Durante la dictadura primorriverista, la corporación municipal de Algeciras actuaba como si tuviera una única voz. En las actas capitulares se hacía constar que: “se acordó, por unanimidad, aprobarla (el acta de turno) y sin rectificaciones”. Para el gobernador civil esto respondía a: “Su perfecta compenetración con la actuación del señor alcalde y a la subordinación que en estos organismos debe existir cuando, […] los asuntos a tratar solo se dirigen al bien de la ciudad y al enaltecimiento patrio; que los señores concejales están todos revestidos de la autoridad que el Estatuto [Municipal] les otorga, no debiendo sentir, como alguien se ha permitido motejarlos, el que no hayan sido elegidos por sufragio popular, pues dice que el voto no siempre responde a la voluntad ciudadana, por las malas artes que, para lograrlo, se emplean”.

Sin duda, la disidencia estaba presente en la alusión del gobernador a la crítica del voto popular, sepultado primero por la fraudulenta acción del caciquismo precedente y ahora por la Unión Patriótica, el partido único, que se había formado por miembros del turnismo y se vinculó, en exclusiva, a la figura del dictador. Se definía como un “partido político, pero apolítico, que ejerce una acción político-administrativa” y que hacía suyo el lema regeneracionista de «menos política, [y] más administración”.

A él pertenecía Laureano Ortega Arquellada, jefe local del partido, que fue elegido alcalde por unanimidad el 23 de abril de 1928, sin que fuera concejal ni estuviera incluido en la lista de los mayores contribuyentes.

El gran proyecto de 1929

El 26 de noviembre, el flamante alcalde presentó un ambicioso plan para la ciudad, por ello solicitó la aprobación de un presupuesto extraordinario para que se pudieran redactar los proyectos y se gestionase el necesario empréstito que los hicieran posible, ya que ni con los ingresos ordinarios “ni aún con el doble”, se podrían llevar a cabo. Su propuesta fue aceptada por “aclamación y dentro del mayor entusiasmo.”

El 25 de abril de 1929 presentó el programa, para el que obtuvo un crédito de 3.890.000 pts. del Banco de Crédito Local (BCL), a pagar en 50 años, con un interés del 5,30 % anual y en anualidades de 262.432 pts. y 48 cts. Se preveía concluirlo en 14 meses y para cumplirlo el Ayuntamiento se endeudaba con el 80% de los bienes de propios.

De las tres propuestas para llevarlo a cabo se tomó en cuenta la de Eladio Goizueta Díaz, porque preveía que, si hubiera un sobrante del presupuesto, se invertiría en la construcción de casas baratas, por lo que se aprobó por unanimidad. Las escrituras de adjudicación y de crédito se firmaron el 29 de septiembre, y como estaba previsto, el constructor se comprometió a ceder el 6% de sus certificaciones para la construcción de las casas baratas, lo que aceptó la Corporación, sin que hubiera compromiso alguno, reservándose la gestión de auxilio ante el Estado, la confección del proyecto y su tramitación.

Si bien este proyecto emocionó a la Corporación, su ejecución y amortización sería objeto de una polémica que se arrastraría a lo largo de los próximos años.

De todas las actuaciones previstas, la del mercado fue la primera en diseñarse. Su conservación era más que deficiente y necesitaba reparaciones continuamente, por ello se pensó en clausurarlo y demolerlo, pero para ello era preciso expropiar las casillas del mismo. Una vez convenida la compra de los puestos con la mayoría de sus propietarios, su demolición se llevó a cabo a principios de 1930.

El arquitecto municipal desaconsejaba su construcción en el lugar histórico a causa de las filtraciones de las aguas subterráneas, lo que obligaba a continuas reparaciones. Había que hacer uno nuevo, pero en otro emplazamiento. Se propuso la Huerta del Ancla, que pasó a propiedad municipal tras un acuerdo con su propietaria.

Plaza de la Constitución (Plaza Alta) hacia 1930.

No todos estuvieron de acuerdo con la nueva ubicación. El 17 de mayo se leyó un alegato de varios vecinos, solicitando su construcción en el solar histórico por razones de seguridad y por lo “alejado” que estaría el nuevo de la ciudad. El alcalde no lo consideró viable, pero al insistirse en ello, se sometió a votación y salió por mayoría que los concejales eran favorables a su construcción en el lugar tradicional. El secretario tomó la palabra para hacer saber lo que esto significaba ya que, entre otros inconvenientes, habría que indemnizar al contratista como perjudicado, a lo que se unió el interventor, por lo que dos concejales cambiaron su voto y con ello se acordó la continuación de las obras en su nuevo emplazamiento.

La otra acometida importante fue la expropiación de los jardines particulares del paseo de Cristina, para la construcción de un parque municipal. La idea era antigua y se hizo posible a lo largo de 1929, cuando se llevaron a cabo el grueso de las adquisiciones de los jardines.

La salud pública también tuvo su espacio con la construcción del edificio para Instituto Regional de Higiene. El 31 de enero de 1929 se dio cuenta de la reunión que el día 27 tuvieron los alcaldes de la Mancomunidad Sanitaria con el gobernador militar para tratar sobre la creación y sostenimiento del Instituto de Higiene, al que contribuirían solidariamente los ayuntamientos, asignando el 1% de sus presupuestos.

La Junta Administrativa del Instituto Regional de Higiene del Campo de Gibraltar, presidida por el general gobernador del Campo de Gibraltar, agradeció al Ayuntamiento el ofrecimiento de un local “que está en vías de realización”, en 1930.

El cuarto proyecto, al que se le dedicaron frecuentes referencias en las actas, se refería a la plaza de la Constitución. 

Éstas fueron las propuestas a las que se les dedicó mayor atención, pero hubo otras que se llevaron a cabo sin tener consignación, caso de la remodelación del salón de sesiones.

El 14 de mayo de 1930 se llevó al pleno el acuerdo de la comisión permanente de 9 de abril para “decorar la sala de sesiones con la reproducción en azulejos del cuadro que representa la Conferencia de Marruecos, en una de sus sesiones celebradas en este salón y, expuesto por el señor alcalde la conveniencia, o no, de revestir con iguales azulejos las demás partes de las paredes”.

Mosaico cerámico de una de las sesiones de la Conferencia Internacional de Algeciras de 1906.

Esta remodelación se llevó a cabo entre el 20 de octubre y el 30 de diciembre, porque durante ese intervalo la Corporación se reunió en el despacho del alcalde, “por hallarse en reparación el salón de actos”.

El proyecto de la construcción de una barriada de casas baratas se perfiló a partir del 19 de mayo de 1930, cuando la Corporación autorizó la inversión del 6% de los pagos que el Ayuntamiento realizaba al contratista, y que éste cedió para la compra de los terrenos necesarios para la construcción de una barriada de 300 casas. Con ello se pretendía resolver el problema de la vivienda “proporcionando casas cómodas, higiénicas y baratas al elemento obrero y empleados de poco sueldo”, y de camino conseguir una inyección económica de un 5% para las arcas municipales.

El 15 de julio se presentó un proyecto, mucho más ambicioso, firmado por el ingeniero Eduardo Torroja Miret, en el que se proponía la edificación de 590 viviendas sobre una superficie de 61.751 m2, con un coste de 83.363 pts. y 85 cts. Lo construido ocuparía una superficie de 17.049 m2, siendo los 44.702 m2 restantes calles, jardines y paseos públicos.

El 22 de septiembre el proyecto se encontraba encauzado, pero debía ser aceptado por la Sociedad Anónima Fomento de la Vivienda Popular de Barcelona, a reserva de las modificaciones que introdujera el Ministerio, que debía autorizar la concesión y el subsidio pertinente. Todo parecían ventajas, pero el 30 de diciembre la Corporación acordó por no reconocer la posibilidad de percibir el auxilio del estado, mientras no hubiera consignación para la construcción prevista. El secretario alertaba de que además del 6% del presupuesto de obras extraordinario, cedido por el contratista, era necesario el auxilio económico del Estado, por lo que el Ayuntamiento precisaba que la sociedad se comprometiera, mediante escritura pública, a anticipar la cantidad equivalente al subsidio del Estado, y que se subrogaría en los derechos del Ayuntamiento para cobrarlo del Estado. Se dio cuenta al pleno para que adoptase el acuerdo de renuncia si la corporación creía garantizada la construcción del proyecto. Nada más se supo de este proyecto.

Artículo publicado en el número 60 de Almoraima, revista de estudios campogibraltareños