Los problemas económicos y laborales, los problemas de infraestructura y la delincuencia común son transversales y persistentes en la zona y corren el riesgo de quedar ocultos tras la narrativa del ‘conflicto mapuche’.
- El atentado a tres carabineros el 27 de abril de 2024 invita a revisitar las dinámicas de convivencia y conflicto en las regiones de la zona sur de Chile entre Biobío y Chiloé.
- La Encuesta Especial CEP 87, realizada exclusivamente en las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos en el año 2022, revela una continuidad en las percepciones de las poblaciones mapuche y no mapuche en lo relativo a su experiencia cotidiana. Existe un genuino reconocimiento mutuo que emerge desde las prácticas sociales y que revela vivencias comunes en relación con los principales problemas de la zona y las expectativas de resolución de problemas de tierras y de servicios públicos. Sin embargo, esta experiencia se ve profundamente afectada por hechos de violencia.
- Mediante el empleo de métodos de análisis digital de texto contenido en respuestas a preguntas abiertas de la Encuesta CEP 87 de 2022, en este artículo argumentamos que estos hechos de violencia suelen ser asociados de manera regular a la narrativa de ‘el conflicto mapuche’ o ‘la causa mapuche’, lo que oculta la variedad de experiencias comunes que las poblaciones de la zona comparten. Esta narrativa es más predominante en el área Costa Norte de las zonas analizadas, existe con menor intensidad en el área que llamamos Interior y prácticamente se disuelve en el área Sur.
- El artículo concluye que, cuando se observan en detalle estas experiencias, los problemas económicos y laborales, los problemas de infraestructura y la delincuencia común son transversales y persistentes en la zona y corren el riesgo de quedar ocultos tras la narrativa del ‘conflicto mapuche’. Para el diseño de políticas públicas esto es altamente relevante, pues exige una aproximación dual: por un lado, una intervención policial para desarticular los problemas de grupos armados, narcotráfico y crimen organizado de la zona, y por otro, una intervención social para mejorar las condiciones productivas y los resultados de los servicios públicos en la zona en materias de infraestructura de agua y caminos y de servicios sociales como educación, salud y transporte.
