Justicia Penal Militar no se modernizará ni implementará sistema penal acusatorio antes de 2022

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Investigación

Las razones para aplazar modernización de la Justicia Penal Militar

Dilan cruz homenaje

Dilan cruz homenaje

Foto:

Implementación de sistema penal acusatorio debía comenzar en 2015. Gobierno amplió plazo hasta 2022.

La implementación del sistema penal acusatorio en la Justicia Penal Militar (JPM) y la modernización de esta jurisdicción volvieron a sufrir un aplazamiento. Aunque se trata de un tema clave para brindar más garantías a los procesos y fortalecer a este mecanismo, el Gobierno expidió el pasado 24 de diciembre el decreto 1768 de 2020, que aplazó una año más el inicio de esa reforma.
Según se lee en el decreto, la postergación se da porque el andamiaje para dicha implementación aún no está preparado. Esto, dado que “se requiere el fortalecimiento del componente humano”, lo que implica “la modernización de herramientas tecnológicas, con el fin de mejorar la gestión y el desempeño de los despachos judiciales”, proceso que tomaría el año 2021 y parte de 2022, y que “debe estar acorde con la política de austeridad ordenada por el Gobierno Nacional”.
En agosto de 2010, el Congreso aprobó el Código Penal Militar, que, entre otras medidas, daba un año de plazo a los ministerios de Defensa y de Hacienda para fijar un cronograma con el fin de poner en funcionamiento una reforma integral de la Justicia Penal Militar.

Se necesita la voluntad
política de asignarle recursos al proceso. Expedir un decreto con fecha al 2022 no asegura que más adelante no se vuelva a aplazar

Dentro de esta reestructuración se buscaba incluir la aplicación del sistema oral y la creación del Fiscal General y el Cuerpo Técnico de Investigación de esa jurisdicción especializada, la cual se encarga de investigar y juzgar los delitos cometidos en actos de servicio por uniformados tanto de fuerzas militares como de la Policía.
Inicialmente, se estableció que la nueva Justicia Penal Militar se pondría en marcha para 2015 en Bogotá y luego se extendería por fases a todo el país. Desde ese momento, por falta de recursos, se ha venido postergando y se definió como nuevo plazo que entraría a regir este 2020.
Sin embargo, con la expedición del decreto 1768, la primera fase territorial del proceso arrancaría en 2022, en la capital del país, y para 2025 llegaría al resto de regiones.

Procesos más ágiles

Hasta septiembre de este año, 19.414 procesos estaban en manos de la Justicia Penal Militar. Entre los más sonados está el de Dilan Cruz, el joven que murió el 23 de noviembre de 2019, luego de recibir un disparo de un agente del Esmad, en medio de las manifestaciones del paro nacional de ese año.
Para el abogado penalista Camilo Burbano, postergar la implementación del sistema penal acusatorio en la JPM lleva, de alguna forma, a deslegitimar esta justicia. “Los ciudadanos no están viendo cómo actúa, porque está en un sistema con tendencia inquisitiva. Además, se les está privando a los procesados de ciertas garantías, que solo se presentan dentro del sistema penal acusatorio”, comentó Burbano.

Los ciudadanos no están viendo cómo actúa, porque está en un sistema con tendencia inquisitiva

Dichas garantías tienen que ver, por ejemplo, con que este sistema se basa en la publicidad de los procesos, lo que permite hacerle un control social al desempeño de la justicia.
En cambio, en sistemas inquisitivos como el de la Justicia Penal Militar, los procesos son escriturales y sin acceso a los expedientes. Por otra parte, el sistema acusatorio deja en manos de un tercero decisiones como la libertad o captura de las personas, y en el sistema que sigue vigente en la JPM ese tipo de decisiones recaen en cabeza de quien está haciendo la instrucción (investigación).
El director de la Corporación Excelencia en la Justicia, Hernando Herrera, dijo que otra de las ventajas de implementar el sistema penal acusatorio en la JPM es que, al introducir la oralidad, el modelo se homologa al de la Justicia Ordinaria y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
“Eso es muy importante, porque le daría identidad y unidad procesal a todos los sistemas de administración de justicia penal que hay en el país. Además, esto está ligado a un esfuerzo que puede llevar a la descongestión de los procesos que se tramitan ante esa justicia especializada”, aseguró el abogado.
JUSTICIA
justicia@eltiempo.com
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