Un informe de la ONU elaborado por expertos en prevención del delito pide una legislación mundial más estricta y uniforme para la protección del medio ambiente y que sea aplicada entre países y regiones, ya que existen actualmente importantes diferencias en las leyes ambientales.
“Una legislación más estricta puede contribuir a disuadir a los delincuentes potenciales y reincidentes y a ampliar el abanico de herramientas y recursos de investigación de las fuerzas del orden para poner fin a los delitos que afectan al medio ambiente”, declaró Angela Me, directora de investigación y análisis de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), al presentar el informe.
El estudio abarca nueve áreas de delitos graves contra la naturaleza: deforestación y tala, contaminación acústica, pesca ilegal, gestión de residuos, protección de la fauna y flora silvestres y, contaminación del aire, suelo y los residuos, entre otras. Las penas por este tipo de delitos que imponen los países, en el 45% de los casos, alcanza cuatro o más años de prisión y su aplicación «siguen siendo desiguales» lo que crea «oportunidades para que los grupos delictivos exploten las lagunas en las respuestas» declaró Angela Me.
La fauna y flora silvestres y los residuos son los ámbitos en los que la mayoría de los países (164 y 160, respectivamente) incluyen al menos un delito penal relacionado en su legislación nacional. Por el contrario, la contaminación del suelo y acústica (99 y 97, respectivamente) son las áreas en las que menos países cuentan con disposiciones penales.
Variaciones regionales
El nivel de penalización y las sanciones varían según el país y la región. Por ejemplo, en Oceanía, el 43% de los países consideran la pesca ilegal como un delito grave (que conlleva cuatro o más años de cárcel), mientras que en Europa sólo el 2% de los países lo clasifican como tal. Por su parte, 12 de los 18 países de África Oriental consideran delitos graves los delitos contra la vida silvestre.
África y Asia tienen el porcentaje medio más alto de Estados miembros con penas que se ajustan a la definición de delito grave, lo que indica que la legislación no es necesariamente débil, sino que hay una falta de aplicación.
El informe subraya las discrepancias en la aplicación de las leyes a los particulares frente a las empresas, que a menudo se libran de las multas, mientras que los particulares pueden enfrentarse a penas de prisión.
Los autores sugieren que los países podrían mejorar la legislación para permitir la confiscación de los medios utilizados para cometer delitos ambientales o de los beneficios obtenidos de estos delitos. La actual falta de disposiciones de este tipo conduce a menudo a la persecución de infractores menores en lugar de los grandes actores económicos que cometen delitos contra el medio ambiente.
Según los expertos de la UNODC, existen varios ámbitos susceptibles de mejora en la legislación y las penas medioambientales. Los Estados miembros podrían plantearse aumentar las penas y ampliar el uso de herramientas de cooperación internacional como la extradición o la asistencia judicial recíproca.
También es necesario recopilar más datos sobre estos delitos, mejorar la aplicación de la legislación e investigar más sobre las penas aplicadas y su eficacia, y añadieron que esa información ayudará a comprender qué grados de penalización son más eficaces para prevenir los delitos contra el medio ambiente.
Fuente: Noticias ONU.
