Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que Camacho ha aceptado llevar la defensa de Gómez en el procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid desde el pasado abril, cuando el juez Juan Carlos Peinado abrió diligencias de investigación.

Antonio Camacho Vizcaíno (Madrid, 11 de febrero de 1964) es un fiscal y político español, miembro del PSOE.  Es fiscal de carrera desde 1991, ha ejercido en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y llegó a ser presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) en 2003. Como político, fue secretario de Estado de Seguridad y después ministro del Interior del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011. Pertenece al ala radical de izquierda en el campo jurídico. Tiene numerosos contactos, y se conoce todos los resortes jurídicos tanto desde dentro como desde fuera así como desde el gobierno. Además, es de la más estricta confianza del PSOE, así que creen que es una buena opción para que Begoña Gómez se vaya de rositas.

Como abogado de Gómez, ya está personado en la causa –que permanece bajo secreto– a la espera de que el instructor ordene nuevas diligencias después de que este mismo viernes tomara declaración como testigos a los responsables de dos medios de comunicación que publicaron informaciones en las que se basa la denuncia de Manos Limpias.

Prorroga del secreto

Según las fuentes consultadas, de momento el juez no ha citado a la esposa de Sánchez como investigada, aunque sí ha permitido que su defensa tuviese acceso a la denuncia y estuviese presente en el interrogatorio a los periodistas para evitar generar indefensiones. Las mismas fuentes, además, han precisado que esta misma semana el instructor ha prorrogado el secreto de las actuaciones.

Cabe recordar que la decisión del juez de abrir diligencias ha contado con la oposición de la Fiscalía que, una vez que tuvo conocimiento de que se había abierto procedimiento, presentó un recurso ante la Audiencia de Madrid pidiendo que ordene el archivo de la causa, según las fuentes fiscales consultadas.

El sindicato Manos Limpias acusa a Gómez de actuar «prevaliéndose de su estatus personal» como esposa del presidente del Gobierno: «Ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas».

El sindicato apoya su denuncia en lo publicado por varios diarios digitales y de papel, así como lo conocido por tertulias televisivas. En una nota de prensa, Miguel Bernad –secretario general de Manos Limpias– recalcó que se basaba en informaciones de medios de comunicación y que en caso de que las noticias no fueran ciertas debían ser «quienes las publicaron» quienes asuman «la falsedad».

La prensa que denunció las actividades de Begoña Gómez ratifica ante el juez la veracidad de sus informaciones 

Este viernes, responsables de dos medios de comunicación que publicaron las noticias en las que Manos Limpias basó su denuncia han ratificado en sede judicial la «veracidad» de sus informaciones.

Tras abandonar los juzgados de Plaza de Castilla en la capital, Nacho Cardero ha explicado que ha ratificado ante el magistrado el interés general y la veracidad de las informaciones publicadas por el diario y ha defendido el derecho de los ciudadanos a estar informados.

El juez que investiga los negocios de la mujer de Pedro Sánchez lo hace con la acusación de tráfico de influencias y corrupción en los negocios que tiene prisión, multa e inhabilitación

A Begoña Gómez le podrían caer hasta 4 años de cárcel

¿Qué suponen las acusaciones a Begoña Gómez? Con el Código Penal en la mano, la mujer de Pedro Sánchez podría enfrentarse a una pena de prisión de 6 meses a 2 años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido e inhabilitación especial para empleo o cargo público de 5 a 9 años en el caso del tráfico de influencias si el delito lo comete un funcionario público o autoridad. Esto supone que en el caso de máxima pena, dos años de cárcel, no llegaría a ingresar en prisión.

Más grave es la acusación de corrupción en los negocios cuya pena es de prisión de seis meses a cuatro años, inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio por tiempo de uno a seis años y multa del tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja ofrecido, solicitado, aceptado o recibido. Aquí en su nivel máximo, cuatro años de cárcel, sí habría ingreso en prisión con sentencia firme.

Fuente: El Independiente | Esdiario

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