El Estado tiene hoy 264.102 juicios en curso por reclamos de distinta índole. Son demandas que enfrenta el país y que van desde reclamos por expropiaciones y caída de concesiones, hasta causas abiertas por negligencia administrativa. Entre los casos más relevantes se encuentran los litigios por emisión de deuda argentina impaga, luego del default declarado por nuestro país a finales de 2001; por la estatización de las AFJP; y por los incumplimientos de contratos de obra pública y concesiones de servicios energéticos y viales. Muchos de estos casos fueron promovidos por fondos de inversión extranjeros ante tribunales internacionales. Además, existen demandas laborales presentadas por empleados públicos, así como reclamos por temas de salud pública y medio ambiente.

En todos estos juicios, la defensa de la Argentina está en manos de un área clave, la Procuración del Tesoro, encargada de dirigir el Cuerpo de Abogados del Estado. De la tarea que realicen estos letrados dependen miles de millones de pesos, dólares y euros que el país tiene o tendrá que pagar. Este organismo tiene un presupuesto vigente para este año de $2.187,4 millones. Hoy su titular es Rodolfo Barra, ex juez de la Corte Suprema de Justicia entre 1989 y 1993, y ex ministro de Justicia entre 1993 y 1996, hasta que debió renunciar cuando se conoció que había sido parte de una organización filonazi durante su adolescencia. Barra sucedió a Carlos Zannini, quien ocupó el cargo en la gestión de Alberto Fernández, consignó un informe elaborado por las periodistas Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli y publicado en el portal de Infobae.

De esos más de 264.000 juicios que enfrenta Argentina, solo el 20% tiene un monto determinado en la demanda por reclamos monetarios que suman USD 12.554 millones. En esta cifra están incluidos los 9 juicios que tramitan ante el Centro Internacional de Arreglos de Disputa en materia de Inversiones (CIADI), una institución del Banco Mundial con sede en Washington, por un total de USD 3.668 millones.

Los datos surgen de dos de las respuestas del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, en su informe por escrito enviado al Senado, a preguntas del senador radical Maximiliano Abad. En una de ellas, el funcionario adjuntó un documento de 10.788 páginas elaborado por la Procuración del Tesoro, con la totalidad de los juicios que enfrenta el Estado, los montos reclamados -cuando está determinado en la demanda -, y su estado procesal. El 42% de los juicios (112.174 casos) se encuentran en cumplimiento de la sentencia y el resto en distintas instancias del proceso, según el análisis realizado por el portal de Infobae de ese extenso archivo adjunto.

Sin embargo, la cifra de USD 12.554 millones es parcial, ya que no incluye el juicio más importante que enfrenta hoy el país por la expropiación de YPF por más de USD 16.000. Si bien está incluido en esa base de datos de la Procuración del Tesoro, no tiene determinado el monto de la demanda, ya que esa suma es una estimación luego de la sentencia en un Tribunal de Nueva York de septiembre pasado. Si se suman ambas cifras, el país enfrenta un posible pasivo de, al menos, USD 28.556 millones, el doble de lo que en el Gobierno estiman que necesita el ministro de Economía, Luis Caputo, para avanzar con la dolarización: USD 15.000 millones.

En toda la serie de juicios analizada, hay 614 causas en dólares por casi USD 9.800 millones (incluidos los del CIADI). Las demandas en la divisa extranjera representan el 78% del monto total en pesos de los reclamos, que en pesos equivalen al tipo de cambio oficial del 22 de marzo pasado a $10,7 billones, según se detalla en el informe enviado por Posse a los senadores. Esta última cifra equivale al 20% del presupuesto nacional vigente.

Las causas de mayores montos

El mayor juicio que enfrenta el Estado es la demanda por la nacionalización del 51% de las acciones de YPF en 2012 durante la gestión de Cristina Kirchner, aunque en la base de datos de la Procuración no figura una valuación específica. El reclamo judicial se originó porque ese porcentaje accionario estaba en manos de la empresa española Repsol, y su compra por parte del Estado argentino violó los estatutos de YPF, que requerían una oferta pública para adquirir las acciones del socio minoritario - el Grupo Petersen - en caso de un cambio de control.

En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska, del distrito de Nueva York (EEUU) ordenó a la República Argentina pagar más de $16.000 millones en daños y perjuicios a Eton Park y Petersen Energía. Esta cifra incluye los daños directos y los intereses acumulados desde la fecha de la expropiación. La demanda y el monto abonado hasta el momento, fue motivo de otra pregunta de la senadora Carmen Álvarez Rivero (PRO).

En su respuesta, el jefe de Gabinete informó que esa sentencia “fue apelada y que, a la fecha, no se ha abonado nada”. Posse también afirmó en el informe que “no hay ningún juicio en curso por la expropiación de YPF”, y que si la senadora “se refería a los juicios que tramitan ante la corte de distrito de Nueva York, se trata de dos procesos: además del indicado en la pregunta (iniciado el 8 de abril de 2015), tramita un juicio iniciado por Eton Park Capital Management LP, Eton Park Master Fund Ltd, y Eton Park Fund versus Argentine Republic and YPF SA (iniciado el 3 de noviembre de 2016)”. Esta segunda demanda sobre el proceso de nacionalización de la petrolera estatal tampoco tiene un monto especificado en la base de datos de la Procuración del Tesoro, publicó el portal de Infobae.

Considerando los 20 mayores juicios contra el Estado de los 49.843 que sí tienen determinada una cifra en las demandas detalladas en el informe de la Procuración del Tesoro, 16 son en dólares, 3 en euros y uno en pesos. Este último fue iniciado por la empresa Caminos del Valle Concesionaria SA contra la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) por $391.732 millones (equivalentes a USD 458 millones, al tipo de cambio oficial del 22 de marzo pasado). El reclamo se originó por la renegociación de la concesión del corredor vial Nro 29 que comprende las rutas nacionales 22 y 151, e implicaba la construcción de dos puentes nuevos entre las ciudades Neuquén y Cipolletti, y el mantenimiento del existente.

El juicio de mayor monto de los que incluyen una cifra en la demanda es el de la generadora eléctrica norteamericana AES Corporation por USD 1.814 millones ($1,5 billones al valor del dólar oficial informado por Posse), que tramita ante el CIADI. El reclamo se centró en la negativa de Argentina a aplicar mecanismos previamente acordados para el cálculo y ajuste de tarifas relacionadas con las inversiones de AES en el sector eléctrico local. La firma alegó que nuestro país violó sus obligaciones al congelar las tarifas de electricidad y no permitir ajustes que reflejaran la inflación y la devaluación del peso argentino, lo que afectó la rentabilidad de sus inversiones. El proceso estuvo suspendido desde diciembre de 2005 hasta enero de 2019 por acuerdo de las partes. La última audiencia tuvo lugar en mayo de 2023 y ahora el CIADI debe resolver sobre el fondo de la disputa.

La segunda causa en importancia por el dinero reclamado -entre las que está detallado el monto- es la del estudio neoyorquino de abogados Zylberberg Fein LLC, que presentó una demanda contra Argentina en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por $959.000 millones, según el valor informado en pesos por el jefe de Gabinete, que equivalen a USD 1.123 millones. Obedece al incumplimiento de pagos de bonos soberanos emitidos por Argentina en la década de 1990 y principios de 2000. La demanda, presentada en 2007, busca el pago de los montos adeudados según los términos de estos bonos, que Argentina dejó de pagar durante la crisis económica de 2001.

El tercer juicio por monto es en euros y fue iniciado por el inversor italiano Giorgio Scappini - en representación de un grupo de tenedores de bonos de deuda argentina - también debido al incumplimiento de pagos de esos títulos emitidos por un total de 750 millones de euros, y que cayeron en default en diciembre de 2001. La demanda asciende a $693.000 millones en su equivalencia en pesos (USD 811,5 millones). En 2011, el juez Thomas Griesa dictó un fallo parcial que establecía la responsabilidad de Argentina, aunque el juicio no buscaba una compensación monetaria inmediata, sino confirmar la responsabilidad del país, destacó el portal de Infobae.

La cuarta demanda en monto de dinero - siempre de las causas que tienen una cifra informada - es la que presentó Ramón Alfredo Oviedo contra la empresa YPF por daños y perjuicios ambientales ocasionada por una explotación petrolera en Mendoza. El juicio es por USD 750 millones y está en trámite en la Cámara Federal de esa provincia.

El quinto juicio es de Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited, por los bonos en euros vinculados al Producto Interno Bruto (PBI) de Argentina. Los fondos - que colectivamente poseen aproximadamente el 48% de estos valores - alegaron que Argentina modificó la forma de calcular su PBI en 2013 para evitar realizar pagos adicionales a los tenedores de estos bonos. Demandaron al país en 2019 en el Tribunal Superior de Londres por un valor global de $596.611 millones, que equivalen a unos USD 670 millones. En abril de 2023, el tribunal falló a favor de los demandantes, ordenando a Argentina pagar 643 millones de euros (más intereses, sumando un total potencial de 1.330 millones de euros).

Los juicios en el CIADI

También en respuesta a una pregunta del senador Abad, Posse dio detalles de los 9 juicios que tramitan en el CIADI, el tribunal internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones. Se trata de un ámbito al que suelen recurrir las empresas privadas extranjeras en sus demandas contra el país.

Además de la demanda de AES Corporation - la mayor en cifra de los reclamos que tramitan en ese tribunal arbitral internacional-, el segundo juicio en monto es el iniciado en 2020 por Orazul International España Holdings, empresa de energía subsidiaria española de la norteamericana Duke Energy International. Orazul posee de manera indirecta una participación mayoritaria en la empresa Cerros Colorados, concesionaria de la central hidroeléctrica Planicie Banderita, en la provincia de Río Negro. El reclamo obedeció a las medidas adoptadas por Argentina desde 2003 que modificaron el marco regulatorio de la electricidad. El monto de la demanda ascendía a USD 667,3 millones, más intereses y costas. Sin embargo, el 14 de diciembre de 2023, el CIADI rechazó el reclamo de Orazul y otorgó una parte proporcional de las costas incurridas por la demandante a cargo de la Argentina.

El tercer juicio ante el CIADI en cantidad de dinero reclamado es el de MetlLife Inc y Metlife Servicios SA, con participación accionaria en Met AFJP, por la eliminación del régimen de capitalización y su absorción por el régimen de reparto en el Sistema Integrado Previsional Argentino a partir de la ley N° 26.425. El monto reclamado ascendía a USD 505 millones, más intereses y costas. El 5 de abril pasado, el CIADI otorgó a las demandantes una indemnización de USD 6,8 millones más intereses, anteriores al laudo al 4 de agosto de 2023 de USD 1,5 millones, y post-laudo hasta la fecha en que se efectúe el pago, más una parte proporcional de las costas incurridas por las demandantes junto con los costos del procedimiento arbitral. Argentina tiene 120 días para presentar un recurso y pedir la revisión del laudo.

Otra demanda por el mismo motivo fue presentada por Nationale Nederlanden Holdinvest BV, Nationale-Nederlanden Intertrust BV, NN Insurance International BV y Orígenes AFJP SA, con un reclamo por USD 157 millones más intereses y costas. Está pendiente que el CIADI se expida, tras la última audiencia que tuvo lugar un año atrás.

También tramita ante este tribunal otro juicio presentado por la española Abertis Infraestructuras, principal accionista de Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO), que el año pasado demandó a la Argentina por el intento del presidente Alberto Fernández de anular el convenio de renegociación de los contratos de concesión firmado en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri. La compañía considera que nuestro país violó el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Argentina de 1991 y presentó un reclamo que asciende a casi USD 300 millones, más intereses y costas.