Mientras al caso lo va cubriendo un manto de impunidad, la familia del fiscal Antidrogas dio a conocer un comunicado en el segundo aniversario del crimen, en el mismo señalan que: “No ha habido suerte en encontrar entusiastas investigadores como sí hemos encontrado en Colombia. Autoridades a quienes hemos agradecido en su momento por el trabajo que han llevado a cabo”. Sostienen que el ideal de justicia se cumpliría “realizando cuantos actos conducentes a la averiguación de los autores intelectuales pudiesen haberse realizado en el Paraguay”.
En su mensaje, la familia Pecci agrega que, el olvido es la peor forma de injusticia “porque el dolor no cesa y la putrefacción no sana”, e indican que el nombre de Marcelo Pecci no sonó ni en los discursos públicos, por lo menos para decir que se está buscando algún tipo de justicia. “Ni se ha intentado disimular y que el olvido provocado es aún peor”, añade.
Por este caso, además de los hermanos Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos fueron condenados Margaret Chacón Zúñiga, la esposa de Andrés, a 39 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado y portación ilegal de armas. Asimismo, a 23 años y seis meses de prisión fue condenado Wendre Still Scott, venezolano, quien efectuó el disparo; Eiverson Adrián Arrieta Zabaleta, el conductor de los asesinos y Marisol Londoño Bedoya y Cristian Camilo Monsalve Londoño (madre e hijo), ambos cómplices del hecho.
Del autor o autores morales o intelectuales nada se ha podido esclarecer dos años después.
Resulta interesante el análisis del abogado colombiano Francisco Bernate, que representa legalmente a la familia Pecci en Colombia, quien afirmó que Estados Unidos podría ayudar a resolver el crimen del fiscal Marcelo Pecci; el abogado había apuntado que Pecci pudo haber tenido a su cargo investigaciones del interés de EEUU y esas investigaciones pudieron ser el motivo por el cual fue asesinado en una playa de Cartagena, Colombia, en mayo de 2022.
Recordemos que recientemente se abrió una investigación en Estados Unidos por la muerte del fiscal, debido a que surgieron sospechas de que el pago del crimen se realizó a través del sistema financiero norteamericano. De hecho que hubo hace poco tiempo una visita de una comitiva de agentes de la Fiscalía y de la Administración de Control de Drogas (DEA), a Colombia, para entrevistar a los principales implicados en el homicidio.
El caso del asesinato del fiscal Pecci es fundamental para nuestro país, por ello precisamente se debe insistir en la necesidad de que haya una condena ejemplar a los autores, intelectuales y materiales del asesinato. Pero resulta vergonzoso para la justicia paraguaya que Colombia, en menos de 30 días, logró capturar a los responsables y llevarlos a la Justicia; mientras que la Justicia paraguaya sigue enredada y dubitativa.
Si no se detiene la poderosa influencia del narcotráfico y el crimen organizado en nuestras instituciones, estaremos poniendo en riesgo nuestro propio estado de derecho. La democracia en el Paraguay estará en riesgo mientras haya poderes ocultos que acumulan poderío y definen las reglas. Marcelo Pecci solo tendrá justicia cuando se devele quién ordenó su muerte.
