PRISMA

Unidades permanentes de justicia

Siempre que hablamos de seguridad ciudadana, recabamos en los diferentes componentes que hacen parte de su  naturaleza y varias ocasiones me he dado a la tarea de recordar a mis respetados amigos, cuáles son los citados componentes y  sus objetivos, recordando que cada uno debe diseñar sus propios compromisos para encajarlos en el plan general de seguridad ciudadana de cada municipio.

No sobra un somero recuento para enfocarnos en el asunto que hoy  nos preocupa. Decíamos que el primer componente es la ciudad con su plan de ordenamiento, mantenimiento y conservación del entorno, sustentado en un serio plan de desarrollo; como segundo elemento hemos reconocido a los ciudadanos, es decir la comunidad organizada y encausada que se sirve de la ciudad y mantiene compromisos de buen vivir, respeto a las leyes, protegiendo y manteniendo el ornato con cultura ciudadana; en tercer lugar encontramos la fuerza pública, especialmente la policía, encargada de vigilar la ciudad, conservar el orden público y responder por la vida honra y bienes de  los ciudadanos; el cuarto componente es la administración municipal que gerencia, direcciona y apoya los anteriores para lograr un concepto de seguridad acorde al anhelo  ciudadano. Por último está la justicia, que se complementa y coordina como los mencionados para globalizar el tema y cerrar el círculo que debe llevar en su núcleo el plan general de seguridad ciudadana.

Con la remembranza  anterior nos vamos a enfocar en el tema justicia, especialmente en Bogotá, pues los  éxitos de la capital sirven de modelo para otras ciudades.  La primera línea de encuentro en la organización y control de la ciudad es la policía, que debe enfrentar  los problemas propios de las urbes, con las dificultades y eventualidades propias del desarrollo, debiendo mantener  contacto permanente  con la justicia, especialmente en la operatividad de  las   Unidades Permanentes  de Justicia, UPJ, que la semana pasada fueron en  hora buena criticadas por  los medios de comunicación, al prender   alarmas sobre las condiciones que  afrontan las personas, delincuentes o no, que por alguna razón deben ser conducidas a estos lugares de reclusión. ¡Si es verdad!, muy denigrante el medio, nos falta espacio para hacer un pliego de quejas, y lo grave es que todo recae sobre los hombres de la policía que están obligados, por la fuerza de las circunstancias, a responder por el orden, aseo, mantenimiento, seguridad y salud de toda  personas  conducidas a estos sitios. “Fácil el análisis y fácil fijar responsabilidades” pero nadie pregunta sobre el presupuesto para la operación, ni el nivel de hacinamiento. Invito a la Procuraduría, Personería y demás oficinas de control, a pasar una revista para establecer el estado locativo de los recintos, funcionamiento de los elementos tecnológicos, arcos de requisas, cámaras etc. Después de ello, que se fijen responsabilidades.