Pocos analistas reconocen el notable trabajo que desarrolla la Policía Nacional, a pesar del limitado número de efectivos y de carecer de equipos de tecnología de última generación, incluyendo unidades motorizadas y armamento.
Sin embargo, superando esas precariedades, han logrado capturar a miles de delincuentes y bandas criminales.
El año 2022 detuvieron a 254,889 personas; el 2023, a 269,420 y, de enero a marzo de este año, apresaron a 55,507 individuos.
Muchos intervenidos, sin embargo, fueron liberados por jueces y fiscales incompetentes o corruptos.
Así ocurrió, por ejemplo, el 21 de noviembre de 2023, cuando allanaron una casa en Pachacámac donde pernoctaban 29 venezolanos integrantes de la banda del Tren de Aragua, a quienes decomisaron armas de fuego, granadas de guerra y drogas. Los facinerosos resistieron a balazos, hiriendo a dos efectivos, pero el fiscal Luis Samaniego y la jueza supernumeraria Leny Zapata los dejaron en libertad, decisión que no sorprende examinando los antecedentes de Samaniego, que registra ocho denuncias por prevaricato, plagio y omisión de actos funcionales.
La corrupción ha llegado a tal nivel que el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, reclama una ley para inhabilitar a perpetuidad a jueces y fiscales que liberen a malhechores, y el general Arriola, por su lado, propone un cambio de legislación que establezca la prisión preventiva automática en casos de crimen organizado.
La PNP también ha desbaratado numerosas bandas criminales. En 2022 capturó a 10,784 de sus integrantes; en 2023, a 11,679, y en lo que va del año lo ha hecho con 2,600.
Sin duda, hacemos frente a una transnacional del crimen, que cuenta con “infraestructura, convenios, inversiones, franquicias y diversificación”, al igual que los negocios lícitos, apunta un informe publicado en el diario chileno La Tercera.
El mismo reporte agrega que: “América Latina es, actualmente, la región con mayor proporción de homicidios relacionados al crimen organizado en el mundo”, y “según InSight Crime, registra más del 50 % de los homicidios y 8 de los 10 países con más asesinatos en el planeta están en la región”.
Arturo Arango, director del Observatorio del Delito y la Violencia, apunta que han diversificado sus operaciones, dedicándose más “a la extorsión, secuestro, robo, asesinato y minería ilegal”, a lo que debemos agregar trata de personas, un lucrativo “negocio” de explotación sexual y laboral que, según la Defensoría del Pueblo, genera ingresos anuales de 1,300 millones de dólares.
Combatir la delincuencia no es tarea exclusiva y excluyente de la PNP, porque ese trabajo lo deben compartir con el Poder Judicial, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas, Serenazgo, empresas privadas, SUCAMEC, Migraciones, Gobiernos Regionales y el INPE, a través de una plataforma unitaria que actúe concertadamente.
No es posible, por ejemplo, avanzar en este propósito cuando existen penales sobrepoblados, que son verdaderos depósitos humanos. La cárcel del Callao tiene capacidad para 580 internos, pero aloja a 3,450; Lurigancho cuenta con 3,204 plazas y hay 9,915 reclusos; Castro Castro dispone de 1,142 cupos y ahí viven 5,262 seres humanos. Existe hacinamiento e insalubridad, y falta de control porque ingresan armas punzocortantes, celulares, drogas y muchos delitos se planifican desde el interior de los recintos penitenciarios.
A lo dicho debemos agregar que el Gobierno no utiliza el potencial de las empresas privadas de seguridad que, por ley, están obligadas a apoyar a la PNP. Son 1,219 compañías y 1,325 sucursales, que cuentan con 107 mil efectivos provistos de 46 mil armas, distribuidos a nivel nacional. Bastaría que estos compatibilicen sus equipos de comunicaciones con la PNP para que los efectivos reciban una alerta temprana y se movilicen al lugar de los sucesos. Pero no se hace, como tampoco autorizan la movilización de militares, como ocurre en Chile, Argentina, Brasil, El Salvador y Ecuador.
La Policía, pues, está sola dando la batalla por la seguridad. No solo se le debe proveer de mayores presupuestos, sino de leyes que faciliten su labor. Una de ellas es devolver a la PNP la función de dirigir la investigación del delito, como establecía la Constitución de 1979 y otra extender el plazo de las detenciones de 48 horas a quince días.

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