Abogados de Ball & Chain dicen que se alteraron distritos de Miami para proteger casa de Carollo del embargo
El comisionado municipal de Miami Joe Carollo subió al estrado del tribunal federal el viernes por la mañana para responder a preguntas sobre si manipuló el mapa electoral de la ciudad con el fin de proteger su casa de Coconut Grove de ser embargada para satisfacer parte de una sentencia multimillonaria en su contra.
Los detalles presentados en la audiencia probatoria del viernes se sumaron al diagrama de Venn entre la disputa sobre el mapa electoral de la ciudad y el litigio en curso entre Carollo y dos hombres de La Pequeña Habana que acusan al comisionado del Distrito 3 de dirigir una campaña de acoso contra sus negocios. El año pasado, un jurado concedió a esos empresarios, Bill Fuller y Martín Pinilla, una sentencia de $63.5 millones en la primera de sus demandas.
En un esfuerzo por cobrar la sentencia, el Servicio Federal de Alguaciles inició en febrero el proceso de embargo de la casa de Carollo, su mayor activo. “Es básicamente todo lo que tengo”, dijo el viernes.
Los abogados de Carollo han argumentado que su casa de Morris Lane es su residencia legal en virtud de una disposición constitucional estatal que protege este tipo de propiedades de ser embargadas para pagar una sentencia judicial. El principio es independiente de la exención de propiedad de residencia que reduce los impuestos sobre la vivienda que la gente tiene que pagar en las casas ocupadas por sus propietarios.
Carollo se mudó de la casa en 2016 cuando se postuló para el cargo en el Distrito 3 porque, en ese momento, la casa estaba ubicada en el Distrito 2. El viernes, sus abogados señalaron evidencia –incluida las declaraciones de impuestos, la licencia de conducir y la cuenta de DirecTV del comisionado– para demostrar que se mudó nuevamente a la casa de Coconut Grove en abril de 2023, días antes de que comenzara el juicio de Fuller y Pinilla.
La casa de Carollo estaba originalmente programada para una subasta en marzo. Pero un juez acordó previamente retrasarla hasta que los tribunales resuelvan el asunto de si Carollo y su esposa, Marjorie, tienen protección constitucional. Semanas después de que el Servicio Federal de Alguaciles iniciara el proceso de embargo de la casa a principios de febrero, los Carollo presentaron declaraciones juradas en el Condado Miami-Dade, alegando que su casa es su residencia legal según la Constitución de la Florida.
Los abogados de Fuller y Pinilla argumentan que la exención de lugar de residencia no aplica a Carollo debido a su “manipulación fraudulenta y atroz” de los mapas electorales de la ciudad.
La primera versión de un mapa electoral que la Comisión Municipal consideró durante el proceso de modificación de distritos en 2022 mantuvo la casa de Carollo en Coconut Grove en el Distrito 2. Pero una versión posterior del mapa llevó a la casa de Carollo al Distrito 3. La comisión aprobó ese mapa por 3-2, con Carollo como voto decisivo.
Los demandantes sostienen en una reciente presentación que las acciones de Carollo en el asunto de la modificación de distritos estuvieron “dirigidas única y exclusivamente a ponerlo en posición [de] mudarse de nuevo a una propiedad en Morris Lane que había abandonado años antes con el único propósito de proteger esa propiedad de los acreedores judiciales”.
Miguel De Grandy, que fue contratado por la ciudad como consultor de modificación de distritos en 2021, también fue llamado al estrado el viernes. Dijo que, si bien nunca discutió la protección de activos con Carollo durante el proceso de modificación de distritos, sí tuvo en cuenta el deseo de Carollo de estar en el Distrito 3, aunque dijo que Carollo nunca le dio instrucciones para trazar la casa de Morris Lane en el distrito.
De Grandy dijo que trató de obtener un voto de consenso de la comisión sobre el nuevo mapa de distritos.
“Dije que pensaba que le haría feliz, sí”, dijo De Grandy el viernes, refiriéndose al testimonio previo que dio sobre la adición de la casa de Carollo al Distrito 3.
Carollo testificó que no fue un conflicto para él votar sobre el mapa en 2022 que añadió su casa al Distrito 3 porque, en ese momento, no preveía mudarse de nuevo a Morris Lane en un futuro próximo.
“No tenía una bola de cristal delante de mí”, dijo Carollo, y agregó que otros factores, incluyendo moho y paredes agrietadas, los llevaron a él y a su esposa a dejar su casa de alquiler en La Pequeña Habana y mudarse de nuevo a la casa de Coconut Grove cuando lo hicieron.
El ex comisionado del Distrito 2 de la ciudad Ken Russell, quien trabajó junto a Carollo, también fue llamado al estrado.
Al preguntarle sobre si la incorporación de la casa de Carollo al Distrito 3 tenía un propósito legítimo, Russell dijo que “ninguno en absoluto”.
“No había ningún propósito legítimo”, dijo, y agregó que él y su personal de la ciudad discutieron con frecuencia cómo la casa de Carollo “estaba siendo protegida en este proceso”.
Después de que un juez federal dictaminara a principios de este año que la ciudad había manipulado racialmente su mapa electoral de 2022, la ciudad llegó a un acuerdo de conciliación provisional con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representa a los activistas del derecho al voto que demandaron a la ciudad. El nuevo mapa propuesto sacó la casa de Carollo del Distrito 3, reuniendo a todo Coconut Grove en el Distrito 2. Los comisionados aceptaron los términos del acuerdo de conciliación en una reunión privada, según la presidenta Christine King.
Pero cuando el acuerdo de conciliación fue ante la comisión para su aprobación final en la reunión de la semana pasada, Carollo encabezó la carga para aplazar la votación. Carollo pidió el aplazamiento en parte debido a la ausencia del comisionado Damián Pardo, a pesar de que Pardo había expresado anteriormente su apoyo al acuerdo de conciliación.
Jeffrey Gutchess, un abogado de Fuller y Pinilla, dijo el viernes que el aplazamiento fue un movimiento estratégico por Carollo para que pudiera acudir a la audiencia del viernes con su casa todavía en el Distrito 3.
Pero Mason Pertnoy, abogado de Carollo, calificó el argumento general de los demandantes de “pista falsa”, afirmando que pretenden “dejar sin sentido” la protección constitucional estatal de la propiedad que protege la casa de Carollo frente a embargos.
El destino de la casa de Carollo sigue en el aire. La jueza auxiliar federal Lauren F. Louis, que supervisó la audiencia probatoria del viernes, tiene previsto remitir posteriormente su recomendación al juez del Tribunal Federal de Distrito Rodney Smith, quien supervisó la demanda federal que dio lugar a la sentencia de $63.5 millones.
Joey Flechas, editor adjunto del Miami Herald, contribuyó reporteando.
