La Tercera Regencia cesó por la protesta de la Iglesia y por la no aceptación de la situación de protectorado británico que, de hecho, la Regencia había aceptado.

La Cuarta Regencia comenzó el 8 de mayo de 1813 y terminó cuando Fernando VII volvió a detentar los poderes reales, en mayo de 1814,

La Cuarta Regencia expulsó al Nuncio, quien tuvo que refugiarse en Portugal. También se rechazó la política de acercamiento a Inglaterra. Realizó acciones sin consulta a Wellington, como fue el nombramiento de José O´Donnell como Capitán General de Cádiz.

El presidente de la Regencia fue el cardenal infante y arzobispo de Toledo Luis María de Borbón y Vallabriga, sobrino de Carlos IV. Cuñado de Manuel Godoy quien estuvo casado con su hermana.

El consejo estaba formado por tres personas, Luis María, el almirante Gabriel Císcar y Císcar y el almirante Pedro Agar Bustillo.

Era una Regencia que sustituía a otra formada por conservadores. Quería ser más neutral que la anterior. Pretendía servir de puente entre las facciones encontradas, los absolutistas y los liberales.

Pedro Gómez Labrador continúo unos meses más como Secretario de Estado Interino hasta su sustitución por Antonio Cano Manuel Ramírez de Arellano.

En el último mes de mandato de Pedro Gómez tuvo lugar la Batalla de Vitoria. El ejército aliado alcanzó, en las afueras de Vitoria, a las fuerzas francesas del Rey José I en su retirada de España, las derrotaron y se quedaron con el cuantioso botín que éstas arrastraban camino de Francia. Fue la última batalla campal de la Guerra de la Independencia en suelo español.

Antonio Cano Manuel Ramírez de Arellano

Antonio Cano nació, el 14 de mayo de 1768, en Chinchilla de Monte, Aragón. Murió a los 68 años, en Madrid, en diciembre de 1836. Liberal, diputado a Cortes, fue nombrado Secretario de Estado Interino el 11 de julio de 1813. Su mandato duró solamente 3 meses, fue sustituido el 10 de octubre del mismo año. Anteriormente había sido Secretario de Despacho de Gracia y Justicia.

Durante el Trienio Liberal fue presidente de las Cortes y presidente del Tribunal Supremo. Cesado con la restauración del absolutismo, durante la regencia de María Cristina fue presidente del Canal de Albacete.

Durante su corto mandato como Secretario de Estado, la guerra continuó.

En julio, el ejército aliado cercó y asaltó San Sebastián, con un asalto tan cruel como habían sido los de Ciudad Rodrigo y Badajoz. En este mismo mes, José I fue depuesto por su hermano Napoleón. Nombró jefe del ejército francés en España al mariscal Soult.

El descontento español con Wellington era muy grande. Las Cortes le acusaron de destruir la riqueza española para favorecer el comercio inglés.

A final de agosto se combatió, solamente el ejército español, en San Marcial debido al rechazo que los españoles sentían por las tropelías inglesas. Vitoria se negó a acoger a los británicos, mientras que Santander cerró su puerto al tráfico inglés.

A primeros de octubre, Wellington entró en territorio francés. Aún quedaban fuerzas francesas en España ocupando varias ciudades.

La deuda del Estado no paraba de crecer con la guerra, tanto en el bando patriótico como en la corte del Rey José I, ésta última no fue reconocida por las Cortes de Cádiz. Los gastos ordinarios anuales del Estado eran de unos 1.000 millones de reales, y la deuda no era inferior a 8.000 millones. El problema era insalvable, la deuda crecía sin parar.

A mediados de julio, las Cortes estudiaron un proyecto de armonización de la recaudación fiscal basado en la racionalización, la centralización y la uniformidad de tributos.

En septiembre, las Cortes emitieron el decreto de Contribución Única sobre la propiedad, que significó el final de las inmunidades eclesiásticas y civiles, la reducción de muchas contribuciones a una sola, la desaparición de las aduanas interiores, la uniformidad provincial y el criterio de proporcionalidad. Este decreto fue muy mal aceptado por todos, en especial por los eclesiásticos. El rechazo de este decreto, y la oposición creciente a los liberales que lo emitieron, tuvo consecuencias el año siguiente con la llegada a España de Fernando VII.

El 1 de octubre, hubo renovación de las Cortes para dar paso a unas cortes ordinarias compuestas por 221 diputados. En estas cortes había 67 representantes de las colonias americanas y filipinas.

Trece días más tarde, las Cortes se trasladaron a la Isla de León donde estuvieron hasta finales de noviembre cuando fueron suspendidas, temporalmente hasta enero del año siguiente. La reunión se reanudó en Madrid. La mayoría de las Cortes eran absolutistas. El ambiente, en general, era contrarrevolucionario y propicio a una guerra civil.

Juan O´Donoju O´Ryan

Como sucesor de Antonio Caro, fue nombrado como Secretario de Estado Interino Juan O´Donoju, el 10 de octubre de 1813. Su mandato fue más breve aún que el de su antecesor, duró solamente dos meses, hasta el 6 de diciembre de 1813.

Juan José Rafael Teodomiro de O´Donoju y O´Ryan, sevillano, nació el 30 de julio de 1762, y murió de una pleuresía a los 59 años, en Ciudad de Méjico, el 8 de octubre de 1821. Militar liberal y último representante de España en Nuevo Méjico. Los Virreinatos y, por tanto, los Virreyes fueron suprimidos  por la Constitución de Cádiz, en consecuencias en 1821. Con la Constitución en vigor en el Trienio Liberal, O´Donoju nunca fue Virrey y sí el último representante del poder español en Méjico.

Pertenecía a una familia de origen irlandés instalada en España.

Antes de Secretario de Estado fue Secretario de Guerra nombrado por la misma Regencia. Dimitió por negarse a aceptar el nombramiento del duque de Wellington como general en jefe del ejército aliado en la península.

Ascendió por méritos de guerra hasta el grado de Teniente General. Fue combatiente en los sitios de Zaragoza.

Durante su corto mandato, en noviembre de 1813, los pocos reductos franceses que quedaban fueron desmantelados.

Cuando regresó Fernando VII de su exilio francés, por su condición de liberal, fue destituido de sus cargos y condenado 4 años a prisión.

Regresó a la política con la sublevación de Riego, en 1820.

Propuesto por las Cortes como gobernador y Capitán General de Nueva España, en 1821. Sustituto del Virrey Juan José Ruiz de Apodaca, Conde de Venadito, que había sido depuesto por los mandos militares españoles de ideología liberal. Cuando se incorporó a Nueva España ostentaba el cargo de Virrey, de manera interina, el mariscal de campo Francisco Novellas.

La situación, controlada por el Virrey Apodaca, se había ido deteriorando con el desembarco del guerrillero liberal Francisco Xavier Mina en Tamaulipas, en 1817. Prisionero y fusilado, la situación se deterioró rápidamente al mezclarse las luchas entre absolutistas y liberales  españoles con las disputas de éstos con los independentistas.

O´Donoju firmó, con el líder independentista Agustín de Iturbide, el  Tratado de Córdoba. Una ampliación del Plan de Iguala donde, como reacción al movimiento liberal de 1820, se establecía la independencia de Méjico manteniendo la monarquía encabezada por Fernando VII o  por algún otro de los miembros de la Corona española designado por el rey.

También firmó el Acta de Independencia del Imperio Mejicano, que puso fin a la guerra y a la presencia de España en dicho territorio. Solo se mantuvo la presencia española en el castillo de San Juan de Ulúa, en Veracruz, que soportó un asedio de 4 años, hasta 1825, cuando el Brigadier Copping no tuvo más remedio que rendirse, después de una resistencia heroica premiada con 165 Cruces Laureadas de San Fernando.

El gobierno de España rechazó la autoridad de O´Donoju para firmar cualquier clase de tratados.

José Luyando Díez

El último Secretario de Estado de la Cuarta Regencia, y sustituto de O´Donoju, fue José Luyando y Díez. Nombrado Secretario de Estado Interino desde el 6 de diciembre de 1813 hasta el final de la Regencia, el 4 de mayo de 1814.

Mejicano, nació en Guadalajara (Méjico) el 22 de junio de 1773, y murió exiliado en Roma, a los 62 años, el 5 de febrero de 1835.

Político liberal, ocupó dos veces la Secretaria de Estado. La primera vez al final de la Cuarta Regencia y la segunda al final del Trienio Liberal.

Tras la vuelta al poder de Fernando VII después del Trienio, se exilió a Italia, muriendo en Roma.

En esta primera etapa, le tocó gobernar una época difícil, inmediatamente posterior a la terminación de la Guerra. En noviembre, después de la batalla de Nivelle en 1813, Wellington despidió a los soldados españoles, mandándolos a casa y dando por terminada la guerra de España contra los franceses. Desconfiaba de la venganza que podían tomar los soldados españoles en tierras francesas, después de las tropelías que aquellos habían hecho durante la guerra en España. También, en esa fecha, Wellington renunció a seguir siendo general del ejército español.

La última ciudad que se mantuvo fiel a los franceses hasta el 16 de abril de 1814 fue Barcelona.

Una vez expulsados los franceses, los problemas no estaban resueltos. La guerra había tenido un gran componente de guerrilla, con todo lo que significa esto: descentralización en el mando, luchas internas entre las partidas, luchas entre absolutistas y liberales, etc.

La Constitución de Cádiz no era aceptada en todo el territorio nacional, así en el Norte, en Bilbao o en Navarra no era reconocida por el guerrillero Espoz y Mina. Los impuestos no se pagaban, después de estar tantos años sin pagarlos. El empeño del gobierno liberal de cobrarlos, puso a las clases populares en su contra facilitando el triunfo del absolutismo y de Fernando VII.

Existía la confusión interesada entre bandoleros y guerrilleros. Los bandoleros con sus acciones, dificultaban el comercio, incrementaban el descontento y constituían otro frente contra los liberales. Los guerrilleros, héroes del momento y por tanto intocables.

Este disgusto popular fue aprovechado por los absolutistas para oponerse a los liberales. Aquellos acusaban a éstos de traidores y de colaboración con los franceses.

Los liberales captaban el ambiente de cambio existente, por lo que empezaron a gobernar con temor, dictatoríamente. Además de imponer medidas fiscales impopulares, nombraron gobernadores a los que exigieron jurar la Constitución, castigaron a los obispos que se negaban a abolir la Inquisición, crearon las Milicias Nacionales como una tropa separada y distinta al ejército regular, etc. Todo ello, no mejoraba su apreciación por el pueblo llano.

Las Cortes y la Regencia se trasladaron a Madrid. El 15 de enero, la Regencia se instaló en el Palacio Real y las Cortes en el Teatro de los Caños del Peral, más tarde fueron trasladadas a la Iglesia de Doña María de Aragón, actual Senado.

Durante toda la Guerra de la Independencia, Fernando, su tío, su hermano y sus respectivos séquitos, tenían una vida placida y con continuas fiestas en el castillo de su anfitrión Talleyrand, en Valençay. Nunca intentaron fugarse y cuando Inglaterra preparó un plan de fuga, Fernando se lo contó a los franceses para que fuera abortado. No colaboraron ni con los patriotas liberales ni con los absolutistas que luchaban en España para reponer a Fernando en el trono. Felicitaba a Napoleón por cada una de sus victorias.

A finales de 1813, Napoleón, que acababa de ser derrotado por las potencias aliadas de la Sexta Coalición en la Batalla de Leipzig, ante la posibilidad real de que los vencedores invadieran Francia, como así sucedió en enero del año siguiente, decidió proponer la paz a España.

Después de sucesivas reuniones con Fernando VII y con el Duque de San Carlos, se llegó a firmar el Tratado de Valençay, el 11 de diciembre de 1813. Por dicho tratado, el Emperador reconocía a Fernando VII como rey de España y de las Indias, así como de todos los territorios bajo soberanía de la familia real española de acuerdo a su situación anterior a la guerra, por lo que los dos países se devolvían las plazas y territorios ocupados.

Además, Fernando se comprometía a devolver los derechos y honores a los partidarios de José I. Pasar a sus padres, Carlos IV y María Luisa de Parma, una pensión anual. Concertar un tratado comercial entre ambos países.

Las tropas británicas y francesas abandonarían al mismo tiempo el territorio español y aboliría la Regencia.

El tratado fue ratificado, en París, un mes después.

A finales de 1813, los absolutistas luchaban porque el Tratado fuese aceptado y los liberales por lo contrario.

Cuando el Tratado fue presentado a la Regencia, ésta no lo aceptó. Las condiciones no le parecían ventajosas para España, considerando el esfuerzo realizado en la guerra y la situación de Napoleón, próximo a ser derrotado. La Regencia contestó a los emisarios de Fernando que ningún acto del rey sería válido mientras estuviese cautivo.

El 1 de enero de 1814, las Cortes habían declarado rey de España a Fernando VII, pero no con poder absoluto, la soberanía seguía en manos de las Cortes, por tanto el Tratado no era válido puesto que había sido firmado por el rey y no por las Cortes que eran quienes detentaban la soberanía. Exigieron que Fernando jurase la Constitución de Cádiz para ser aceptado como soberano. El Secretario de Estado José Luyando se declaró contrario a la vuelta de Fernando.

Con la firma de este documento, Fernando VII quedaba totalmente desprestigiado antes los vencedores. Firmaba la paz bilateral con Napoleón justo cuando éste estaba a punto de ser derrotado. Esto era una manifiesta traición a los aliados. Napoleón no soltó inmediatamente a Fernando, lo retuvo, por si podía obtener alguna otra ventaja, hasta después de la rendición de Burdeos, en marzo de 1814, cuando permitió que Fernando saliera hacia España.

Nada más firmar el Tratado, se inició la contrarrevolución esperada por todos y temida por los liberales.

En el entorno de Fernando, se formó un grupo de diputados partidarios de volver al antiguo régimen, que proclamaron a Fernando como rey absoluto.

Los liberales eran conscientes de las maniobras de Fernando para ser rey absoluto, por lo que iniciaron una serie de medidas encaminadas a impedirlo. Fijaron al rey un itinerario preciso para su regreso a España, evitando que éste entrara en contacto con militares absolutistas. Decidieron que el rey debía jurar la Constitución desde el primer momento de su entrada en España. En febrero, las Cortes decretaron que nadie reconociera a Fernando VII como rey, ni le jurara obediencia, mientras éste no se presentara antes las Cortes y jurara la Constitución.

Fernando salió de Valençay, el 14 de marzo, camino hacia Toulouse y Perpiñán. Cruzó la frontera entrando por Figueras donde fue recibido, el 22 de marzo, por el general Francisco Javier de Oliver Copons, militar liberal, nombrado Capitán General de Cataluña por las Cortes para recibir y entregar al rey unas cartas de la Regencia, en las que se le exigía que aprobara las Cortes y jurara la Constitución aceptándola expresamente. Deberían ser entregadas antes de entrar en España y ser aceptado como rey. Ante el entusiasmo de los soldados y del pueblo, Copons no entregó inmediatamente las cartas al rey. Poco después le pidió una audiencia y se las entregó, pero éste no las abrió, prometiendo su lectura posterior. Conclusión, no juró respeto a las Cortes ni a la Constitución. No se estaba cumpliendo la legalidad y los liberales tampoco eran capaces de imponerla.

El itinerario marcado por las Cortes pasaba por Barcelona, Tarragona, Valencia y Madrid, pero Fernando se negó a seguirlo, continuó por Gerona, Tarragona y Reus, se desvió hacía Zaragoza, Teruel y Valencia. En ésta última ciudad, en abril, lo esperaba el presidente de la Regencia, el Arzobispo de Toledo, Luis de Borbón, con un ejemplar de la Constitución para entregársela y con el propósito de no reconocer a Fernando VII hasta que éste la jurase. Fernando recibió la Constitución de manos del Arzobispo, pero éste no cumplió con el mandato de las Cortes, no hizo nada y aceptó la restauración absolutista. También recibió una representación de las Cortes de Cádiz encargada de entregarle un manifiesto firmado por 62 diputados absolutistas, el Manifiesto de los Persas.

El Manifiesto era una defensa de la tradición española y de la Ilustración. Era un compendio de las quejas de los absolutistas contra los liberales, recogiendo las arbitrariedades de los mismos, la asunción de poderes, etc., y pedían la disolución de las Cortes y la nulidad de los decretos emitidos por las mismas entre 1810 y 1814. Los persas defendían la libertad, igual que los liberales, pero también el derecho a rebelarse si el poder incumplía lo pactado, es decir, el monarca se comprometía a respetar las leyes y el pueblo a obedecer. Los liberales llamaron persas a los firmantes del manifiesto y a todos los enemigos del liberalismo.

En esas mismas fechas, los liberales crearon la Milicia Nacional y reformaron el Ejército.

Exactamente igual que las reformas económicas orientadas al pago de la deuda, la reforma del Ejército se hizo tarde y fue contraproducente, haciendo que gran parte de los generales y oficiales abandonaran a los liberales y se pusieran al lado del absolutismo.

Cuando en Fontainebleau se firmó el fin de la Guerra, en abril de 1814, las principales reivindicaciones de la Corona española se perdieron con el acuerdo de que los Ducados de Parma, Piacenza y Guastalla fueran para María Luisa de Habsburgo (también llamada María Luisa de Parma), esposa de Napoleón y madre de su único hijo.

Entretanto, los absolutistas acordaron que el rey no juraría la Constitución. Acordaron que primero se proclamaría rey para a continuación derogar la Constitución y acabar con los liberales.

Estando el rey en Valencia, a mediados de abril, el General Francisco Xavier Elío, al mando del Segundo Ejército y Capitán General de Valencia, apoyado por el también General Francisco de Eguía, puso sus tropas a disposición del Rey y le invitó a recuperar sus derechos. Elio tuvo el triste honor de ser el general que llevó a cabo el primer Pronunciamiento de la Historia de España, ejemplo que se multiplicó hasta la extenuación a lo largo del siglo del que nos ocupamos y que continuó hasta bien entrado el siglo siguiente.

El 23 de abril, los aliados entraron en París y los borbones franceses fueron restaurados en el trono con el Rey Luis XVIII.

A finales de abril, se le hizo ver a Fernando que los temas americanos tenían que ser tratados urgentemente, bien apoyando a los realistas u otorgándoles una cierta autonomía a los revolucionarios. Algunos de los firmantes del Manifiesto eran absolutistas americanos y el rey creyó que la opinión de éstos era mayoritaria y abandonó el tema. Como no volvió a convocar Cortes, se cerraron todas las posibilidades de entendimiento con los insurrectos americanos.

A principios de mayo, solo quedaban las opciones de que Fernando fuera un rey absoluto o aceptara la monarquía liberal.

Joaquín de la Santa Cinta, ingeniero aeronáutico, economista e historiador