Licencias públicas para gestionar los contenedores de ropa

«Hace más de 70 años, las parroquias ya comenzaron a funcionar como roperos a través de donaciones porque los curas eran los que más conocían las necesidades de la gente», cuenta María Giraldo, responsable de comunicación y sensibilización de Moda re-. «Poco a poco se vio que estos roperos podían generar empleos y se profesionalizó».

Desde aquellos inicios, Cáritas realiza labores de gestión de residuos textiles y, de hecho, es habitual ver contenedores de recogida de ropa a las puertas de colegios o parroquias. Entre todos sus proyectos sociales se encuentra Moda re- que, basado en una economía circular, es el mayor operador de España en gestionar los residuos textiles que se recogen de los contenedores. Sin ir más lejos, el año pasado esta iniciativa recogió más de 44 millones de kilos de tejido de cerca de 8.000 contenedores a lo largo de todo el país.

La Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, de 2022, obliga a las Administraciones públicas a que en los municipios haya contenedores de textil y a que el 50 % de su gestión se adjudique a empresas de carácter social, ya sean de inserción o centros especiales de empleo de iniciativa social. Una contratación que ha permitido a Moda re- obtener una docena de licitaciones tras la aprobación de esta ley y que, aseguran, tiene un triple beneficio: económico, ambiental y social. Es más, por cada euro invertido por la administración en esta contratación reservada, se obtiene una rentabilidad de 4,07 euros. Un ejemplo de ello está en Vizcaya, donde estas concesiones públicas son gestionadas por Koopera, uno de los principales socios de Moda re-. Aunque llevan cerca de 15 años trabajando con los contenedores textiles, Kike Sot, uno de los técnicos del proyecto, asegura que las licencias públicas derivadas de esta nueva ley han supuesto un gran impulso, no solo para el crecimiento del empleo de inserción, sino también en la mejora de las condiciones de sus trabajadores. Dependiendo del territorio y del ayuntamiento varían las cláusulas y las condiciones, pero este es uno de los pocos territorios en los que la Administración pública paga por kilo recogido —solo el 24 % de los contratos públicos establece un pago por el servicio—. «Lo que recaudamos de las tiendas de ropa de segunda mano y de las licencias lo reinvertimos en salud laboral y en la automatización de algunas fases», dice Sot, quien además destaca la buena relación con los técnicos del Ayuntamiento y la actitud de colaboración mutua.

A nivel nacional, todo lo que no sea recogido por estas empresas sociales se gestiona por parte de fundaciones como Humana, mercantiles como Asirtex u otro tipo de asociaciones como Madre Coraje. Sin embargo, María Giraldo explica que «lo que diferencia a Moda re- es el impacto nacional en el empleo». No es para menos, ya que en 2023 generaron casi 1.500 puestos de trabajo en todo el país, y más de la mitad fueron para personas de inserción.

Cuando alguien deposita ropa en un contenedor, se traslada a una de las plantas de tratamiento que el proyecto tiene en Sabadell, Valencia, País Vasco o Vallecas. Ahí se clasifica y se prepara para el reciclaje. «Más de la mitad de la ropa que llega a esas plantas está en buen estado», cuenta Giraldo en conversación con Alfa y Omega. En este caso, esta ropa se reutiliza y se destina a una de las más de 150 tiendas que Moda re- tiene en más de 90 ciudades españolas. Si la prenda está estropeada, lo que sucede en un 35 % de las ocasiones, se utiliza para reciclado de fibras o materiales. A la ropa muy deteriorada se la llama rechazo o descarte y supone alrededor de un 5 o 10 % de lo que llega. En este caso, se hace una valorización energética, con una quema controlada para dar energía calorífica.

Giraldo es contundente: «Todo va al contenedor textil y nosotros ya lo separamos. Da igual cuántos agujeros tenga el calcetín». La industria de la ropa es una de las actividades más contaminantes del mundo, debido a que la producción se ha duplicado en los últimos 15 años. Este impacto, denuncian desde Cáritas, también se traduce en pésimas condiciones laborales y explotación infantil en el mundo.