El mismo fiscal que tiene a su cargo los expedientes del pasaporte de Marset y del excustodio presidencial Alejandro Astesiano, es el que archivó las denuncias sobre el Antel Arena.

Está políticamente embretada entre lo que sabe que es una barbaridad y la realidad política de tener sectores muy fuertes jugados al disparate.

Los dos tienen razón para quejarse y cada uno quiere imponer la suya para corregir la situación, pero no siempre actúan con acierto para ello.

En su esencia, desde el Estado dicta a los medios audiovisuales cómo hacer su trabajo. Eso, en una democracia donde rige la libertad de prensa, es inadmisible.

Una cosa es considerar favoritos a ciertos candidatos, y otra es dar por liquidada la competencia de junio faltando un mes para la elección.