¿Es viable el sistema de vouchers? La opinión de los expertos sobre la propuesta clave del plan educativo de Javier Milei

EduCard, así se llamaría la tarjeta en la que un eventual gobierno de Javier Milei cargaría los vouchers para que las familias elijan a qué escuela mandar a sus hijos. “Como una SUBE”, suele repetir el libertario ante las cámaras de televisión para describir el sistema que pretende implementar en materia educativa en caso de llegar a la Casa Rosada y su principal propuesta en ese área.

La iniciativa, que no es nueva y fue muy transitada durante la década del 90, significa un cambio en el sistema actual de subsidios y propone que los fondos de Educación no se destinen, como sucede hoy, a la oferta –los establecimientos–, sino a la demanda, o sea, a los estudiantes y a sus familias. Por lo tanto, las escuelas, y el presupuesto con el que contarían, dependerían de la elección de los beneficiarios.

“La entrega del voucher podría hacerse por medio de una tarjeta, con una cuenta, como las Educational Savings Accounts (ESA), que funcionan en algunos estados de Estados Unidos. Con esa tarjeta, el estudiante paga la cuota de un colegio, público o privado. Algo similar puede suceder con las universidades. Después, por supuesto, hay muchos detalles para definir y la implementación de una reforma de ese tipo no es inmediata, pero sí lo es la apertura y la mayor libertad por el lado de la oferta”, precisa a LA NACIÓN Martín Krause, a quien Milei suele presentar como su futuro Secretario de Educación.

En su eventual gobierno, no existiría un Ministerio de Educación, sino que estaría incluido dentro del de Capital Humano, que unificaría las actuales carteras de Salud, Desarrollo Social y Trabajo, entre otras. Al frente de este nuevo organismo, según adelantó Milei en algunas entrevistas, estaría Sandra Pettovello, hoy tercera candidata a diputada por la ciudad de Buenos Aires.

“El presupuesto que hoy se dirige hacia las escuelas se dirigiría hacia las familias, para que puedan elegir el establecimiento educativo que prefieran”, resume Krause. En medio de este debate, Ricardo Coca, titular de la Secretaría Administrativa Financiera de la Universidad Nacional de San Juan, indicó que si este sistema de vouchers se aplicara, implicaría que el arancel por alumno sería del orden del 1,5 o 2 millones de pesos el año.

“La educación tendría que ser un negocio. Y no es mala palabra. Es el mercado pudiendo asignar los recursos a las necesidades. Si no se trata como negocio y se trata como un derecho, sonaste”, sintetizó Alberto “Bertie” Benegas Lynch, hijo de quien Milei considera su “prócer” y primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, en una entrevista con elDiarioAr.

El primer obstáculo para implementarlo es la Constitución. En la Argentina, desde 1853 la educación depende de las provincias, no del gobierno nacional, por lo que la implementación del sistema de vouchers es una decisión que difícilmente pueda tomar un funcionario de la Nación. Al menos en el nivel primario y secundario, se debería desarrollar en conjunto con las administraciones provinciales, ya que ambos están bajo su órbita.

“Se buscaría llegar a algún acuerdo con alguna provincia que esté dispuesta a avanzar en la reforma. De paso serviría de ejemplo hacia las demás, las que tal vez luego querrían avanzar en ese sentido”, contesta Krause. Y agrega: “Pero también se avanzaría hacia un sistema de ‘vouchers privados’ o becas permitiendo a personas y empresas ofrecer becas de estudio a personas carenciadas o ser sponsors de escuelas en zonas carenciadas, con desgravación impositiva”.

Aunque repite que el grueso del gasto radica en las provincias que deberían cambiar su presupuesto para reasignarlo a la demanda, el especialista que dirige Educación en los equipos de Milei detalla que la eventual Secretaría redirigiría los programas actuales que asignan fondos a las provincias hacia la implementación del programa de vouchers.

“La cantidad de plata es la misma”, apuntó Milei en una entrevista con TN esta semana y negó un ajuste.

Según estimaciones de Mariano Narodowski, académico asociado al Observatorio de Argentinos por la Educación, que en diálogo con LA NACION, remitió a sus argumentos plasmados en una nota escrita en Cenital, todo el dinero nacional del sector hoy disponible para repartir entre alrededor de 10 millones de estudiantes serían unos $3000 por mes.

“Todo eso está por verse, podría ser que quienes no pagan ganancias o bienes personales reciban el monto y quienes pagan esos impuestos puedan deducirlo de ese pago”, contesta Krause, que solo accedió a responder preguntas de manera escrita, ante la consulta de LA NACIÓN.

Desigualdad

Guillermina Tiramonti, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), suma otra dificultad: la falta de datos. “No tenemos los datos que nos permitan repartir vouchers a la familia, tenemos la mitad de la población en un sistema informal”, argumenta.

“Los vouchers fueron una idea muy transitada durante los 90 y, en realidad, se había aplicado en muy pocos países, el único que lo hizo fue Chile, a través de municipalización del financiamiento. El Estado central le transfiere a los municipios el costo por escuela que se calcula a partir del número de alumnos porque está pensado como que la competencia va a permitir mejorar la calidad. Hay muchos trabajos que muestran que esto no es así. Primero, porque las escuelas no son un mercado abierto a la competencia. Además, las familias las eligen por otros motivos, como cercanía geográfica o cultural”, considera.

“El más conocido es Chile, pero Suecia, Dinamarca y algunos estados de EE.UU. tienen experiencia en la implementación. Hasta ahora lo único que se ha verificado es que no hay evidencias de mejoras en el rendimiento educativo con el sistema de vouchers y que, de hecho, aumentó la desigualdad en el acceso a la educación. En Suecia en los 15 años posteriores a su implementación, retrocedieron enormemente en las evaluaciones internacionales. Hoy no hay ningún país del mundo que avance hacia un sistema de vouchers. Fue una corriente de los 80 que se agotó a principios de los 90. Incluso el Banco Mundial y la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos], basados en los datos de las pruebas PISA, hoy se posicionan en contra de estimular vouchers”, describe Aurelia Lupis, una de las autoras de un trabajo sobre la viabilidad de los vouchers en el sistema argentino, que publicó el Observatorio Hacer Educación, dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y que dirige el exrector de esa institución, Alberto Barbieri.

Lupis, que también es coordinadora del Observatorio, apuntó que esta propuesta tampoco garantiza una ejecución más eficiente de la inversión educativa. “Es muy pequeña la parte de la inversión educativa que se destina a costos administrativos y de estructura organizativa del sistema: la enorme mayoría del presupuesto va directamente a salarios, además de infraestructura, equipamiento, subsidios a la educación privada y gastos de funcionamiento. Todos esos costos son iguales en uno u otro sistema”, detalló.

Narodowski indicó: “La evidencia es controversial porque no está claro si el virtual éxito relativo de los países con vouchers se debe a los ellos o a otra cosa”. Y señaló que hoy un presidente no puede establecer un sistema de este tipo porque constitucionalmente es imposible.

“Donde gana el más fuerte”

“En sociedades tan desiguales como las nuestras y sin recursos, el voucher educativo no resuelve los problemas, sino que los profundiza”, resume la doctora en educación superior Mónica Marquina, quien los definió como “una solución mágica simplificada en sus aparentes virtudes”.

“Se le dice a la gente que van a poder elegir la mejor escuela y para ello se le va a dar el dinero de manera directa. Pero en el sistema de vouchers la ‘libertad de elegir’ no es de la familia. Las que van a elegir a sus alumnos son las escuelas más demandadas, las que podrán poner condiciones y copagos para ser mejores y seguir compitiendo. Creer que nuestros hijos van a poder ir hoy a la mejor escuela no es una realidad. Vamos a tener que competir por esa escuela, que tiene un límite de capacidad, y si no somos competitivos nos tocará lo que podamos conseguir. Las escuelas con problemas estarán cada vez peor hasta cerrar, con lo que el mercado se reducirá cada vez más. Es la jungla educativa en donde gana el más fuerte”, ahonda la investigadora del Conicet a cargo de los equipos de Educación de la Fundación Alem.

La experta plantea que hay que lograr que se generen mejores escuelas en vez de profundizar la segmentación cumpliendo los días de clase, capacitando, evaluando, mejorando los edificios y financiando a las provincias contra resultados medibles.

Alejandro Morduchowicz, especialista en Planeamiento Educativo, también destaca el impacto negativo en la equidad que podría tener una acción de ese tipo: “Que las escuelas no puedan excluir o rechazar alumnos, que se pueda velar por el correcto funcionamiento del esquema y que se garantice aprendizajes para todos requiere de regulaciones y de monitoreo que implican otro tipo de presencia estatal. Pero tal como lo plantea [el equipo de Milei], parecería que no habrá ninguna. Por eso, los efectos podrían ser más adversos aún”.

El modelo que propone Milei señala que las escuelas mejorarían por la propia competencia, para ofrecer un mejor servicio. “Con este mecanismo, lo que uno crea es un mecanismo de competencia. Entonces, aquellas instituciones que lo hagan mejor, van a tener mucha afluencia de alumnos”, dijo Milei en TN. Y remató: “Aquellos que no brinden un buen servicio, quebrarán”.

“Distribuir cupones entre familias no genera una mejora de la calidad educativa”, resume Gabriel Sánchez Zinny, exdirector general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de María Eugenia Vidal, quien, al mismo tiempo, destaca como muy positivo que la educación se haya metido como tema en la campaña presidencial.

Y detalla: “Si queremos mejorar los aprendizajes de los jóvenes, tenemos que hablar más bien de actualizar los contenidos, de la carrera de directivos y docentes, que estén motivados y estimulados, de evaluar los resultados y difundirlos, del involucramiento de las familias, de la incorporación de nuevas tecnologías y mejora de la infraestructura. Estos son los temas centrales. Sobre el financiamiento, es positivo que está relacionado con los resultados de los aprendizajes, y con los estudiantes. Pero no pareciera que un sistema de vouchers conduce a mejorar esos aspectos. Ni tampoco que genere mayor movilidad social, u oportunidades a los estudiantes más vulnerables”.

En esa misma línea, Manuel Álvarez Trongé, presidente de Proyecto Educar 2050, dijo: “Es una propuesta confusa, parcial, sin evidencia rigurosa demostrada de éxito, inviable bajo el sistema federal educativo actual previsto en nuestra Constitución y nuestras leyes, y que, por sobre todas las cosas, no explica ni parece ser el adecuado para solucionar los graves problemas que tiene hoy la Argentina en su enseñanza y aprendizaje. La complejidad educativa y la crisis y desafíos de calidad, desigualdad, exclusión, de formación docente, de incumplimientos a las leyes y de financiación que tiene nuestro país necesita de propuestas muy profundas, integrales, precisas que den lugar a un plan serio de política de Estado y no de gobierno”.

“La propuesta de los ‘vouchers’ es una copia autoritaria y retrógrada de la formulada en 1955 por el padre del neoliberalismo, Milton Friedman. No se aplicó en ningún país por inservible. La supuesta libre competencia por la matrícula ya existe con el subsidio a la educación privada que en ciudades como Buenos Aires asciende al 70% de las privadas y no ha resuelto los problemas de la educación”, advierte Laura Marrone, licenciada en Ciencias de la Educación, secretaria de Asuntos Pedagógicos del gremio Ademys y exlegisladora porteña por el Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT).

Otras propuestas

Para decidir a qué escuela entregarle su voucher, las familias deberían conocer los resultados que se obtienen en cada una de ellas. A diferencia de las pruebas Aprender, que se realizan sobre una muestra, de acuerdo al programa de gobierno de La Libertad Avanza, buscarían avanzar hacia la implementación de una evaluación de desempeño nacional en todas las escuelas.

“La información sobre los resultados (a nivel de escuela, no sobre el desempeño de maestros o alumnos) sería de conocimiento público, para que las familias los conozcan y puedan tomar decisiones al respecto, y para que aquellos que tengan peores resultados puedan aprender o analizar lo que hacen las instituciones con mejores resultados, lo que se haría en grupos cooperativos, como los que existen hoy entre los productores agropecuarios”, describe Krause.

Sin embargo, advierte: “Hay que cambiar un artículo de la Ley de Educación que prohíbe dar a conocer los resultados por escuela, supuestamente para evitar discriminación”.

Los libertarios podrían tener 40 diputados y ocho senadores nacionales en el futuro Congreso si en octubre se repiten los resultados de las PASO. Así, se transformarían en la tercera fuerza en el Poder Legislativo.

Sobre este punto, Tiramonti destaca que Milei puso en discusión temas que valían la pena volver a debatir como la difusión de resultados que permitirían controlar el funcionamiento de las escuelas y generar planes de mejoramiento e intercambio de experiencias entre las instituciones.

En el plan de gobierno, agregan que buscarían avanzar “en mayores grados de libertad en la elección de contenidos, métodos y educadores para las escuelas”. Así como también “permitir a las familias más niveles de decisión sobre el tipo de educación que quieren para sus hijos”.

Dentro de estos contenidos optativos que las familias podrían elegir incluyen los de la Educación Sexual Integral (ESI), que están establecidos por la ley nacional N°26.150 y que, según datos del Ministerio Público Tutelar, casi 80% de los niños víctimas de abuso sexual denunciaron a raíz de las clases de ESI.

En la plataforma electoral de La Libertad Avanza presentada ante la Cámara Nacional Electoral, que difiere del plan de gobierno difundido que entregaron a LA NACIÓN, precisan la eliminación de la obligatoriedad de la ESI en todos los niveles de enseñanza como una de las medidas. “Es adoctrinamiento”, dijo Victoria Villarruel, compañera de fórmula de Milei en un video reciente.

Al igual que el sistema sanitario, el objetivo final es llevar el sistema educativo a uno privado. “El largo plazo (mucho más allá que un sencillo gobierno) es que la educación sea libre, en una sociedad libre, con múltiples ofertas y con un nivel de ingresos que ya permitiría que cada familia o estudiante se haga cargo de la educación y elija lo que más le parece. En ese mundo más lejano habría un mercado de crédito donde se podría financiar la educación, que es en realidad una inversión que alguien hace en uno mismo y como es joven, tal vez no tiene dinero para pagarla. En tal caso habrá un mercado donde se podrá obtener un crédito y pagarlo cuando ya se generan buenos ingresos como egresado profesional o como trabajador con una formación técnica”, dice Krause.