El Estado no solo pagó los salarios, dietas y gastos de representación de los diputados de la legislatura pasada, sino también los contratos laborales de sus hijos, quienes recibieron grandes beneficios económicos en la gestión anterior, la cual desembolsó a su favor millones de quetzales del erario.
Por Cristian García
El dinero pagado fue de Q6.06 millones y corresponde a la prestación de servicios técnicos o profesionales (contratos de trabajo temporales) y plazas laborales fijas que dichos familiares consiguieron o mantuvieron en el gobierno del partido Vamos.
Algunos de estos familiares no habían ocupado cargos para las entidades en las que fueron inscritos y otros ya poseían un historial en el Estado, lo cual no exime a la anterior gestión de darle continuidad a sus convenios laborales.
Fue de esa forma que las instituciones comprometieron millones para pagar los salarios u honorarios, mismos que fueron cancelados por el Instituto de la Defensa Pública Penal, el Ministerio de Comunicaciones, el Instituto Nacional de Migración, entre otras instituciones.
En esta investigación se identificaron 17 casos de hijos de legisladores laborando para el Estado. Una de las personas más favorecidas fue Evelyn Alejandra Nájera Corado, quien brindó sus servicios en el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala.
Ella es hija de Carlos Santiago Nájera Sagastume, uno de los políticos del oriente del país con mayor trayectoria. Por su trabajo, recibió Q548,530 principalmente por asesorar en la revisión de documentos en el ámbito jurídico y administrativo.
Ese monto se erogó entre marzo de 2021 y enero de 2024. El Consejo aseguró que la contratación era necesaria para contar con una profesional que asesorara y apoyara en las actividades de su Secretaría Ejecutiva y Dirección de Asuntos Jurídicos.
Por aparte, Heike Alejandra Chacón Kress también consiguió cientos de miles de quetzales, por medio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ella es hija de Sergio Leonid Chacón Tarot, quien fue diputado del partido Valor.
El legislador terminó su mandato el 14 de enero pasado tras representar a Alta Verapaz por cuatro años. Por cierto, fue en ese departamento en el que Heike Alejandra prestó sus servicios profesionales.
Estos los brindó a la Delegación Departamental, de la Inspección General de Trabajo, la que le pidió apoyar en la revisión de resoluciones, oficios y circulares. Además, se le requirió que ayudara en la atención de los usuarios vía telefónica y presencial.
Durante la administración de Giammattei se le pagaron Q456,817. Las dos anteriores referencias pertenecen a plazas temporales. Pese a ello, los convenios de trabajo se extendieron por varios años.
En cuanto al tema de las plazas fijas, el salario más alto se le asignó a Bany Paula Patricia Mejía Siliezar, hija de Maynor Gabriel Mejía Popol y diputado del partido Vamos. Ella fue contratada en el Plan de Prestaciones del Empleado Municipal.
En dicho lugar fue contratada para ser la gerente general, a partir de marzo de 2022, y mantuvo el puesto el resto del período presidencial de Giammattei, que se consideraba un “municipalista” por “apoyar” a las comunas.
Su sueldo es de Q28,000 mensuales, aunque con bonos y dietas (pagos por asistir a reuniones), ha llegado a percibir hasta Q71,150, según información pública revisada por Prensa Comunitaria. La suma erogada a su favor alcanza los Q1.26 millones.
En tanto que Wendy María Mencos Bolaños también tuvo a lo largo del gobierno pasado un cargo permanente en la Corte de Constitucionalidad. En el inicio del período analizado devengaba Q15,575, pero después tuvo un aumento y su sueldo quedó fijado en Q18,400.
Por lo menos, percibió Q814,025 durante la gestión precedente. Ella es hija de Carlos Enrique Mencos Morales, que fue parte del bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), afín a Sandra Torres, en la legislatura pasada. Antes de asumir su curul, él dirigió la Contraloría General de Cuentas.
Como contralor, avaló contratos entre la institución que estaba a su cargo con una empresa vinculada con José Roberto Falla González, primo de Giammattei. El Ministerio Público pidió que se le quitara la inmunidad, pero el exfuncionario sigue sin enfrentar la justicia.
Prensa Comunitaria solicitó a los diputados que todavía ejercen funciones que se pronunciaran si las plazas para sus hijos fue una moneda de cambio para que respaldaran al gobierno de Giammattei. Como en otros casos, no se pronunciaron.
Pormenores
Las gráficas que se presentan a continuación brindan información sobre los hijos de los parlamentarios que, durante la gestión del partido Vamos, estuvieron laborando para alguna institución pública.
La información incluye el órgano público en el que trabajaron, el período del anterior gobierno en el que fueron parte de las nóminas del Estado, si habían laborado en la entidad (antecedentes), el cargo que tuvieron, sus salarios (plaza fija) u honorarios (plazas temporales) percibidos y la justificación brindada por la institución para suscribir el contrato con el hijo o hija del diputado.
* Los datos presentados en este reportaje y en los siguientes de la serie de esta investigación fueron recopilados, procesados y analizados durante seis meses por el equipo de Prensa Comunitaria, en los que se consultó diversas fuentes y registros públicos para brindar datos sobre el patrimonio de los diputados y sus familiares, sus vínculos con empresas contratistas del Estado y las plazas o contratos laborales que obtuvieron o mantuvieron en las instituciones públicas.
** Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).
