Fiscalía abre caso por encubrimiento contra la presidenta de Perú tras la detención de su hermano

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, aseguró este viernes 10 de mayo, tras la detención de su hermano Nicanor, como parte de una investigación por tráfico de influencias, que no se distraerá "con asuntos menores" y mostró su confianza en la Justicia.

Posteriormente, el vocero presidencial aseguró que Boluarte "de ninguna manera" se plantea dimitir tras la detención de su hermano.

"De ninguna manera existe la posibilidad de una renuncia, lo importante es que el Gobierno tiene establecidos los grandes objetivos nacionales", dijo el vocero del despacho presidencial, Fredy Hinojosa, en una rueda de prensa ofrecida en el Palacio de Gobierno de Lima.

El vocero ofreció estas declaraciones mientras, casi en simultáneo, el Ministerio Público anunciaba el inicio de diligencias contra la presidenta y el ministro del Interior, Walter Ortiz, por el supuesto encubrimiento de su hermano Nicanor, al desactivar el grupo policial que apoya a los fiscales anticorrupción horas antes del arresto de su familiar.

Un equipo especial de fiscales contra corrupción "detuvo a Nicanor Boluarte Zegarra, Mateo Castañeda y otros investigados por los delitos de organización criminal y tráfico de influencias", indicó este viernes el Ministerio Público en la red social X.

Nicanor Boluarte, hermano mayor de la mandataria peruana, fue detenido en su apartamento, en el oriente de Lima.

El hermano de la jefa de Estado salió de su casa, ubicada en el distrito limeño de San Borja, conducido por la Policía Nacional a un vehículo, al cabo de un operativo de detención y allanamiento que duró casi siete horas por orden judicial.

"Niego absolutamente todo" y "soy inocente" fueron las únicas palabras que respondió Boluarte a los reporteros en los exteriores de su vivienda en Lima.

La Fiscalía lo señala de comandar una red de corrupción que designaba prefectos y subprefectos a cambio de "dádivas económicas", según precisó el Poder Judicial en un comunicado.

Los funcionarios ejercen como representantes del Gobierno en las regiones del país y son nombrados directamente por la presidenta y el ministro del Interior.

Desde sus cargos presuntamente captaban "afiliados" para inscribir un nuevo partido político, Ciudadanos por el Perú, que encabezaría Nicanor Boluarte, de 64 años.

La organización "habría gestado su programa criminal inmediatamente después que Boluarte" asumió como presidenta, el 7 de diciembre de 2022, añadió el Poder Judicial.

"Poder de facto"

Junto a Boluarte fueron detenidos el abogado de la presidenta, Mateo Castañeda, y seis personas más en distintos operativos desplegados en Lima, Cajamarca, Junín y San Martín.

En el marco de esas acciones fueron allanados "26 inmuebles", dijo por su parte la Fiscalía.

Castañeda representa a la mandataria peruana en la investigación que enfrenta por unos relojes de lujo que no declaró en su lista de bienes.

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Según las autoridades judiciales, Nicanor Boluarte sacó provecho del "poder de facto" que le otorgó su hermana para "instrumentar las prefecturas y subprefecturas" en su beneficio.

Mientras que Castañeda presuntamente cumplía el rol de "operador legal" de la red de corrupción.

Con la detención de su hermano, la mandataria peruana enfrenta un nuevo escándalo.

Boluarte, de 61 años, está siendo interrogada por el llamado Rolexgate y enfrenta otra investigación judicial por la represión de las protestas que siguieron a su investidura.

En el marco del primer proceso, la Fiscalía allanó en marzo su vivienda y el despacho presidencial en busca de las joyas que, según Boluarte, pertenecen a un gobernador que se las cedió en calidad de préstamo.

La presidenta está bajo sospecha de "enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos".

Si finalmente la fiscalía decide acusarla, Boluarte solo sería llevada a juicio al final de su mandato, en julio de 2026, según fija la Constitución.

El jueves, el Gobierno de Boluarte ordenó la desactivación de un equipo especial de policías que apoya la labor de los fiscales que investigan los casos de corrupción en el poder, una decisión que el Ministerio Público atribuye a la orden de detención de su hermano.

La mandataria asumió el poder en reemplazo del izquierdista Pedro Castillo, quien fue destituido y encarcelado por su fallido intento de disolver el Congreso.

Tras su juramentación, estallaron protestas que fueron duramente reprimidas por la fuerza pública.

En las revueltas murieron 50 personas presuntamente a manos de policías y militares.

A raíz de ello, Boluarte enfrenta desde enero de 2023 una investigación por presunto "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves".

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