El Gobierno abre la puerta a devolver 250 millones requisados al bando republicano

El dinero rojo puede volver a sus legítimos dueños. El bando sublevado requisó miles de millones de pesetas a los republicanos tras la Guerra Civil. El dictador Francisco Franco prometió devolverlos, pero nunca sucedió. El régimen entregó a sus propietarios unos cupones que aún conservan sus descendientes. Hasta ahora, papel mojado. El Gobierno abre la puerta a repararles: ha creado una comisión para evaluar el alcance de la bienes expoliados y ya tramita unos 300 expedientes. La cantidad a desembolsar es una incógnita. Hay diferentes estudios sobre el tema y todos están por encima de los 250 millones de euros.

El artículo 3 de la Ley de Memoria Democrática, en vigor desde octubre de 2022, otorga la calificación de víctima a «las personas que padecieron la represión económica con incautaciones y pérdida total o parcial de bienes, multas, inhabilitación y extrañamiento». El precepto 31 reconoce el derecho al resarcimiento de los bienes incautados por razones políticas, ideológicas o religiosas. Además, encarga a la Administración General del Estado promover «las iniciativas necesarias» para investigar su alcance e implementar las vías para compensar a los afectados.

La Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista (APIGF) interpuso en mayo del año pasado una reclamación para que los descendientes del bando republicano recuperaran el dinero que perdieron por la represión franquista. En total, casi 300 expedientes que la organización cifra en 18 millones de pesetas. El dilema es la cantidad que supone al cambio actual.

Reunión con el Gobierno

El Gobierno creó el pasado 23 de abril una comisión para valorarlo y establecer los destinatarios y el alcance de la reparación. Tiene un año, el mismo plazo que marca la ley para la auditoría de bienes expoliados, aún pendiente. Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta este equipo de trabajo, presidido por el secretario de Estado de Memoria Democrática y compuesto por diversos representantes de la Administración, será dilucidar el valor actual de los títulos.

Hay diferentes estudios sobre la cuestión. Uno de los más más rigurosos fue elaborado por Lluís Planas, doctor en Economía por la Universidad de Barcelona. A propósito de la demanda conjunta que presentó el Ayuntamiento de San Julián de Ramis (Girona) en 2019, Planas estableció que cada peseta republicana equivaldría en la actualidad a 13,91 euros. Multiplicando esa cifra por la cantidad que reclaman los miembros de APIGF supondría 250 millones. Otros afectados elevan la cifra a los 3.000 millones.

Los trabajos de la comisión ya han comenzado. Así se lo confirmó la directora general de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática, Zoraida Hijosa, a los miembros del despacho Vosseler Abogados con los que se reunió el pasado 9 de mayo en el Palacio de La Moncloa. Durante el encuentro, la dirigente explicó a los letrados que representan a los socios de APIGF y a otros reclamantes los procedimientos que se llevarán a cabo y la situación en la que se encuentran los expedientes.

«Hay un compromiso del Gobierno para reparar a las víctimas. El trabajo es laborioso porque deben estudiar los títulos depositados en el Banco de España y el resarcimiento económico», explica a THE OBJECTIVE la abogada Leire López Pina, de Vosseler. Cifra en 300 los títulos que han reclamado, aunque estos pueden afectar a más de 700 personas porque algunos son compartidos. No obstante, evita dar una cantidad de cambio actual porque eso depende de diferentes factores.

Cifrar las pérdidas

Un informe del Banco de España fechado en marzo de 1938 cifró la incautación en 35 millones de pesetas. Carlos Barciela, profesor de Historia Económica en la Universidad de Alicante, estima que Franco anuló 25.536 millones de pesetas (unos 150 millones de euros de la época que habría que actualizar). Más de la mitad del montante correspondía a dinero de curso legal, por lo que la cantidad decomisada podría ser superior.

Los franquistas advirtieron pronto que, si querían ganar la guerra, debían luchar contra la Segunda República en el frente económico. El Gobierno de Burgos aprobó en noviembre de 1936 un decreto para marcar los billetes puestos en circulación por el bando republicano después de la sublevación militar, lo que motivó su pérdida de valor. En abril de 1938 los sublevados ordenaron cambiar el papel moneda rojo por su dinero.

Ese año Franco aprobó tres decretos para regular el canje de billetes y las incautaciones de los signos fiducitarios republicanos. El régimen prometió devolver el dinero a sus legítimos dueños, a los que entregó unos cupones con el epígrafe «Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo». La normativa designó un tribunal extraordinario que debía resolver las solicitudes. Las que fuesen denegadas, la mayoría, engrosarían una cuenta en el Banco de España denominada «Billetes de canje desestimado».

Para recuperar sus ahorros, los damnificados tenían que ir acompañados por tres personas afines al nuevo régimen, algo que pocas veces ocurría. La mayoría se deshizo de sus recibos al entender que nunca los cobrarían. Muchos títulos aparecieron en mudanzas o en la basura. En 2005, los descendientes crearon APIGF, que cuenta con casi un millar de socios. Entre ellos Ramiro Montoya, un valenciano de 64 años que posee un recibo de 4.375 pesetas. Según el peritaje del profesor Planas equivaldrían a 60.000 euros.

Décadas de reclamaciones

«Busco dignidad, el dinero viene luego», subraya Montoya a este diario por teléfono. El título lo heredó de su abuela, a la que la guerra le arrebató dos hijos, el marido y todos sus ahorros, con los que pretendían comprar una casa. Afirma que esta historia ha supuesto un auténtico trauma familiar, pero que nunca perdió la esperanza. Tampoco Joaquim Aragonès, de 76 años, que aún conserva dos recibos de 9.000 pesetas que el régimen franquista confiscó a su familia, a la que dejó en «la miseria absoluta».

El valenciano Víctor Benavides aún guarda con mimo un puñado de billetes de la Segunda República que su bisabuelo ocultó en un tubo de puros para no ser señalado como enemigo por Franco. Ha intentado cambiarlos en varias ocasiones, pero el Banco de España le advirtió de que solo canjeaba los títulos expedidos tras la Guerra Civil. La posibilidad de hacerlo, en todo caso, concluyó el 31 de diciembre de 2020.

Los perjudicados comenzaron a solicitar el dinero confiscado por Franco en los años ochenta a través del despacho de Cristina Almeida. En 2015, el exjuez Baltasar Garzón presentó una reclamación al Consejo de Ministros, luego rechazada por el Tribunal Supremo. El asunto ya se debatió en 2007 en el Congreso, pero fue desestimado con los votos de PP y PSOE.

Una década después, el Parlamento de Cataluña envió una proposición de ley para reformar la ya derogada Ley de Memoria Histórica, que no contempló la reparación en 2007. Mariano Rajoy bloqueó la iniciativa alegando que la demanda supondría aumentar los créditos presupuestarios. La propuesta se debatió finalmente el 13 de octubre en la Cámara baja, que aprobó su toma en consideración con la abstención del PP y el voto en contra de Vox. La reparación fue incluida en la Ley de Memoria Democrática.