María Silvia de la Zerda
La democracia, como sistema de gobierno, es uno de los que menos ha cambiado desde sus orígenes. En un mundo donde la economía, la sociedad, la tecnología, la infraestructura, la educación sufren rápidas transformaciones, cabe preguntarnos: ¿por qué nuestro sistema político no ha innovado y cuáles son los efectos que trae esta omisión a nuestra sociedad? En otras palabras, estamos viviendo en un contexto en donde tenemos ciudadanos del siglo XXI que se vinculan con instituciones del siglo XX o XIX.
Información digital
Si el siglo XX se caracterizó por modalidades verticalistas de la difusión de la información y el saber dirigidas de arriba hacia abajo, el siglo XXI se identifica por dinámicas que van de abajo hacia arriba (redes). Estamos transitando un periodo en que los gobiernos han perdido el monopolio de la información.
Hoy los ciudadanos están conectados gracias a la propagación casi universal de los teléfonos inteligentes y las redes sociales y al incesante avance de Facebook y Google. Las redes aprovechan su velocidad, casi invisibilidad y manejo de la esfera de la información para generar inquietud en la autoridad. Cuando la sociedad en su conjunto se halla conectada en redes se convierte en portadora de la órbita de información, constituyendo un desafío existencial para la legitimidad de todo gobierno con el que se encuentra. A medida que el relato legitimador del gobierno se vuelve inconsistente y menos persuasivo, el ciudadano que ha tomado el control efectivo de las herramientas de comunicación ajusta su referencia sobre el mundo en oposición a la del régimen uniéndose a otros miembros descontentos que las utilizan para transmitir sus opiniones y fracturar la relación con quienes mandan.
El ingreso del hombre a los canales digitales coloca a los gobiernos sobre el filo de una navaja, donde cualquier hecho adverso puede convocar a las personas conectadas en red a salir a las calles. Esta es la situación actual para los gobiernos autoritarios y las democracias liberales.
La crisis en el mundo concierne a la pérdida de confianza en el gobierno, en sentido amplio. La caída masiva de los relatos legitimadores no deja margen para el error. Cualquier chispa puede hacer volar por los aires a cualquier sistema político, en cualquier momento, y así algo tan abstracto como la información puede influir sobre algo tan concreto como el poder político.
Y ahora, ¿qué hacemos?
Las nuevas derechas pasan por un momento de marcado auge merced al agotamiento de los gobiernos, pero también debido a las redes sociales que conectan rápidamente modos de pensamiento y acción heterogéneos.
Varios aspectos de la democracia representativa se volvieron menos democráticos, y así los percibe el individuo. La desconfianza de la ciudadanía de los sistemas de votación para elegir a sus representantes (creando mayorías ficticias), la posibilidad de fraude mediante la utilización del voto electrónico o la imposición de candidatos por parte de los partidos políticos (muchas veces sin idoneidad suficiente) hasta la autonominación de sus autoridades sin una participación real y cierta de sus afiliados, lleva a un deterioro progresivo de la actitud hacia las estructuras establecidas.
Esta crisis de los partidos produjo la irrupción en Argentina de nuevos espacios políticos que acceden al poder haciendo un uso novedoso de las redes sociales, manejadas en su mayoría por los jóvenes. (Caso de LLA).
Pasamos a una repentina variabilidad de la historia, así, en pleno auge de la democracia liberal el individuo se encuentra frente a la era de las disrupciones. Desde el mismo momento en que el mañana no se parece al ayer, podemos ver el escepticismo y desconcierto que experimentan los ciudadanos.
Frente a este escenario es necesario reflexionar: ¿cómo podemos innovar para mejorar nuestro sistema político?
Las personas toman decisiones a partir de estereotipos que abstraen de políticos, publicistas y de los medios de difusión expresándolo en las urnas, pero la democracia espera algo más, esto es que sean capaces de pensar y actuar por sí mismas y poder participar en las grandes medidas del gobierno.
La incertidumbre que está viviendo nuestro sistema ‘de convivencia’ requiere que todos los sectores, pero sobre todo los políticos y académicos, conciban opciones para repensar un nuevo diseño institucional que mejore la democracia representativa.
Una alternativa, cada vez más visibilizada, es empezar a pensar si la revolución digital que venimos hablando no puede ser un instrumento para volcar más participación ciudadana a las decisiones públicas. Se ha dicho que las redes sociales pueden protestar y derrocar, pero no gobernar. Es hora de preguntarnos si no es momento de cambiar radicalmente nuestra forma de pensar. ¿Qué pasaría si nuestros representantes utilizando los medios digitales empezaran a consultar a la ciudadanía sobre temas realmente importantes o trascendentes para así luego tomar las decisiones?
Este interrogante involucra una innovación radical. El proceso de participación ciudadana es un valor fundamental de la democracia. Si bien no se pueden reemplazar los órganos constituidos, es posible enriquecer sus decisiones y el diseño de políticas públicas mediante una extraordinaria fuerza legitimante.
La democracia ateniense («demos»- pueblo y «cratos» – poder) consideraba «ciudadanía» a la élite, que se reunía en el ágora (plaza pública) para debatir los asuntos públicos. Una democracia directa o una democracia cara a caraLas democracias actuales, en cambio, surgen como reacción a regímenes autoritarios y requieren una compleja ingeniería institucional. Las diversas Constituciones establecen una democracia representativa y que hoy demanda más dinamismo.
La participación ciudadana legitima los procesos políticos y, al mismo tiempo, crea cultura política. Diversos Pactos internacionales establecen el derecho de los ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos públicos: Convención Americana sobre Derechos Humanos, art.44; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art.25, entre otros. La Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, 2009 establece que es una responsabilidad y un complemento de los mecanismos tradicionales de representación política.
Ahora bien, el desafío de los gobiernos está en impulsar la participación temprana y darle alcance público al momento de ejecutar la política; vemos a veces la resistencia por parte de las autoridades a la transversalidad de las decisiones políticas institucionales en razón a la verticalidad de sus posiciones, sobre todo cuando formulan las necesidades públicas según su propia visión.
Participación ciudadana e información
Y es que mucho se habla de la participación ciudadana como uno de los objetivos del gobierno abierto, pero hay que preguntarse ¿de qué sirve si no es cualificada? y ¿cómo puede serlo si la gente no dispone de la información que debería suministrar el propio Estado? y más aún, si el individuo no toma parte en el proceso de generarla, por ello no basta con que los gobiernos (municipales o provinciales) puedan crear plataformas digitales si el ciudadano no tiene acceso a la información, que es uno de los aportes más importantes que el Estado puede hacer, pues la persona debería recibir información oportuna y fidedigna que le permita no solo informarse, sino también, en un marco de corresponsabilidad social poder debatir en la toma de decisiones y manejo de los recursos públicos y otros asuntos significativos que puedan impactar en su vida, por ende las plataformas digitales no deberían utilizarse para deliberar solo en temas triviales que no resulten sensibles o lleguen a incomodar al gobierno de turno.
El acceso a la información pública permite que el ciudadano pueda controlar en forma efectiva los actos del gobierno, ejerciendo también, el derecho de petición. Se trata entonces de un control en manos de los ciudadanos que, junto a los otros controles ideados en el marco del Estado de Derecho, contribuyen a fortalecer la transparencia de la función pública.
Lo que se pretende es un uso productivo de las herramientas digitales, del valor público que se anexa, del impacto en el desempeño eficiente de las Órganos del Estado. La capacidad tecnológica del gobierno juega un rol determinante, pues no es cuestión de moda sino de los problemas reales que se resuelven y de cuanto se mejora y vigoriza la calidad institucional, lo que facilitaría la vida de los ciudadanos en su interacción con los poderes públicos.
En otras palabras: quienes nos representan deben actuar de manera tal que podamos percibir que no se gobierna para la sociedad sino con la sociedad