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La UE da su luz verde definitiva al Pacto de Migración y Asilo

Bruselas, 14 may (EFE).- La Unión Europea dio este martes su luz verde definitiva al Pacto de Migración y Asilo, un sistema común para abordar las llegadas de irregulares y gestionar mejor las solicitudes de asilo con el que se quiere poner fin de una vez por todas a las divisiones entre Estados miembros. Bélgica, que preside el Consejo de la UE este semestre, informó de que está preparando “las bases para que las nuevas reglas sean operativas cuando entren en aplicación en 2026”. El pacto, que prevé por primera vez una solidaridad obligatoria para aliviar la carga de los países en primera línea, fue acordado el pasado diciembre entre los Estados miembros y recibió el pasado abril el aval de la Eurocámara siguiendo una hoja de ruta de trabajo acelerada para permitir su adopción antes de las elecciones europeas que tendrán lugar el próximo junio. El mecanismo de solidaridad del pacto significa que cada país miembro deberá contribuir a los esfuerzos para gestionar las llegadas, pero podrá elegir si lo hace financieramente, aceptando refugiados, o de ambas formas. Principales piezas legislativas del pacto: 1.- La actualización del Reglamento Eurodac, la base de datos de almacenamiento de huellas dactilares de los migrantes irregulares. Se amplía su alcance y facilitará los retornos. La base de datos de Eurodac podrá almacenar también imágenes faciales e información alfanumérica, como el nombre, la nacionalidad o el lugar de origen. Entre otras novedades, rebaja de 14 a 6 años la edad mínima a la que se pueden tomar huellas dactilares a los menores. 2.- Reglamento de Control: Su objetivo es reforzar los controles de las personas en las fronteras exteriores. Establece un sistema para procesar a los migrantes irregulares en un periodo máximo de apenas siete días en las fronteras externas de la UE, y de tres si se produce dentro del territorio comunitario. Tras ese periodo, los solicitantes de asilo podrían ser desplazados a otros países de la UE en virtud del mecanismo de solidaridad. Se aplicará a aquellos migrantes que crucen irregularmente las fronteras exteriores de la UE, a los indocumentados que lleguen a puntos de entrada y presenten una solicitud de asilo y a aquellos que desembarquen en costas comunitarias tras una operación de búsqueda y salvamento en el mar. 3.- El Reglamento sobre los Procedimientos de Asilo establece un procedimiento común que los Estados miembros han de seguir cuando una persona pide protección internacional. Crea un proceso acelerado para conceder o retirar la protección internacional en toda la UE, que sustituirá los diferentes procedimientos nacionales y se aplicará sobre todo a quienes migren por motivos económicos y a otros que tengan pocas posibilidades de obtener el estatuto de refugiado. Habrá un plazo máximo de seis meses para tomar una decisión sobre las solicitudes de asilo, que se acortará aún más en caso de peticiones especialmente infundadas. El procedimiento acelerado se aplicará automáticamente cuando los solicitantes se consideren peligrosos para la seguridad nacional, hayan engañado a las autoridades o provengan de países con tasas de concesión de asilo inferiores al 20 %. 4.- El Reglamento sobre la Gestión del Asilo y la Migración (RGAM) sustituirá al vigente Reglamento de Dublín. Establece normas para determinar el Estado miembro que es responsable del examen de una solicitud de asilo. Para equilibrar el sistema actual, por el que unos pocos Estados miembros son responsables de la gran mayoría de las solicitudes de asilo, se establecerá un nuevo mecanismo de solidaridad. Las nuevas normas combinan la solidaridad obligatoria para apoyar a los Estados miembros que no pueden hacer frente al número de llegadas irregulares a su territorio y la flexibilidad para que los Estados miembros decidan sus contribuciones. 5.- El nuevo Reglamento que establece un marco que permite a los Estados miembros hacer frente a situaciones de crisis en el ámbito del asilo y la migración. Establece un mecanismo para responder a aumentos repentinos en la llegada de inmigrantes, como el que se produjo en 2015. Cuando un Estado miembro lo pida, la Comisión evaluará la situación y podrá declarar una crisis y hacer recomendaciones al Consejo. Habrá un mecanismo de solidaridad especial para estos casos, que incluirá más apoyo en forma de reubicaciones o contribuciones financieras. EFE mb/cat/alf

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