la conciliación de la vida familiar, con medidas como la extensión del permiso de lactancia o el subsidio por desempleo; y una ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

¿Qué es el decreto 'ómnibus' y cuál es su propósito?

Es este último el conocido como 'decreto ómnibus', nombre que recibe por incluir varias leyes o reformas de diferentes ámbitos que, pese a ser dispares, son votadas al mismo tiempo. En este caso, se someterán a votación una serie de medidas en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, muchas de las cuales quedaron bloqueadas con la disolución de las Cortes ante la convocatoria de elecciones generales.

El propósito de este decreto no es otro que cumplir los compromisos asumidos con la Comisión Europea y poder solicitar el cuarto desembolso de los fondos europeos o 'Next Generation', que supondrían una financiación de 10.000 millones de euros.

La "brecha digital" y la falta de inversión agravan el colapso de la Justicia ÁLVARO CABALLERO

Una de las medidas destacadas de este decreto es la digitalización de la Administración de Justicia, para tratar de "adaptar la realidad judicial española al marco tecnológico y digital actual" y mejorar la eficacia procesal.

De esta forma, se impulsarán aspectos como el intercambio de información entre los diferentes órganos judiciales, la creación de un Expediente Judicial Electrónico, que incluirá todos los documentos, trámites y actuaciones de cada procedimiento, o mejoras para poder pedir citas previas, por ejemplo.

¿Qué medidas tiene sobre la función pública?

Parte del decreto está orientado a la función pública. En el texto, el Gobierno propone reformar los procesos de selección para empleo público para hacerlos "más garantistas y unitarios", favoreciendo la igualdad en todos los ámbitos y basando las evaluaciones en las competencias y habilidades necesarias para cada puesto. También ofrece la posibilidad de que se convoquen a concursos unitarios abiertos y permanentes puestos de trabajo vacantes en los distintos ministerios.

Además incluye la evaluación del desempeño, para valorar "la conducta profesional" y "el rendimiento del personal" de los empleados públicos y alcanzar "una mejora de la productividad que redunde en una mejor prestación del servicio público".

El Gobierno trata de recabar los apoyos a sus tres primeros decretos a pocas horas de la votación en el Congreso

Estatuto del Artista: ¿qué novedades aporta en materia cultural?

Por otro lado, en el apartado cultural, el decreto cuenta con el hasta ahora paralizado Estatuto del Artista, que contempla una modificación del régimen de incentivos fiscales para favorecer el mecenazgo. Así, por ejemplo, contempla un incremento de hasta el 40% de las deducciones de carácter general para las personas físicas, o una ampliación en la cuantía de los micromecenazgos (de 150 a 250 euros).

Además, apuesta por la actualización de la lista de actividades económicas que pueden gozar de la exención en el Impuesto de Sociedades, con la intención de incorporar las acciones de inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión social.

Cambios en la ley de Enjuiciamiento Civil: ¿a qué afectan?

Más allá de esas medidas, uno de los puntos del decreto que ha llevado a Junts a posicionarse en el 'no' es un apartado en el que se ejecutan varias modificaciones en la ley de Enjuiciamiento Civil. En concreto, apuntan al artículo 43.bis, en el que se establece que cuando un magistrado presente cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la UE, se congelen los procesos judiciales hasta que dicho órgano se pronuncie sobre cómo aplicar el derecho comunitario.

A ojos de Junts, esto puede afectar a la aplicación de la ley de amnistía, puesto que, una vez aprobada, los jueces podrían retrasar el proceso mediante estas cuestiones.

La portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, ha explicado que esta modificación ya estaba planteada en abril de 2023, pero decayó con la convocatoria de las elecciones de julio. Y en aquel entonces no estaba prevista una ley de amnistía. "El escenario es abosultamente diferente", ha dicho en una entrevista en RNE, donde ha reconocido que este no es un "tema urgente". "Planteamos que si la cúpula judicial española ya ha dicho se va acoger a esta modificación para pedir las prejudiciales, en todo caso no se lo ponganmos más fácil", ha dicho.

Sin embargo, el nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha asegurado que ese artículo no supone "ningún cambio" y que lo "único" que hace el decreto es incorporar una "jurisprudencia absolutamente pacífica" de la Justicia europea y del Supremo, cumpliendo "un compromiso de España con la Comisión Europea".