La Fiscalía Europea acusó a Anticorrupción de ocultar parte de la información del 'caso Koldo'

La Fiscalía Europea acusó a la Fiscalía Anticorrupción de no haberle facilitado una parte de la información que tenía en su poder sobre las presuntas irregularidades cometidas en los contratos para la compra de mascarillas de los Gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias, según se desprende del decreto dictado el 4 de marzo por el organismo con sede en Luxemburgo. Este documento, mediante el cual se abren diligencias de investigación, especifica que las pesquisas sobre los fondos europeos del caso Koldo se iniciaron basándose únicamente "en las noticias de prensa que se han ido publicando sobre contratos adjudicados por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de Islas Baleares".

Todas esas presuntas irregularidades publicadas en los medios de comunicación, denuncia la Fiscalía Europea, no fueron comunicadas por el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien al responder a las peticiones de información no "hizo referencia alguna a la existencia de sospechas de irregularidad en tales contratos ni se acompañó de alguno o algunos de los informes que la unidad adscrita de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil había elaborado".

El exdirector de Salud balear reconoce que Koldo contactó con él para cerrar el contrato de las mascarillas

El decreto advierte, además, de que no ha sido hasta "el presente momento", en alusión al pasado 4 de marzo, y tras conocerse las informaciones publicadas, "cuando se ha contado con la noticia criminis que motiva la necesaria incoación de este procedimiento de investigación por parte de la Fiscalía Europea", especifica el escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Por las detenciones

De esta forma, y según consta en el decreto de 4 de marzo, las supuestas irregularidades en los fondos europeos no fueron detectadas hasta que no se hicieron públicas las noticias con las sospechas "que afectaban a los contratos adjudicados por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de Islas Baleares". Estas informaciones se publicaron después de "la operación llevada a cabo" por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que instruye el caso Koldo, quien ordenó la detención de los principales investigados, entre ella la de Koldo García Izaguirre, quien fuera asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

La falta de información suministrada por Anticorrupción, prosigue el decreto, obligó al organismo con sede en Luxemburgo a llevar a cabo una calificación inicial sin conocer todos los datos disponibles en el departamento dirigido por Alejandro Luzón: "Si siempre una calificación jurídica inicial resulta provisional y debe de estar a la espera del avance de la investigación para que queden definidos todos los elementos objetivos y subjetivos que avalen los delitos definitivos, en el presente caso con mayor motivo si se tiene en cuenta que la noticia de los posibles delitos no es otra que las publicadas en los diversos medios de comunicación", lamenta la Fiscalía Europea.

El Ministerio Público de la UE había dictado el 9 de octubre de 2023 otro decreto que tenía como finalidad examinar si era o no competente para investigar los diferentes contratos públicos bajo sospecha. Y para ello era "imprescindible conocer los hechos y delitos investigados en cada uno de los contratos", indica el escrito, que destaca que acudió a Anticorrupción para que determinara los hechos investigados y los delitos imputados. De forma expresa también reclamaba que especificara "cada uno de los contratos" que beneficiaron a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, cuyos dueños son los comisionistas Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto. Sin embargo, el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, no respondió a estas peticiones, por lo que la Fiscalía Europea se vio obligada a reiterar el 21 de diciembre de 2023 la solicitud de información.

"Sin los hechos"

"Y no fue hasta el 12 de enero de 2024", siempre según la Fiscalía Europea, cuando Luzón remitió un oficio en el que "sin hacer expresa mención a los hechos y los delitos investigados respecto de cada uno de los contratos, informaba de que el 8 de septiembre de 2023 se había interpuesto querella" por los hechos incluidos en el denominado caso Koldo. Estas acciones legales recayeron en el Juzgado Central de Instrucción número 2, cuyo titular, Ismael Moreno, incoó un procedimiento por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias.

Anticorrupción sí informó de que habían detectado otros seis contratos adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión por Canarias y Baleares, que habían sido financiados con fondos europeos. Sin embargo, "no se aportaban datos sobre si los hechos investigados que podían ser constitutivos de dichos delitos eran predicables de algunos contratos o de todos y tampoco si todos los delitos podían concurrir en todos los contratos o no". Además, gracias a la información entregada por la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, la Fiscalía Europea pudo detectar que uno de los contratos que estaba investigando Anticorrupción "había sido cofinanciado con fondos europeos".

Por eso, el Ministerio Público con sede en Luxemburgo, que tiene entre sus cometidos investigar los fraudes que se puedan cometer con los fondos europeos, se dirigió al juez Moreno para que le informase de los hechos y delitos investigados,. Pero por el secreto de sumario, este no aportó estos datos hasta las detenciones. Y fue en ese momento en el que la Fiscalía Europea tuvo acceso a los hechos y los delitos investigados, que se circunscribían a los que había denunciado Anticorrupción, que solo se centra en los contratos adjudicados "por diversos organismos de la Administración General del Estado sin que en el relato de hechos se incluyan los que puedan afectar a la adjudicación o ejecución de los contratos del Servicio Canario de Salud y del Servicio de Salud de Islas Baleares", concluye en decreto de 4 de marzo.