En el Cauca, sus habitantes sufren hoy una de las formas más crueles y despiadadas de violencia en su historia. No obstante, esta situación no es exclusiva de esta región; el país en su conjunto experimenta un deterioro generalizado del orden público. Los sectores rurales enfrentan el asedio constante de grupos narcoterroristas, mientras que los sectores urbanos lidian en sus calles con la delincuencia vinculada al microtráfico y con una situación social cada vez más convulsionada.
Lamentablemente, el Huila ha regresado a un pasado sombrío, dominado por la delincuencia organizada sin restricciones. La extorsión y otros crímenes se han convertido en el pan de cada día. Comerciantes y empresarios observan con angustia cómo sus esfuerzos y su trabajo, se desvanecen ante la embestida constante de los criminales. Mientras tanto, el Gobierno, si es que se le puede llamar así, parece desentenderse de la situación, excusándose con argumentos inverosímiles. Su política de “Paz Total” se ha convertido en un “caos total”.
Y no sería justo culpar a los mandos medios de la Fuerza Pública, que desde los coroneles hacia abajo deben acatar órdenes inmediatamente superiores. Sin embargo, es necesario señalar y adjudicar una directa responsabilidad a la cúpula de las fuerzas de seguridad del Estado, constitucionalmente encargadas de proteger la vida, la seguridad y la paz de los ciudadanos.
A pesar de que el actual ministro de Defensa ha permanecido ausente y al Presidente poco parece importarle la seguridad y la vida de los colombianos; los comandantes de las fuerzas militares y el director de la Policía están obligados a actuar, sin importar las circunstancias frente a la autoridad civil.
Resulta desconcertante que, mientras los colombianos sufrimos la inseguridad y la violencia, el comandante de las Fuerzas Militares, se muestre más preocupado por la situación política del país, instando a sus subalternos a “…evitar cualquier participación en política”, algo que ya establece la Constitución. ¿Es que acaso tiene indicios o certeza de que miembros de la Fuerza Pública están interviniendo en política, o hay algo más que los ciudadanos desconocemos?
Es esencial recordar que todos los integrantes de la Fuerza Pública deben defender la Constitución, incluso por encima de cualquier superior. Nuestras instituciones militares y policiales han demostrado su lealtad a este mandato y no participan en la política ni apoyan golpes de Estado, como desde el ejecutivo han tratado de insinuar. El general (r) Eduardo Zapateiro lo dejó claro y le dijo al presidente Petro que frente a rumores infundados de un golpe: “Las Fuerzas Militares jamás darán golpes de Estado, pero sí harán respetar la Constitución para proteger nuestra democracia”.
En conclusión, desde agosto de 2022, en Colombia se perdió la autoridad y, por ende, la seguridad, lo que ha dejado al país a merced de la delincuencia, ‘manga por hombro’. Al igual que el Huila, azotado por las Farc y otros grupos criminales, cada departamento sufre bajo la indiferencia gubernamental. Resulta inexplicable cómo Gustavo Petro continúa promoviendo diálogos y autorizando ceses al fuego “bilaterales” en medio de la actividad criminal descontrolada de los mismos grupos con los que negocia. Esto es un absurdo.