TOKYO (AP) — Un alto miembro de la yakuza fue detenido por el presunto robo de tarjetas Pokémon cerca de Tokio en abril, un caso que evidencia cómo los grupos de delincuencia organizada japoneses luchan contra la disminución del número de miembros.
Los agentes de policía que hace unos años estaban ocupados lidiando con miles de integrantes de la yakuza han observado un nuevo fenómeno: grupos desorganizados y poco conectados que creen que estarían detrás de una serie de delitos que en el pasado estaban dominados por la yakuza.
La policía los llama “tokuryu”, gángsters anónimos y jóvenes expertos en tecnología contratados para trabajos específicos. A menudo cooperan con la yakuza, lo que borra la distinción entre ambos y dificulta las investigaciones policiales, afirman expertos y autoridades.
Actualmente, la policía metropolitana de Tokio investiga a seis sospechosos de entre 20 y 30 años, la mayoría de ellos sin vínculos entre sí, que considera que fueron captados a través de las redes sociales para matar, transportar y quemar los cadáveres de una pareja de ancianos en la orilla de un río de Nasu, a 200 kilómetros al noreste de Tokio.
“Es un crimen que se lleva a cabo como un trabajo a tiempo parcial”, dijo Taihei Ogawa, exinvestigador de la policía y experto en criminalidad, en un programa de entrevistas en internet. “Las tareas se dividen, lo que dificulta que la policía pueda averiguar de dónde proceden las instrucciones”.
El número de miembros de la yakuza se redujo a 20.400 el año pasado, un tercio de lo que era hace dos décadas, según la Agencia Nacional de Policía. El descenso se atribuye, en gran medida, a la legislación para combatir el crimen organizado, que incluye medidas como la prohibición de que los miembros de grupos designados abran cuentas bancarias, alquilen apartamentos, compren teléfonos celulares o contraten seguros, según las autoridades.
En el pasado, la yakuza operaba desde oficinas bien señalizadas, a menudo con carteles en la fachada y símbolos de su oficio, como linternas y espadas samurái, visibles a través de las ventanas. Las películas y dibujos animados solían representarlos como nobles forajidos con un código de honor. Su actividad habitual era la extorsión, los juegos de azar, la prostitución, el tráfico de armas, el narcotráfico y los sobornos en la construcción.
Pero la violencia que ejercían las bandas en varios barrios — incluido el tiroteo mortal de 2007 al alcalde de Nagasaki, Iccho Ito, durante su campaña electoral — han llevado desde entonces al gobierno a endurecer el control de armas, las leyes contra el crimen organizado y otras medidas antipandillas.
Los residentes y las empresas también se han movilizado y han presentado docenas de demandas contra esos grupos para prohibirles la entrada a sus comunidades. En diciembre de 2022, la ciudad de Fukuoka solicitó una orden judicial para cerrar una oficina de la rama de la yakuza Yamaguchi-gumi de Kobe cerca de escuelas primarias y secundarias, y le obligó a abandonar la calle seis meses después.
El envejecimiento de los miembros de la yakuza y sus dificultades financieras también han afectado a la organización, según los expertos.
El número de integrantes detenidos en 2023 bajó a 9.610, frente a los 22.495 de 2014, dijo la policía.
Las enérgicas medidas contra la yakuza han llevado a muchos de sus miembros a renunciar y a otros a pasar a la clandestinidad. Pero también han impulsado a las generaciones más jóvenes a unirse a los grupos “tokuryu” en vez de las estructuras criminales tradicionales, afirmó Noboru Suetomi, criminólogo y experto en yakuza, en un artículo reciente.
La policía describe los “tokuryu” como grupos “anónimos y fluidos” que se forman y disuelven repetidamente a través de las redes sociales para llevar a cabo estafas, apuestas ilegales, prostitución y otros delitos, a menudo a distancia o incluso desde el extranjero.
Reclutan a integrantes que no están conectados entre sí y les asignan funciones específicas. Según la policía, aunque a menudo cooperan con la yakuza convencional, invierten sus ganancias en negocios ilegales. “Se han convertido en una amenaza para la seguridad pública”, apuntaron las autoridades.
Aunque las cifras son difíciles de rastrear, más de 10.000 personas vinculadas a los “tokuryu” fueron detenidas entre 2021 y 2023 por presunta estafa, comercio ilegal de drogas y otros delitos, como la falsificación de documentos de identidad, de acuerdo con los registros.
En abril de 2022, la policía desarticuló una red de 19 personas reclutadas de forma anónima que operaba una empresa falsa de telecomunicaciones desde Camboya y estafó a un anciano japonés. Un año después, la policía de Tokio detuvo a seis personas que se pusieron en contacto a través de las redes sociales y perpetraron un sonado robo diurno de relojes y joyas valorados en 300 millones de yenes (1,92 millones de dólares) en una tienda del lujoso distrito de Ginza en la capital.
El jefe de la policía, Yasuhiro Tsuyuki, afirmó el lunes en una reunión con los principales investigadores criminales de las prefecturas, que los “tokuryu” han formado parte de los crecientes casos de estafa a través de las redes sociales y se han convertido en una “grave preocupación”. Además, instó a la policía de todo el país a aunar esfuerzos para atajar el problema y a cooperar también con las autoridades extranjeras.
Tsuyuki sostuvo que la policía debe cambiar drásticamente sus medidas contra el crimen organizado para hacer frente a la nueva amenaza y pidió una reestructuración organizativa y la colaboración de todos los departamentos de investigación, desde el cibernético hasta el de robos y fraudes.
Para reforzar las medidas, la policía puso en marcha en abril una unidad conjunta de investigación especializada en redes sociales y estafas telefónicas. La agencia también intensificó la vigilancia policial en los distritos de ocio y las medidas contra los delincuentes juveniles y las bandas de motoristas.
La Voz
por