Locutorios y redes organizadas venden las citas previas del Registro Civil de Zaragoza

A las 12 del mediodía de los jueves. Ese es el momento en el que el Registro Civil de Zaragoza saca por vía telemática las citas para jurar la Constitución y adquirir la nacionalidad española. Parece sencillo… pero es imposible: redes organizadas se quedan con todas las que ofertan y, si quieres disponer de una, hay que entrar en un mercado negro de venta de citas, por un precio que oscila entre los 150 y los 250 euros.

"No me ha quedado más remedio que pagar", explica Carmen, una hondureña que vive en Zaragoza desde hace quince años, adonde llegó porque tenía una prima y ha ido cubriendo uno a uno todos los requisitos exigidos. A los tres años de estar aquí, logró el primer permiso de trabajo para un año; a los cuatro años, el segundo por otros dos; a los seis, por dos más; y a los ocho, por cinco. En total, diez años cotizados a la Seguridad Social, un certificado de penales limpio, la resolución de nacionalidad, el pasaporte, el NIF, la partida de nacimiento y el empadronamiento le abrían la puerta a la deseada nacionalidad con los requisitos más difíciles hechos. Pero lo más sencillo, jurar la Constitución, esto es, la ‘Jura de nacionalidad’, se convirtió en un calvario.

Carmen empezó por ir al Registro civil, en la Ciudad de la Justicia aragonesa, situada en los edificios de la Expo 2008, y ya le remitieron a la vía telemática. Tras intentarlo por sí misma, sin éxito, se pusieron a ello una docena de amigos y conocidos durante tres jueves seguidos, con el mismo resultado. "Entrábamos a la web a las 12 en punto y lo que aparecía era la espiral de espera. Cuando por fin dejaba acceder, ya se habían agotado. Contando lo ocurrido a otros compatriotas, me advirtieron que no lo conseguiría, pero que podía comprar la cita. Como hay un plazo para culminar los trámites de la nacionalidad de 180 días y ya me estaba poniendo nerviosa, es lo que hice. El papel de la cita me lo entregaron en la calle y yo di el dinero en efectivo. En mi caso, 100 euros, aunque sé que se pagan 150 y hasta 250. Antes, lo hacían sobre todo en los locutorios del Casco Histórico, pero en mi caso no hubo sede física, sino contactos por Whatsapp".

Tráfico de citas

Ahora, como alternativa legal, los afectados pueden recurrir a hacer la jura ante notario, con un coste similar: de 150 a 300 euros, en función de la notaría. Pero la cuestión es cómo la Administración consiente ese tráfico. Hace unos cuatro años y ya hubo denuncias referidas a los locutorios y se actuó ampliando el horario del Registro Civil, que también atendía por las tardes. Sin embargo, en el último año el problema se ha recrudecido. Desde el mes de abril, es competencia de la Administración autonómica, que en los últimos meses no tiene refuerzo.

Desde la dirección general de Justicia de la DGA, que depende de la vicepresidencia primera del Gobierno aragonés, explican que existe un límite de citas previas por ciudadano y que el sistema solo permite cogerlas a un DNI, una IP y un correo. Tienen un mes de vigencia y se conceden para cinco trámites o procedimientos diferentes.

La operativa de los locutorios o de esos grupos organizados comienza con el ciudadano encargándoles la cita, dando su DNI, email y móvil. "El locutorio —explican desde la DGA— busca citas en el portal constantemente, con una ventaja que desde las Administraciones no podemos atajar, ya que, al apagar y encender su rúter genera una IP diferente. También, y es más ágil, usando un software VPN pueden cambiar la IP de una persona sin necesidad de apagar el rúter. Esto sucede en todas las CCAA que tienen esta aplicación, que es del Ministerio del Interior. Si en el locutorio cambian de IP, el Gobierno de Aragón no puede hacer nada, ya que los datos de DNI y teléfono son reales".

Expertos en ciberseguridad explican que, si estas mafias usan procedimientos automáticos, lo habitual es usar los captcha, esto es, los test que obligan a realizar tareas sencillas para los humanos, pero, de momento, costosas en tiempo para los ordenadores, como es identificar la presencia de un determinado objeto en un grupo de fotos. O también, sistemas con otras comprobaciones que, ante determinada velocidad, concluyan que no responden a la acción humana y rechacen la entrada. Sobre el captcha, el Gobierno de Aragón explica que no podría decidirlo desde su administración, ya que dependería del Ministerio, y que solo tendría cierta utilidad, con otras condiciones.

Entre impotencia y resignación

Mientras, en la sede del Registro Civil, en la antigua Expo, el problema se comenta con tanta impotencia como resignación. Prácticamente, todos los inmigrantes que esperan turno conocen este mercadeo y lamentan que no se pueda hacer otra cosa. "Es una vergüenza", explica un nigeriano que espera junto a su mujer y un bebé. "Así es: mi prima ya lo pagó; yo aún no he llegado a ese trámite", dice una dominicana.

"Es un problema que se recrudece periódicamente y que vivimos con amargura —dicen fuentes de la judicatura aragonesa—. Ya nos pasó con los matrimonios civiles. No puede ser que para hacerse españoles y jurar el acatamiento de la Constitución aboquemos a los nuevos compatriotas a pagar por una vía pervertida o a pagar en el notario, para un trámite que incluso requiere cierta emoción, como es convertirse en ciudadano español con todos sus derechos. El Registro Civil lo que necesita es refuerzos".

Más crítico se mostraba un abogado que ha recomendado a su cliente la vía del notario: "Me causa estupor la explicación técnica, con toda la Administración aparentemente inerme ante las tretas de estas mafias que, como siempre, tienen como presas a los ciudadanos con menos recursos y más débiles".