En el controvertido caso de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, una jueza federal ha otorgado la libertad condicional a ocho militares acusados de delincuencia organizada y desaparición forzada. Esta decisión marca un punto de inflexión en la larga secuencia judicial, desafiando las preocupaciones planteadas por la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional sobre el riesgo de fuga de los acusados. La medida, dictada por la juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, Raquel Duarte Cedillo, representa un nuevo capítulo en una historia que ha sacudido a México y ha generado indignación nacional e internacional.
En una audiencia, la jueza Duarte Cedillo tomó la decisión de otorgar la libertad condicional a los ocho militares, desestimando las preocupaciones expresadas por las autoridades acusadoras. Entre los beneficiarios de esta controvertida medida se encuentran Roberto de los Santos Eduviges, Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunas, Ramiro Manzanares Sanabria, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz. Este no es el primer ajuste en las medidas cautelares para los implicados, ya que en febrero pasado fueron encarcelados nuevamente, solo para obtener ahora la libertad condicional.
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La jueza cuestionó la idea de la prisión preventiva que se había impuesto anteriormente, optando por sustituirla con medidas cautelares menos restrictivas. Estas incluyen el pago de una garantía de 100 mil pesos y la obligación de firmar periódicamente ante la Unidad de Medidas Cautelares en días específicos de cada mes. La decisión ha avivado un debate ya encendido sobre la efectividad del sistema de justicia mexicano y ha provocado reacciones encontradas en la sociedad y en el ámbito político.
Fuentes federales han confirmado que, a pesar de la orden de libertad condicional, los ocho militares permanecen actualmente detenidos en el Campo Militar 1-A de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ubicado en la Ciudad de México. Se espera que, tras la realización de los procedimientos administrativos necesarios, puedan recuperar su libertad en las próximas horas, lo que podría reavivar las tensiones en torno a este emblemático caso.
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Este último desarrollo en el caso Ayotzinapa pone sobre la mesa las complejidades y controversias que rodean a uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de México. La desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en 2014 ha generado protestas masivas, investigaciones internacionales y llamados a la rendición de cuentas. La decisión de la jueza de otorgar la libertad condicional a los militares acusados plantea preguntas sobre la independencia judicial, la transparencia del proceso legal y la búsqueda de la verdad y la justicia para las víctimas y sus familias.
Este nuevo capítulo en el caso Ayotzinapa seguramente desatará debates y renovará el escrutinio público sobre la actuación de las instituciones mexicanas en la búsqueda de la verdad y la justicia. Mientras tanto, el destino de los ocho militares acusados y el curso futuro del proceso legal seguirán siendo temas de interés nacional e internacional, recordándonos que la lucha por la verdad y la justicia es algo que nunca concluye.
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