“Los homicidios son responsabilidad de los gobiernos locales por ser un delito del fuero común”, dicen.
¿Esto es cierto?; Sí y no.
Un homicidio derivado de una riña, resultado de un robo, es evidentemente un homicidio relacionado con el fuero común, cuya investigación, así como la procuración e impartición de justicia caen en la responsabilidad de las autoridades locales. Sin embargo, si el homicidio es derivado de la operación de la delincuencia organizada, ¿es también responsabilidad y ámbito de la autoridad local?.
Pensemos en el caso del narcomenudeo, delito del fuero común; cuando el homicidio deriva de una disputa entre grupos delincuenciales dedicados a este delito, ¿es también del fuero común?, lo más fácil es decir que sí. En el caso de una autoridad eficiente, se detendrá a ese homicida. Y listo. ¿Problema resuelto?
Nop. Y ahí están los números.
La delincuencia organizada tiene en el homicidio su principal instrumento de control y expansión. Mata a rivales, mata a quien se les indisciplina, mata a quien se les interpone. Si el homicidio es investigado y sancionado como delito del fuero común, las cárceles se seguirán llenando y las organizaciones delictivas seguirán reponiendo homicidas detenidos con nuevos reclutas. En la problemática actual de nuestro país, es un enfoque con resultados efímeros. En contraste, cuando el homicidio se contextualiza (también jurídicamente), como una de las actividades de las organizaciones delictivas, habrá resultados más duraderos. No solo son sentenciadas por homicidio y delincuencia organizada, sino que también podríamos hablar de copartícipes, además del autor material. En términos llanos, por un homicidio, podría detenerse a toda una estructura, atendiendo su nivel de participación en el mismo, porque independiente del delito (homicidio), la delincuencia opera con una organización y división del trabajo. Y eso es fuero federal. Y sus resultados serán de mayor alcance en tiempo y estructura.
Tal vez el “contador” de la organización no disparó. Pero es quien pagó el viático y fue un facilitador. De igual forma, el líder de toda la estructura tal vez nunca tocó el arma, pero si ordenó el homicidio y le amerita estar integrado en la carpeta de investigación, aunque no dé la cara.
Y eso solo se logra cuando no hay soluciones simplistas, justificaciones políticas o ignorancia (voluntaria o involuntaria) sobre la operación del crimen.
Si desde el gobierno federal se tiene la visión de que el homicidio es un delito del fuero común y que por ende es responsabilidad de los gobiernos locales, vendrán más años sangrientos para México.
¿O de verdad están pensando en una real coordinación entre autoridades locales y federales? Explico: la autoridad local atiende e investiga un homicidio cualquiera, detecta que no fue una riña u otra causal en el mismo tenor, sino que está relacionado con la delincuencia organizada. ¿Le tocará la puerta a la autoridad federal y le compartirá la información?, ¿los va a recibir?, y en su caso, ¿la federación continúa y amplía la investigación? Si no es este escenario, que parece imposible, todo lo demás equivale al discurso “a mí no me toca” que tanto daño ha hecho.
