Tomo prestado el título de la película de los años ochenta Entre pillos anda el juego, protagonizada por Eddie Murphy y Dan Aycroid.

Pasaron las elecciones catalanas. Tal y como se preveía el resultado ha dejado la gobernabilidad de Cataluña en manos de no se sabe quién. Los analistas políticos andan como locos estableciendo pronósticos que en la mayoría de las ocasiones no responden a la realidad de los resultados sino al deseo de cada cual.

No hay duda de que el gran ganador de las elecciones ha sido el PSC. Esa victoria no le garantiza el gobierno. Cuarenta y dos diputados están lejos de la mayoría absoluta, que se sitúa en los sesenta y ocho. El otro partido constitucionalista, PP, ha quintuplicado su representación; de tres ha pasado a quince diputados. Cuarenta y dos más quince no llegan a los sesenta y ocho. Los seis diputados de Comuns, con una bajada de dos, no contribuirían tampoco a una mayoría absoluta en el supuesto de que decidieran apoyar a Illa para que presidiera la Generalitat. ERC sería el apoyo fundamental para el PSC si no fuera porque los republicanos han decidido pasar a la oposición cualquiera que sea el escenario que se presente.

JxCat exige que su líder, el prófugo Puigdemont, sea el más votado para la Presidencia del Gobierno catalán. JxCat está a siete diputados por debajo del PSC. La aspiración de Puigdemont no tiene ninguna lógica si se analiza el futuro parlamento catalán teniendo en cuenta solo la situación electoral catalana.

¿Por qué, entonces, esa aspiración carente de cualquier lógica? Puigdemont trata de compensar su debilidad en Cataluña con su fortaleza en la gobernabilidad en España. Estamos ante un nuevo intento de chantaje del huido de la Justicia. Su discurso se entiende perfectamente: “El PSOE obliga al PSC a tragarse su mayoría y apoyar de la forma que se estime la candidatura de Puigdemont a cambio de que el grupo de este en el Congreso de los Diputados siga manteniendo su apoyo a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno”. O sea, el PSOE exime a Puigdemont de una condena por sedición y malversación mediante la aprobación de una ley de amnistía y, encima, como premio extraordinario, le hace presidente de la Generalitat.

El PSOE no puede ceder a ese chantaje salvo que quiera que los socialistas pierdan cualquier crédito en Cataluña y en el resto de España.

Si de lo que se trata es de jugar a ver quién es más pillo, el PSOE puede aceptar el reto y utilizar un instrumento que evitaría el chantaje y conduciría a Puigdemont a una huida permanente que le imposibilitaría poner un pie en Cataluña. Puigdemont cuenta con que la ley de amnistía que ha propuesto el PSOE sigue su curso y su andadura. Lo que garantizaría al prófugo su vuelta a España. Tan seguro está de que eso será así, que ha anunciado su candidatura para la investidura como presidente de Cataluña. Para poder presentarse en el Parlamento y pronunciar su discurso de investidura tiene que tener la completa seguridad de que no será detenido cuando acuda a la sesión de investidura. Es decir, tiene que estar seguro de que la ley de amnistía ha cubierto todos los plazos del Congreso, Senado publicación en el BOE.

Ese camino y el final del mismo dependen del PSOE. Su grupo parlamentario puede demorar la aprobación definitiva de la ley de amnistía e incluso rechazarla si Puigdemont insiste en su chantaje: presidente de Cataluña por presidente del Gobierno de España.

En mi opinión, la ley de amnistía no debería salir aprobada del Congreso de los Diputados hasta que Illa no sea investido presidente de la Generalitat con el voto a favor o la abstención del grupo de Puigdemont. Si el prófugo insiste en su pretensión y en su chantaje, el PSOE debería tratar a Puigdemont como a cualquier delincuente sin ningún tipo de indulto o amnistía, hasta que recapacite y acepte que el independentismo que él representa ya no es mayoría en Cataluña. El intento de chantaje de Puigdemont, lejos de conducirle a la Presidencia catalana, terminaría con el prófugo en la cárcel, para que sepa cómo vivieron sus colegas independentistas su fuga y traición.

Hasta ahora la sensación es de que los independentistas de Junts han llevado las de ganar en los desafíos del separatismo al Estado. Es hora de jugar a su juego y pararlos en seco utilizando sus mismas armas. Ya desapareció el delito de sedición, la modificación de la malversación de fondos públicos y la ley de amnistía. ¡Ya les vale!