De aprobarse la ponencia ante la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE), que pide elevar pliego de cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Petro, se avala la investigación en la que los magistrados Prada y Ortíz formulan responsabilidades por violación de los topes electorales al entonces candidato, al gerente de la campaña Ricardo Roa y a los auditores de la misma, conductas que desde el año 2017 tiene alcances penales. La decisión se conoció en medio de la tormenta judicial y política desencadenada por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que ha impactado al Gobierno y al Congreso. A Ricardo Roa, su gerente de campaña, Petro lo nombró presidente de Ecopetrol, la segunda empresa petrolera más grande de Latinoamérica y una de las 14 mejores del ramo en el mundo, con la misión de acabar, según Él, con la corrupción reinante, conociéndose en estos momentos que los ingresos y ganancias de Ecopetrol cayeron durante el primer trimestre de este 2024 en 19.4 por ciento al sumar 31.3 billones de pesos y significar una caída del 29.1 por ciento frente al mismo período de 2023. Los dineros que habrían entrado a las cuentas de la campaña “Petro Presidente” se habrían excedido en $5.355 millones. $3.709 millones en la primera vuelta y $1.646 millones en la segunda. La investigación esclareció que el aporte del poderoso sindicato de la USO fue de $1.033 millones de pesos y no de $600 millones como se dijo inicialmente, al igual, Omar Arango, exdirectivo de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) reconoció el aporte a la campaña a través de la Colombia Humana por valor de $500 millones, en un cheque girado a Dagoberto Quiroga en calidad de representante del Movimiento. En el caso de Roa y los demás implicados, el CNE deberá compulsar copias a la Fiscalía para continuar las investigaciones que ya venían desde la administración anterior. Valga la pena aclarar entonces, que el CNE por mandato de la ley estatutaria está facultado para regular, inspeccionar, vigilar y controlar toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos. En cuanto toca con el presidente Petro, a la Comisión de Acusaciones de la Cámara le corresponde por ley conocer de dichas conductas, una vez el CNE compulse copias en torno a la investigación de la campaña en que el Presidente como candidato violó los topes máximos señalados por la Constitución y la ley. Como todo lo de Petro, inmediatamente en su cuenta X escribió: “Con la radicación de la ponencia se inició el golpe blando. Estamos ante una arbitrariedad. Una instancia administrativa formula cargos al presidente de la República. Es una abierta ruptura constitucional que se responde con la fuerza del pueblo. A los colombianos progresistas en el exterior corresponde iniciar las campañas en el mundo contra el golpe de Estado en Colombia”. Su partido, el Pacto Histórico a través del Representante a la Cámara Alfredo Mondragón, respondió: “Invitamos al pueblo a tumbar el intento de golpe contra el presidente Petro”. Igual, el Representante Alejandro Toro dijo: “Ante la arremetida judicial viene la movilización popular” Ahora bien, el CNE podrá avanzar en las investigaciones si el pleno del tribunal electoral así lo decide o, de lo contrario, ordenar el archivo del proceso. ¿De dónde acá, según Petro, estamos ante una arbitrariedad? ¿En qué sustento jurídico se apoya para decir que la investigación del CNE es una ruptura Constitucional? Si el CNE está facultado para investigar violaciones a los topes de ley en la financiación de las campañas ¿Cómo por qué Petro cree estar por encima de la norma? El CNE no está investigando al presidente, está investigando su campaña como candidato que fue, compulsando en caso de encontrar pruebas, copias a la Comisión de “Absoluciones” de la Cámara. Desde Cartagena, el pasado miércoles, Petro lanzó nueva amenaza al país al decir que si se desconoce el voto popular de 2022, que lo llevó a la Casa de Nariño, instaurará el poder constituyente de manera inmediata. Como lo expresamos en nuestra columna del 28 de abril, está creando el clima perfecto para declarar el Estado de Conmoción Interior contemplado en el artículo 213 de la Constitución y así poder expedir decretos con fuerza de ley, cerrando el Congreso y las Cortes y poner en marcha el “proceso constituyente” que lo atornillará en el poder. Ahí sí, empezaríamos a vivir sabroso.
Alberto Zuluaga Trujillo. Alzutru45@hotmail.com
