El 28 de septiembre de 2021 los mexicanos celebramos el bicentenario del nacimiento del Estado mexicano, independiente y soberano. Un día antes, se conmemoró el bicentenario de la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México encabezado por su primer jefe, Agustín de Iturbide; tal fecha tradicionalmente se ha considerado por la historiografía mexicana como la que supuso la feliz consumación de la independencia, cuya lucha dio comienzo once años atrás en el pueblo de Dolores, intendencia de Guanajuato, bajo el liderazgo y el “grito” de su cura párroco, Miguel Hidalgo y Costilla.
Lo que ocurrió el día 27 de septiembre de 1821, con todo el ceremonial –tanto cívico como religioso– que implicó, no puede dejar de considerarse un hecho político sí, pero sobre todo militar, mediante el cual se llevó a término lo dispuesto en los Tratados de Córdoba suscritos por Iturbide y Juan O’Donojú, el último capitán general de la Nueva España, el 24 de agosto anterior. Lo verdaderamente importante y trascendente, desde la perspectiva política y jurídica, ocurrió un día después, el 28, cuando por la mañana se instaló la Soberana Junta Provisional Gubernativa, O’Donojú cedió su mando a ésta y,
lo más importante, se declaró solemnemente la independencia del nuevo Estado bajo la forma de gobierno de monarquía limitada por una constitución y con el nombre de Imperio Mexicano.
Por la tarde del día 28, reunidos 35 miembros de la mencionada Junta en el Palacio Nacional, procedieron a declarar la independencia del nuevo Estado. Su contenido, por desgracia, no es lo suficientemente conocido por los mexicanos seguramente porque consagró la forma monárquica de gobierno y por enaltecer la labor y la persona de Iturbide; si bien hay que señalar que tampoco es muy conocida la Declaración de independencia insurgente del 6 de noviembre de 1813, pero por razón diferente: su fuerte contenido religioso. Ambas declaraciones se hicieron constar en sus respectivas actas, documentos jurídicos formales donde se manifiestan hechos o actos jurídicos que se pretenden solemnizar y mediante los cuales se busca dar certidumbre.
Pues bien, hasta el año de 2021 se pensó, y así se aceptó unánimemente por toda la historiografía mexicana y mexicanista, que el Acta que contiene la Declaración del 28 de septiembre se había firmado este mismo día en dos ejemplares manuscritos, casi idénticos, uno de los cuales sería para la Regencia y el otro para la Junta. Este ejemplar –conservado por décadas en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión– se quemó en el lamentable incendio ocurrido la madrugada del 23 de marzo de 1909 en dicha Cámara; por fortuna se conservan fotografías del mismo. Esta conclusión parecía confirmarse con la mera lectura del Acta que, aparentemente, está firmada el 28 de septiembre. Sin embargo, no fue así. El Acta nunca se firmó el día 28, sino días después, si bien la Declaración solemne de la independencia sí se llevó a cabo la tarde del día 28 de septiembre.
El texto mismo del Acta –cuyo único ejemplar hoy se conserva en el Archivo General de la Nación– presenta algunas interrogantes que simplemente no podían contestarse aceptando la fecha del 28 de septiembre como la de su firma. Una de ellas, jamás resuelta satisfactoriamente por la mencionada historiografía, consiste en la ausencia en la misma de la firma de Juan O’Donojú, quien nunca firmó ninguno de los dos ejemplares manuscritos originales. Otra interrogante tenía que ver con el lugar de colocación de los primeros firmantes: el primero, Iturbide; el segundo, el obispo de Puebla Antonio Joaquín Pérez, y el tercero, que debía corresponder a O’Donojú. ¿Por qué el obispo poblano antecedió a la firma de quien había suscrito los Tratados de Córdoba en pretendida representación del gobierno español, a quien había recibido a las tropas trigarantes desde el balcón del viejo Palacio Virreinal, y a quien era el último capitán general y jefe político superior de la Nueva España? ¿Por qué nunca firmó éste los ejemplares del Acta supuestamente levantada el mismo día 28, cuando se llevó a cabo la Declaración que contenía?
La tercera interrogante se relacionaba con el hecho de que todos, absolutamente todos los ejemplares impresos del Acta, a partir del primero publicado en octubre de 1821, sí incluyeron el nombre de O’Donojú como uno de sus tres primeros firmantes: ¿se trataba, pues, de un ardid que violentaba una supuesta negativa de éste para firmar un documento que suponía su aceptación como gobernante español a la independencia mexicana? Pero si este fuere el caso, ¿cómo explicar el hecho de haber comparecido voluntariamente a la Declaración y luego no haber firmado el Acta que la contenía?
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