La Corte Suprema de Arizona retrasa la aplicación de la prohibición del aborto de 1864

(CNN) -- La Corte Suprema de Arizona retrasó la aplicación de la prohibición del aborto de 1864 recientemente revivida en el estado, según una orden presentada este lunes. La orden permite una suspensión de 90 días solicitada por el fiscal general del estado.

La gobernadora demócrata de Arizona, Katie Hobbs, firmó una derogación de la prohibición del aborto de 1864 el 2 de mayo, pero la derogación no entrará en vigor hasta 90 días después de que finalice la sesión legislativa, informó anteriormente CNN. La legislatura del estado se encuentra actualmente en sesión, lo que significa que la prohibición del aborto de la época de la Guerra Civil podría entrar en vigor por un breve período.

La suspensión estará vigente hasta el 12 de agosto para que el fiscal general de Arizona, Kris Mayes, pueda considerar una petición de certiorari ante la Corte Suprema de Estados Unidos, según la orden. Se podría volver a presentar otra suspensión, según la orden.

Mayes dijo en un comunicado que está “agradecida” de que el tribunal suspendiera la aplicación y dijo que lo más pronto que se puede aplicar la prohibición del aborto de 1864 es el 26 de septiembre, debido a 45 días adicionales estipulados en un caso separado.

"Haré todo lo que pueda para garantizar que los médicos puedan brindar atención médica a sus pacientes según su mejor criterio, no según las creencias de los hombres elegidos para la legislatura territorial hace 160 años", dijo.

Este lunes, el tribunal también rechazó una moción de Planned Parenthood Arizona que solicitaba al tribunal suspender la prohibición del aborto de 1864 hasta que la derogación de esa ley entre en vigor.

La derogación de la prohibición de la época de la Guerra Civil a principios de este mes fue una victoria para los defensores del derecho al aborto, que durante años han intentado revocar la ley de 1864 que prohibía el aborto en todas las etapas del embarazo, excepto para salvar la vida de la madre, y amenazaba a los proveedores con penas de prisión de dos a cinco años.

Rashard Rose y Clay Voytek de CNN contribuyeron a este informe.