La política de comercio exterior de Colombia hizo un viraje en la primera administración de Uribe (2002-2006), con la decisión de negociar un TLC con Estados Unidos. Desde entonces, dicha política ha estado orientada fundamentalmente a negociar acuerdos de libre comercio, los cuales, a la fecha, cubren a 45 países. Para sorpresa de las ministras de Comercio del segundo gobierno de Santos (2014-2018), los TLC de Colombia no dieron lugar a un auge de nuestras exportaciones.
Para estimular el aprovechamiento de los TLC, el Ministerio de Comercio creó una oficina especializada cuya función consistía en viajar por el país y contarles a los productores que se habían eliminado los aranceles. Los productores recibían la información, pero se preguntaban dónde estaban los compradores. La oficina murió.
Procolombia sabe hacer bien su trabajo de promoción, pero el alcance de su función tiene límites. Sus funcionarios no son agentes de venta en el extranjero de los productos colombianos, sino facilitadores –posibilitan el contacto entre el vendedor y el comprador– y suministran información para orientar a los exportadores. La solución del problema exportador de Colombia no está en Procolombia.
En últimas, los TLC negociados por Colombia han resultado en la eliminación de los aranceles a los productos agropecuarios, pues los industriales siempre han estado exentos de aranceles. Por eso, en todas las evaluaciones de las negociaciones se da como ganador al sector agrícola. A pesar de las concesiones arancelarias obtenidas por nuestros negociadores para los productos agropecuarios, estos se tropiezan con la barrera de las normas fitosanitarias internacionales.
Es un hecho que en Colombia existe un atraso en materia de cumplimiento de las normas fitosanitarias. Por ejemplo, para exportar a la Unión Europea, de los doce productos animales existentes (carne, leche, huevos, entre otros), o de sus derivados (arequipe, queso, galletas...), Colombia solo cuenta con admisibilidad sanitaria para uno: los productos de la acuicultura. Argentina tiene admisibilidad sanitaria para once, Chile para ocho y Uruguay para siete.
El presidente Duque está bien enfocado al decir que lo que se viene para el sector exportador es la diplomacia sanitaria. Pero enunciar el problema de esa manera da a entender que el obstáculo de nuestras exportaciones de alimentos se encuentra en las autoridades fitosanitarias del extranjero. No, el inconveniente está en el ICA y el Invima, los órganos encargados del cumplimiento de las normas fitosanitarias en Colombia.
A los TLC se les juzga por las exportaciones o por la balanza comercial. Esa medida dice mucho sobre lo que algunas autoridades y algunos analistas piensan de la función que desempeña la política de comercio exterior en una economía. La intuición los lleva a pensar, como al presidente Trump, que las ventas externas son un bien (crean empleo), que las importaciones son un mal (destruyen puestos de trabajo), y que una balanza comercial positiva es un símbolo de virilidad.
Las ganancias del libre comercio están representadas en una mayor eficiencia de la economía, aumento de la productividad y opciones más amplias para el consumidor. El empleo está más determinado por el gasto público, la inversión, el nivel de consumo y la demografía, que por el valor de los aranceles. La economía de Estados Unidos tiene un déficit comercial monumental y está operando con pleno empleo.
Existe una alta correlación entre el libre comercio y los flujos de inversión extranjera. Los TLC son una plataforma para atraer inversión extranjera con vocación de exportación. Por ejemplo, los japoneses podrían vendernos sus carros Toyota sin aranceles de importación a través del TLC entre Colombia y Estados Unidos. Son más eficaces los TLC como herramienta para atraer inversión extranjera, que los acuerdos bilaterales de protección a la inversión, a los cuales Colombia debiera renunciar.
Diego Prieto
Experto en comercio internacional
