En 2011, pobladores de las comunidades de Acul y Tzalbal descubrieron que el Ejército había expropiado terrenos del ejido municipal entre 1983 y 1984. No tenían certeza de ser los …
En 2011, pobladores de las comunidades de Acul y Tzalbal descubrieron que el Ejército había expropiado terrenos del ejido municipal entre 1983 y 1984.
No tenían certeza de ser los dueños de sus terrenos, porque habían sido inscritos como parte de los Bienes de la Nación.
Pedro Herrera Bernal, de 78 años, vive en la aldea Tzalbal, a 10 kilómetros del centro de Nebaj y a unos 230 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Seis horas de viaje en automóvil.
Su casa es de madera, techo de lámina y suelo de concreto. Tiene las paredes y techo de la habitación cubiertas con plástico para aislar del frío y las filtraciones de agua cuando llueve. Su vivienda está edificada en uno de los terrenos que no sabían si les pertenecía o no.
En junio de 2013, Herrera y sus vecinos decidieron iniciar una batalla legal para recuperar las tierras. La fecha no es casual: fue un mes después de que finalizara el juicio que confirmó que en Guatemala hubo genocidio contra la población ixil.
Herrera y otros pobladores de Acul y Tzalbal habían declarado como testigos en este juicio. Hablaron de las masacres, las detenciones ilegales y los asesinatos en contra de sus familias.
Esta sentencia les dio fuerza para seguir exigiendo sus derechos ante el sistema de justicia.
Cada comunidad tomó sus propias decisiones para organizarse. La población de Acul prefirió aceptar la opción que le dio el Fondo de Tierras (Fontierras) y ser reconocida como una comunidad indígena.
Fontierras, creado mediante el Decreto 24-99, tiene la potestad de entregar tierras a grupos organizados de hombres y mujeres indígenas y no indígenas que demuestren que pueden construir su propia comunidad agraria sostenible.
En cambio, en Tzalbal querían revertir la desmembración y volver a ser parte del ejido municipal. Así que buscaron asesoría legal de la Asociación de Juristas Internacionales para empezar un largo proceso que llegó hasta la Corte de Constitucionalidad (CC).
Un ejido municipal es una porción de tierra que pertenece a la municipalidad (en ocasiones junto con la comunidad, como en este caso), puede ser usado sólo con fines comunitarios y nunca vendido.
Los principales, las autoridades indígenas ixiles, fueron quienes lideraron la recuperación de las tierras. En 2020, durante la pandemia de COVID-19, la CC ordenó que se restituyeran las tierras despojadas.
«Esa tierra es de nosotros, tuvimos que luchar. Gracias a Dios se logró. Yo como representante legal, tengo el título de la tierra. Durante estos años venimos luchando», dice Herrera, mientras toma la vara de autoridad indígena y señala su retrato, colgado en una pared de su habitación.
Pedro Herrera muestra con orgullo el libro en el que se recogió la sentencia por genocidio de 2013 y la escritura de la propiedad de la tierra que recuperaron en 2020. Dos grandes victorias del pueblo ixil, tras las luchas que tuvieron que enfrentar a consecuencia de los crímenes durante la guerra interna.
En 1982, el ejército quemó la casa de Herrera, que entonces tenía 37 años. Logró escapar junto a su esposa y sus seis hijos. Huyeron para esconderse en la montaña, pero los soldados lo capturaron y le ordenaron dirigir una patrulla de autodefensa civil.
Así se convirtió en comisionado militar. «Fue muy triste, porque me obligaron», recuerda cabizbajo.
Cuando le contó su historia a los fiscales del Ministerio Público (MP), 30 años después, éstos le solicitaron que declarara en el juicio sobre la obligación que imponía el Ejército para formar grupos de patrullaje.
Hoy, Herrera asegura que está dispuesto a testificar en otros juicios por genocidio ixil. «Yo tengo que seguir. Sólo la muerte me va a separar de estas luchas: del genocidio y de la tierra», afirma contundente.
A pesar de la energía de sus palabras, se siente cansado. Le cuesta caminar, no escucha bien con el oído izquierdo y sus hijos le piden que descanse.
Los testigos envejecen y mueren en espera de condenas contra todos los responsables del genocidio.
Los nombres de algunos testigos que murieron antes de la segunda sentencia por genocidio son: Antonio Chen Raymundo, Clemente Vásquez Mateo, Jacinto de Paz, Pedro Chávez Brito, José Velasco Ramírez, Juan López Matom y Miguel Matom Ramírez.
El juicio que movió los cimientos
El juicio por genocidio ixil contra los exgenerales José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez es considerado un parteaguas para la justicia transicional en Guatemala. Un expresidente fue sentado en el banquillo de los acusados por crímenes de guerra.
La sentencia sentó un precedente: en Guatemala podía juzgarse al más alto mando del Ejército por graves delitos de lesa humanidad.
Antes de 2013, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés) documentó que la mayoría de las condenas habían sido a mandos medios del Ejército, soldados y expatrulleros.
La excepción era de 2012, con la condena a 30 años de prisión a Pedro García Arredondo, exjefe del Cuerpo de Detectives de la extinta Policía Nacional, culpable de ordenar la desaparición forzosa del estudiante de agronomía Édgar Enrique Sáenz Calito.
El 10 de mayo de 2013, después de escuchar a los 102 testigos y sobrevivientes, a la parte acusadora y la defensa, las juezas Yassmin Barrios, Patricia Bustamante y el juez Pablo Xitumul, del Tribunal A de Mayor Riesgo, condenaron a 80 años de prisión a Ríos Montt.
Pero sólo dos días después de la sentencia, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) exigió a la Corte de Constitucionalidad (CC) que anulara el fallo. Decían que no se había respetado el debido proceso y que no hubo genocidio en Guatemala.
La CC decidió regresar todo lo actuado dentro del juicio a partir del 19 de abril. Con esta resolución se anuló la sentencia.
Los magistrados argumentaron que el Tribunal A de Mayor Riesgo no había resuelto una recusación planteada por la defensa de Ríos Montt en contra de dos miembros de esa judicatura y por eso debía repetirse buena parte del proceso.
Luego de años de retrasos, el juicio se retomó y el 26 de septiembre de 2018 llegó la segunda sentencia.
De nuevo, un tribunal reconoció que en Guatemala hubo genocidio contra la población ixil durante el gobierno de Ríos Montt.
Las juezas María Eugenia Castellanos, Sara Yoc y el juez Jaime González, del Tribunal de Mayor Riesgo B, emitieron una nueva sentencia que confirmaba el genocidio.
Pero Ríos Montt no llegó a escuchar la sentencia en esa ocasión. Había muerto cinco meses antes, en abril de 2018.
Por mayoría, el tribunal decidió absolver al exjefe de inteligencia, Rodríguez Sánchez, con el argumento de que él no tenía el cargo para dar las órdenes de cometer el genocidio.
A 11 años del primer juicio, la jueza Yassmin Barrios, lo califica como uno de los más importantes de los últimos años en materia de derechos humanos en el mundo.
«Como dejamos conceptualizado en la sentencia, “nunca más” es un mensaje, no sólo para Guatemala, sino también para los demás países, que cualquier persona de carácter autoritario que se atreva a cometer esa clase de crímenes contra la humanidad, sabe que tarde o temprano será juzgado», plantea la jueza.
Marta Elena Casaús, historiadora y socióloga, realizó un peritaje durante el juicio por genocidio de 2013, sobre la máxima expresión de racismo durante el conflicto interno en Guatemala y el racismo sistemático en nuestra sociedad.
La socióloga apunta que, en 2013, el debate en la opinión pública se centraba en si hubo o no hubo genocidio. «A nivel social, ese racismo que todos los guatemaltecos llevamos dentro, histórico estructural, se exacerbó. Se exacerbó de una forma brutal y se convirtió en una posición negacionista del genocidio», explica.
Casaús también considera que el juicio por genocidio fue un parteaguas porque rompió el silencio y la impunidad. Además, brindó a la población indígena confianza, esperanza, fuerza y energía para seguir luchando por sus derechos, sobre todo, a las mujeres que habían sido violadas. Esto dio paso a los juicios y condenas por las violaciones sistemáticas de mujeres q’eqchi en el destacamento de Sepur Zarco, Alta Verapaz; y mujeres Achi en comunidades de Baja Verapaz.
María Cedillo Cedillo, de 57 años, testigo en el juicio, ve como un triunfo la sentencia del 10 de mayo de 2013. «Un tribunal dijo que sí hubo genocidio en el pueblo ixil. Así lo dijo. Eso es lo que queríamos nosotros», señala. Ella está dispuesta a declarar ante un tribunal las veces que sean necesarias.
Casaús afirma: «Si no se condenan estos hechos, la impunidad sigue ahí y vuelve. Hemos visto en estos años, la élite de poder, cada vez más desprestigiada, más dividida y atomizada, que lo que quiere es negar todos esos juicios, sacar de la cárcel a las personas. Pero no se puede ir contra la historia».
La jueza Barrios opina que el primer juicio fue significativo para que las víctimas pudieran ser escuchadas, la población guatemalteca conociera la historia de los hechos ocurridos durante el conflicto armado interno y se hablara de genocidio.
Recuerda que, en 2013, los medios de comunicación solían entrevistar a la gente en la calle y la población opinaba con total libertad y sin miedo de expresar su criterio. Algo que en el tiempo en que esos hechos ocurrieron era imposible.
El juicio que abrió puertas
La jueza menciona que el juicio sirvió para que la ciudadanía tuviera expectativas en la justicia. «Creo que el 2013 sirvió de base para un 2015, cuando se produce todo un cambio y van a protestar contra la corrupción. Las personas tenían más fundamentos y esperaban más de la justicia. Había expectativa».
Las manifestaciones de 2015 reunieron a miles de personas que exigían un cambio en el sistema, luego de que la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) revelara casos de corrupción que involucraban al binomio presidencial de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Ambos condenados.
Algunos llamaron primavera democrática de Guatemala a ese período, que hizo que después de décadas la ciudadanía regresara masivamente a las calles a protestar.
El juicio de 2013 también abrió la puerta para que se investigara el genocidio ixil durante el régimen del expresidente Fernando Romeo Lucas García (1978-1982). Lucas falleció en 2009, pero fueron procesados su hermano, Manuel Benedicto Lucas García, quien era jefe del Estado Mayor del Ejército; y Manuel Callejas y Callejas, exjefe de Inteligencia Militar en ese gobierno.
Ambos fueron condenados en 2018 por delitos de deberes contra la humanidad y violación sexual agravada en contra de Emma Guadalupe Molina Theissen y la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen, de 14 años, hermano de Emma.
En 2023 fueron beneficiados con arresto domiciliario, a pesar de que existe una prohibición legal para otorgar medidas sustitutivas por delitos graves, entre los que se encuentra el de violación agravada. Ese año murió Callejas.
El debate por genocidio contra ellos debía empezar en enero de 2023, pero se suspendió, debido a que los querellantes recusaron a la jueza Andrea Julieta Lobos Luna.
Dio inicio en abril de 2024 y se convirtió en el segundo juicio por genocidio, cometido contra el pueblo ixil. Sólo Lucas García sobrevive para ser juzgado y lo hace desde el Centro Médico Militar, debido a cuestiones de salud.
Otro acusado de cometer genocidio contra población ixil durante el gobierno de Ríos Montt enfrenta proceso judicial. Se trata del exministro de Defensa, Luis Enrique Mendoza García, detenido después de votar en las elecciones de 2019.
Mendoza García es suegro del exdiputado por Quiché, Estuardo Galdámez, quien se postuló como candidato a presidente en ese año con el partido FCN-Nación. El inicio del juicio contra Mendoza está programado para junio de 2024.
Las juezas Yassmin Barrios y Patricia Bustamante se excusaron de conocer estos dos juicios por genocidio. Explicaron que muchas de las pruebas que se presentaron en 2013 se volverán a usar en ambos debates y ellas ya dieron su opinión entonces.
Barrios dice que se siente satisfecha con el fallo emitido junto a sus compañeros jueces en 2013, aunque luego la CC lo anulara. «La sentencia fue anulada, pero sigue viva, viva para todas las personas de Guatemala», refiere.
«Le cumplimos al pueblo, una labor altamente democrática. Respetamos el debido proceso, en audiencias libres, no se limitaba el acceso a las personas, ni a la prensa. No se hizo a puertas cerradas, como últimamente se está ventilando y que es inadecuado y está produciendo resultados nefastos», enfatiza.
Procesos contra la exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, Virginia Laparra, y contra el expresidente de elPeriódico, José Rubén Zamora, que desarrollaron audiencias a puerta cerrada, son ejemplos de la práctica que Barrios califica como inadecuada.
Once años después: persecución y regresión democrática
Gabriel de Paz Pérez, de 62 años, fue testigo del juicio en 2013 y también participó en la batalla legal por la defensa de sus tierras. Es amigo de Pedro Herrera. Se han acompañado durante todos estos años. Vive en Salquilito, a cinco minutos en automóvil del centro de Nebaj.
En 1982, él tenía 21 años y pastoreaba ovejas. Cuando soldados quemaron sus casas y siembras de milpa en la aldea Vicalamá tuvo que huir y esconderse en la montaña junto a su familia.
Se integraron a las Comunidades de Población en Resistencia (CPR). Su abuelo no logró escapar y fue asesinado. Su abuela murió por hambre y frío en la montaña. Comían catarina una hierba silvestre con la que antes alimentaban a las gallinas, y utilizaban paja o plástico para cubrirse del frío.
Gabriel de Paz plantea que hoy, a once años de esa primera sentencia por genocidio, no ve voluntad política de consultar a la población ixil cuáles son sus necesidades y buscar el desarrollo comunitario.
«Tenemos un cambio, pero es nuestra lucha, nuestro propio trabajo, nuestro propio esfuerzo. Pero de parte del gobierno, nunca ha habido. Carreteras no hay, desarrollo en las comunidades no hay, no hay consulta», indica.
Él opina que la expulsión de la CICIG y la persecución a jueces de los últimos años incide en el acceso a la justicia para los sobrevivientes.
«Empezaron a expulsar a la CICIG. Jueces y tribunales que sí están a favor de los derechos de los pueblos indígenas ya están fuera. Ya están exiliados. Sentimos que vamos a volver a caer otra vez en lo que sucedió en los años 80. Esa es nuestra preocupación», teme Gabriel de Paz.
En 2018, el presidente Jimmy Morales no renovó el mandato de CICIG y expulsó a su personal del país. Durante la conferencia para realizar el anuncio, Morales estaba acompañado de los principales funcionarios del gobierno, policías, soldados y altos mandos militares.
En el Ministerio Público, empezó una reestructura de las fiscalías. Esta estuvo encabezada por la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, elegida por Morales y reelecta por Giammattei, y quien destituyó a fiscales independientes que habían investigado casos de corrupción y de justicia transicional.
En octubre de 2021, Porras ordenó el traslado de Hilda Pineda, quien por diez años fue jefa de la fiscalía de Derechos Humanos. Meses después, en junio de 2022, recibió su notificación de despido.
Pineda y su equipo de fiscales llevaron a Ríos Montt ante un tribunal, solicitaron la captura de acusados por el caso Creompaz y Diario Militar. La fiscal había sido denunciada por la llamada Fundación Contra el Terrorismo (FCT) en Guatemala en varias ocasiones.
En abril de 2023, Elena Gregoria Sut, quien tenía a su cargo las investigaciones del Diario Militar y caso Creompaz, fue trasladada a otra fiscalía por recomendación del Departamento de Seguridad de la institución, luego de un análisis de riesgo que ella había solicitado.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado de Guatemala que otorgara medidas urgentes de protección a la fiscal Sut, a petición de las familias de las víctimas del caso Diario Militar.
En los últimos siete años, decenas de fiscales, jueces, periodistas y ciudadanos han sido amenazados, denunciados y perseguidos penalmente por el Estado de Guatemala.
Algunos se vieron obligados a salir al extranjero, por seguridad. Esta persecución se incrementó hasta los últimos días del gobierno de Alejandro Giammattei.
La Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Udefegua) reportó un alza en las denuncias recibidas en 2022. La cifra se triplicó en comparación con el año anterior. En 2021 habían documentado 1,009 agresiones y en 2022 reportaron 3,573.
En 2021, Porras fue incluida en la lista Engel de Estados Unidos, entre los actores corruptos y antidemocráticos de Guatemala. Hoy, el presidente Bernardo Arévalo libra una batalla política y legal para poder destituirla.
La persecución a Yassmin Barrios
En la actualidad, la jueza Yassmin Barrios sigue enfrentando amenazas de la Fundación Contra el Terrorismo, que empezó a darse a conocer cuando se realizaban las audiencias del juicio por genocidio en 2013.
Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la FCT, señaló durante gran parte de 2023 que su próximo objetivo era Barrios, aunque con la llegada del nuevo gobierno los ataques han reducido.
«Es uno de los grandes pendientes de la fundación: Yassmin Barrios. Y no me pregunte por qué, pero la hemos ido dejando al final cuando debió haber sido la primera que encabezara la lista», dijo en una entrevista realizada por ElFaro en agosto de 2023.
Méndez Ruiz ve a Barrios como su objetivo pendiente en un tablero de actores perseguidos por la fundación que lidera.
«Yo le apuesto que con ella (Barrios) pasará lo mismo que con el juez Miguel Ángel Gálvez», dijo a GuatemalaLeaks en 2022. El juez Gálvez, quien envió a juicio a Ríos Montt, salió al exilio en noviembre de 2022, porque consideraba que no tenía las garantías mínimas para defenderse de las denuncias interpuestas por la FCT.
Barrios dice que no ha pensado en salir al exilio. «Llegará el día en que nuestros compañeros (jueces en el exilio) podrán regresar, con la frente en alto. Es una pérdida que no estén en este momento», declara.
Ante las amenazas de la FCT, la jueza señala que ha sido atacada todo el tiempo. Ha vivido más de 20 años bajo amenazas, persecuciones y hostigamiento. Tiene un equipo de guardaespaldas, asignado por el Organismo Judicial (OJ), desde que en 2001 arrojaron granadas en el patio de su casa, antes de empezar el juicio contra los acusados por asesinato del obispo Juan José Gerardi.
«El Estado de Guatemala tiene que cuidar que todos mis pelitos estén completos y yo esté completa, es una obligación», sonríe, mientras toca sus cabellos. «Yo tengo medidas cautelares de seguridad, el Estado se encuentra obligado a velar por mi vida, mi integridad y la de mi familia», explica.
En su oficina en el nivel 15 de la Torre de Tribunales, el 25 de agosto de 2023, la jueza Barrios voltea a ver hacia su escritorio, donde tiene una pila de expedientes por analizar.
«Sigo trabajando, cumpliendo con mis responsabilidades como debe de ser. Espero que salgamos fortalecidos los jueces honrados. Las crisis sirven para crecer, espero que tengamos días más hermosos, llenos de luz, paz y transparencia».
En medio de una grave regresión democrática, con unas elecciones accidentadas y crisis institucional, Guatemala eligió el 20 de agosto de 2023 a un nuevo presidente y vicepresidenta. Bernardo Arévalo y Karin Herrera, el binomio presidencial del Movimiento Semilla. Un partido socialdemócrata, que nació en las protestas de 2015 y planteó como principal propuesta el combate a la corrupción.
Arévalo y Herrera se colaron a la segunda vuelta electoral y ganaron la contienda a Sandra Torres y Romeo Guerra, de la UNE. Torres perdió por tercera ocasión unas elecciones presidenciales.
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Sobrevivientes y testigos esperan que este 2024 se condene a los responsables del genocidio en el segundo juicio por genocidio que se realiza y en el tercero que está programado para medio año.
Son varios militares de los gobiernos de Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt, en cuyos periodos la historia documenta las peores atrocidades contra la población indígena.
Pedro Herrera, María Cedillo y Gabriel de Paz están dispuestos a volver a testificar ante un tribunal, con tal de que se haga justicia. «Si lo piden los tribunales, tenemos que ir, porque lo que conocemos tenemos que decir», asegura con voz firme Gabriel de Paz.
