Mujer que fue violada acusa a Honduras ante la ONU de no poder abortar, su caso puede impactar Latinoamérica

Ocho años después, sentada en el jardín de la organización no gubernamental hondureña Centro de Derechos de Mujeres (CDM), en Tegucigalpa, Fausia, quien usa un nombre ficticio, cuenta a la AFP su historia tras denunciar en marzo a Honduras ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por prohibirle abortar.

Hija de un cacique del pueblo nahua defensor de los derechos territoriales, fue agredida por dos hombres cuya familia usurpó la tierra de su padre en una zona rural de Honduras. "Fue una represalia", asegura esta indígena de 34 años.

"Soy sobreviviente de una violación sexual. Fue muy violento. Me amenazaron de muerte. Me dijeron que si ponía la denuncia me iban a asesinar a mi familia y a mí", relata, ocultando su rostro ante las cámaras de la AFP.

Recién un mes después de la violación venció el miedo y presentó la denuncia ante la fiscalía. Fue el inicio de un largo viacrucis legal. Su salud se fue deteriorando y en un principio pensó que se debía a los golpes.

Sin embargo, cuando le dijeron que estaba embarazada, el mundo se le vino encima: "Fue un choque psicológico, emocional. Era algo que yo no había planificado o deseado, no quería. Sentí rechazo hacia mí".

Los médicos le advirtieron que la denunciarían si se sometía aun aborto, castigado con penas de entre 3 y 10 años de cárcel.

Honduras es uno de los seis países del continente (con El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Haití y Surinam) donde el aborto está prohibido aunque haya malformación del feto, violación sexual o peligro de vida de la mujer. Hasta hace poco tampoco era permitida la pastilla anticonceptiva de emergencia en el país.

"Una marca imborrable"

Fausia entonces tenía dos hijos, una pareja y un hogar en una comunidad. No obstante, las amenazas y los hostigamientos contra ella y su familia los llevaron a mudarse diez veces y emigrar a la ciudad, cuenta sollozando. Su casa, incluso, fue saqueada y destruida.

Forzada a una maternidad no deseada, el parto fue muy duro, dice. "En el quirófano yo lloraba. Luego me obligaron a amantar y a que la besara (a la bebé) y yo no lo quería hacer", manifiesta.

"Si hubiera tenido la oportunidad de poderlo interrumpir lo hubiera hecho, porque es algo que (...) rotundamente cambió mi vida... es una marca imborrable", afirma.

Una vez intentó ahorcarse, pero la silla se dio vuelta y se cayó. En ese momento llegó uno de sus hijos y lo impidió. "Pensé varias veces en suicidarme por el rechazo que sentía, por el dolor, por el sufrimiento", relata.

No quiere hablar de lo que pasó con el niño.

En 2017, logró que los agresores fueran detenidos pero pocos meses después los liberaron. "La primera barrera que me encontré es el hecho de que no me creían; la segunda, que no era una adolescente, sino una mujer con hijos", comenta.

Con la ayuda del CDM y de la ONG internacional Centro de Derechos Reproductivos (CDR), Fausia relanzó su caso en 2018. Pasaron ocho años desde la violación hasta que la justicia declaró culpables a los agresores. Pero la sentencia no está en firme, aún admite recursos de apelación.

"La marea verde"

Según la Secretaría de Salud (2022), en Honduras cada día tres niñas menores de 14 años son forzadas a mantener embarazos y a ser madres producto de violaciones.

"Buscamos justicia y reparaciones para Fausia, pero estamos pidiendo al comité (de derechos humanos de la ONU) que le exija a Honduras acabar con esa prohibición" que vulnera derechos de las mujeres, declara a la AFP Catalina Martínez, vicepresidenta para América Latina y el Caribe del CDR, con sede en Bogotá.

Martínez explica que el caso de Fausia puede tardar unos tres años en resolverse, pero tiene una "dimensión global relevante".

"El impacto que tendrá en América Latina será muy grande" porque sentará jurisprudencia y será un referente para la justicia, subraya.

Con la mano donde lleva amarrado un pañuelo verde sobre el expediente titulado Fausia vs. Honduras, Fausia dice estar consciente del reto de cambiar la prohibición del aborto, blindada en la Constitución de Honduras.

"La justicia tardía en mi país me obliga a acudir a una instancia internacional (...) para que ninguna otra mujer en Honduras se enfrente a lo que yo pasé", concluye.