“No vamos a ocultar la verdad”: comandante de FF.MM. sobre hombres armados en Tierralta

El Ejército envió una comisión de verificación a la zona.

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Como hechos “inaceptables” e “intolerables” calificó el general Helder Fernán Giraldo, comandante en jefe de las Fuerzas Militares, los hechos ocurridos el martes en la vereda El Manso de Tierralta (Córdoba), en donde hombres armados que usaban prendas oscuras y pasamontañas llegaron presuntamente sin identificarse e intimidar y violentaron a la población.

En videos que fueron grabados en la vereda y que circularon por redes sociales se ve al grupo con armas de corto y largo alcance amenazando a la población civil, incluidos menores de edad y mujeres embarazadas. Algunas denuncias de testigos indicaron, además, que los hombres habrían intentado abusar de una mujer indígena.

De acuerdo con las primeras versiones se trataría de disidencias de las antiguas FARC, pero luego un comunicado de la Séptima División del Ejército emitido este miércoles confirmó que los hombres que intimidaron a la población sí son unidades bajo su mando y hacen parte de Batallón de Infantería Junín, ubicado en Montería.

“Una vez hacen presencia las tropas en terreno, se pudo evidenciar que posiblemente soldados del Batallón de Infantería N.33 “Batalla de Junín”, de la Décima Primera Brigada, estarían inmersos en un posible acto de violencia contra la población civil y sujetos de especial protección constitucional”, dice el comunicado.

Pese a ello, en entrevista con Colombia+20, el general Helder Giraldo contradice el comunicado del mismo Ejército y dice que aún no puede afirmar que se trate efectivamente de militares y que “todo es materia de investigación”.

Giraldo también condenó los hechos y puntualizó que desde la noche del 12 de septiembre, cuando conoció las denuncias y fue informado del caso por los mandos de la Séptima División, él mismo ordenó enviar tropas a la vereda El Manso para constatar qué estaba ocurriendo.

En contexto: Hombres armados en Tierralta (Córdoba) serían militares y no disidentes

Fueron estas nuevas unidades en el terreno quienes afirmaron: “Sí hubo la presencia de unos hombres armados y ahí empiezan a recibir unos rumores, que al parecer eran integrantes del Ejército Nacional, a partir de estos rumores anoche mismo [12 de septiembre] se ordenó a la inspección general del Comando de las Fuerzas Militares para que enviara una comisión para determinar si hubo o no hubo participación de miembros del Ejército Nacional”. Esa comisión está encabezada por el general Luis Mauricio Ospina, comandante del Ejército Nacional, quien de acuerdo con el general Giraldo, ya se encontraba sobre el terreno liderando las averiguaciones.

El general indicó que la investigación fue encargada a un coronel del Comando General de las Fuerzas Militares, aunque no precisó su nombre. Además, indicó que se está haciendo una inspección. “Hay un equipo inspector haciendo lo propio, lo que quiero hacerles saber es que en ningún momento vamos a ocultar la verdad de lo sucedido y acá se tomarán las acciones y las medidas que correspondan contra los responsables en los diferentes niveles”.

El general añadió que de comprobarse la responsabilidad de miembros del Ejército en esos hechos “seremos muy contundentes en las medidas”.

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Previamente, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, se pronunció sobre el hecho en su cuenta de X (antes Twitter) y afirmó que hay cero tolerancia con este tipo de actos. “Lo sucedido en Tierralta, Córdoba, es de suma gravedad y exige la adopción de drásticas decisiones. Ninguna tolerancia con comportamientos que no solo afectan a las comunidades, sino a las propias Fuerzas Militares”, afirmó.

Fiscalía adelanta investigación y Defensoría pidió garantizar seguridad de población

La Fiscalía dio a conocer que, por su parte, se están adelantando investigaciones sobre lo ocurrido. El ente investigador indicó que se conformó un equipo “de fiscales e investigadores de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, quienes iniciaron los actos urgentes y harán presencia en el territorio”.

Por su parte, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, afirmó que un equipo de la regional sur de esa entidad en Córdoba se reunió con líderes de la zona para escuchar las denuncias “sobre vulneraciones a los derechos humanos por parte de miembros del Ejército”. Un equipo de la misma regional, dijo la entidad, acompañará el consejo de seguridad en Montería para reiterar el llamado a garantizar los derechos humanos de la comunidad afectada.

“Resulta muy grave que, además de los hechos de amenazas e intimidaciones, los líderes de la comunidad también denuncian un hecho de abuso sexual cometido contra una mujer indígena. Por lo tanto, las autoridades deben esclarecer esta situación a la brevedad y garantizar la seguridad para la población”, manifestó el defensor Camargo.

Asimismo, la Defensoría recalcó que estos hechos, “además de ir en contravía del derecho internacional humanitario (DIH), socavan la confianza que las comunidades depositan en la fuerza pública, particularmente en una zona con presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC — Clan del Golfo)”.

Otras denuncias reiteradas de operativos irregulares del Ejército

No es la primera vez que hay denuncias similares por parte de las comunidades en zonas rurales apartadas. Este diario ha registrado hechos similares desde el 2021 en tres regiones diferentes del país: Chocó, Putumayo y Guaviare.

En Putumayo, una investigación de este diario demostró que la masacre de Alto Remanso, cometida por unidades del Ejército adscritas al Comando Conjunto No. 3 Suroriente, siguió un patrón similar al ocurrido en Tierralta. De acuerdo con los testimonios recopilados en ese momento, los miembros del Ejército se presentaron diciendo “no somos Fuerza Pública, somos guerrilla”.

En un video de dicho operativo aportado por la comunidad se ve a dos hombres vestidos de buzo y gorra negra que presuntamente serían militares, disparando en la mitad del caserío. Por estos hechos ya hay un proceso adelantado con imputaciones en la Fiscalía General de la Nación.

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En el río Guayabero, en Guaviare, reporteros de Colombia+20, El Cuarto Mosquetero y Voces del Guayabero recogieron denuncias similares en julio de 2022, que fueron publicadas en este reportaje. Aunque allí no hubo muertos por parte de la población, el patrón de conducta de los militares de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega era similar al descrito antes: los miembros del Ejército se presentaban sin sus uniformes tradiciones e insignias y en algunos casos visitaban las fincas acompañados de un hombre encapuchado. Estas denuncias fueron confirmadas por funcionarios de la Defensoría del Pueblo.

Y un caso especial lo merecen las denuncias sistemáticas de operativos irregulares de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán en el río San Juan, al sur del Chocó, que fueron investigadas por este diario en 2021. Esta fuerza era comandada en ese entonces por el Brigadier General Óscar Leonel Murillo, quien ahora está al frente de la Séptima División del Ejército con jurisdicción en Antioquia, Chocó y Córdoba, precisamente la división a la que pertenecerían las unidades del Batallón Junín que presuntamente intimidaron a la población civil en El Manso.

Una investigación de Colombia+20 demostró en ese entonces que habían ocurrido irregularidades en por lo menos tres episodios que sucedieron en caseríos de ese departamento en donde los miembros del Ejército amenazaron o pusieron en riesgo a la población civil y no portaban sus uniformes tradicionales, ni sus insignias.

Por lo menos en uno de aquellos casos sucedido el 21 de junio de 2021 en Montebravo (Medio San Juan) los militares dispararon contra las casas y engañaron a la población diciéndoles que eran miembros de las disidencias de las FARC, que nunca han hecho presencia en la zona. Esta denuncia además fue respaldada por la Defensoría del Pueblo y por funcionarios de una Personería local que pidieron reserva de su nombre.

En otro episodio ocurrido el 22 de noviembre de 2021 en la vereda Guachal (Litoral del San Juan) un comando de las Fuerzas Especiales ejecutó a un guerrillero del ELN que estaba en la mitad del caserío, desatando un enfrentamiento en medio de la población civil. Este comando estaba compuesto por hombres barbados, con prendas oscuras, botas pantaneras, machetes y sin insignias visibles o uniformes que permitieran identificarlos como miembros de la Fuerza Pública, como puede apreciarse en el video adjunto abajo. No obstante, la comunidad supo que eran militares cuando fueron evacuados por varios helicópteros.

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Aunque en esa oportunidad consultamos varias veces al general Óscar Leonel Murillo para que explicara las circunstancias de aquellos hechos, nunca obtuvimos una respuesta ni pudimos concretar una entrevista con él. Para este reportaje también le enviamos un cuestionario a sus correos oficiales, reiterándole las dudas de ese entonces y preguntándole por los hechos ocurridos el 12 de septiembre en El Manso, presuntamente cometidos por unidades de la Séptima División bajo su mando, sin embargo, al cierre de la edición no habíamos obtenido respuesta.

Si bien el uso de prendas civiles o de uniformes distintos a los tradicionales no constituye en sí mismo una violación al Derecho Internacional Humanitario, esta práctica en determinados contextos sí sería una falta grave e incluso podría calificarse como un acto de perfidia que está expresamente prohibido por el DIH.

Los manuales de operaciones terrestres de las Fuerzas Militares contenidos en la doctrina Damasco, que rigen los lineamientos para la actuación del Ejército desde el gobierno de Juan Manuel Santos, establecen que, en la medida que las circunstancias operacionales lo permitan, las tropas deben identificarse ante la población civil y usar sus insignias y emblemas.

Esto último no ocurrió el 12 de septiembre en El Manso, al contrario, los pobladores han denunciado en varios medios de comunicación que los militares se presentaron como miembros de la guerrilla con un propósito evidente de engañarlos.

Consultado sobre este tema, el general Helder Giraldo aseguró que ”esto no es normal, ni corresponde a nuestra doctrina militar, ni a las políticas, ni a los lineamientos establecidos por el mando institucional, es un hecho totalmente aislado que es objeto de investigación y de comprobarse, pues los responsables tendrán que asumir las consecuencias penales y disciplinarias”.