El PSIB presentará una denuncia, ante el Consell de Mallorca, por la comercialización de 50 apartamentos en edificios plurifamiliares de Palma de forma ilegal, que supondrían la existencia de 230 plazas turísticas fuera de la ley, si bien calcula que puede haber hasta 800 inmuebles más dedicados a esta actividad irregular en diferentes canales.
Así lo ha anunciado el portavoz del PSIB en el Ayuntamiento, Xisco Ducrós, en una rueda de prensa acompañado de la diputada Mercedes Garrido y el portavoz adjunto de los socialistas en el Consell, Javier de Juan.
Este último ha apuntado que estos hechos denunciados demuestran que el plan de lucha contra el alquiler turístico ilegal de la institución insular es "humo" y ha calificado al departamento de Turismo de "fallido".
"El plan de choque contra el alojamiento vacacional del Consell es una farsa, una mentira. Una coartada para aparentar que hacen algo pero en realidad permiten la especulación inmobiliaria, la perversión de las normas y el urbanismo para sus amigos, en definitiva lo que ha hecho el PP siempre que ha gobernado", ha alegado De Juan.
La cifra de los 50 apartamentos se extrae de una primera búsqueda que hizo el PSIB en la plataforma Booking, en la que encontraron tres bloques enteros --ubicados en la zona de plaza de Toros, Foners y la calle Aragón-- destinados a este régimen de alquiler --pese a la prohibición avalada por el Tribunal Supremo--. Los inmuebles incluidos podrían albergar hasta 170 turistas.
Por otro lado, han localizado anuncios de otros 19 apartamentos y una furgoneta tipo 'camper' en la misma plataforma, en las que le podrían alojar otras 60 personas.
En el caso de estas 230 plazas turísticas denunciadas, han estimado que podrían reportar a sus propietarios unos beneficios de 15.000 euros diarios --cinco millones de euros anuales--. Sólo los tres bloques dedicados por completo al alquiler turístico ya suman 380.000 euros mensuales --cuatro millones de euros al año-- según los cálculos del PSIB.
Las otras 800 viviendas a las que se han referido los socialistas como potencialmente irregulares provendrían de un análisis preliminar de otras plataformas, entre las que se incluye Airbnb, por las características de los bloques de edificios en los que encuentran, por la ausencia de licencias y los plazos por los que se alquilan.
En este contexto, y al hilo de la aprobación de la nueva Ordenanza Cívica de Palma, Ducrós ha asegurado que supondrá un "descontrol total del turismo de excesos" y "lo único que hace es multar a quienes no tiene dónde vivir", al referirse a las sanciones previstas para quienes vivan en caravanas. De este modo, ha reivindicado medidas para que la ciudadanía tenga acceso a la vivienda a un precio asequible.
"BOOKING TOMA EL PELO A PROHENS O A LOS CIUDADANOS"
Por su parte, Garrido ha reflexionado que si el PSIB puede hacer esta criba con sus propios medios mediante una búsqueda en plataformas, los servicios de inspección pueden llegar más lejos; en esta línea ha sugerido que hay "falta de voluntad" para luchar contra los alquileres ilegales.
Garrido, ha recordado el acuerdo al que llegaron el Govern y Booking para detectar y denunciar el alquiler turístico ilegal, anunciado en Fitur, por lo ha resaltado que "o Booking le toma el pelo a la presidenta del Govern, Marga Prohens, o se lo toma a los ciudadanos".
La diputada ha ironizado con que "la realidad es el peor enemigo de Prohens", tras las declaraciones de la presidenta en las que afirmó que "Baleares han llegado a su límite". "Lo que ha llegado al límite es la paciencia de la ciudadanía", ha avisado Garrido, que cree que el PP busca "ganar tiempo" y "titulares".
Mientras, De Juan ha acusado al presidente del Consell, Llorenç Galmés, y al conseller insular de Turismo, Marcial Rodríguez, de haber "desmantelado el servicio de Ordenación Turística", tras la dimisión del jefe de servicios jurídicos. "No han incrementado la plantilla que han heredado de la pasada legislatura ni han sumado un solo funcionario a la labor", ha protestado.
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