Gobiernos predicadores, pero no practicantes de ambientalismo

Gobiernos predicadores, pero no practicantes de ambientalismo

Gobiernos predicadores, pero no practicantes de ambientalismo

Discurseros de primer orden y practicantes de últimos de la fila nos hemos convertido en objetivos ambientales, tendencia desde hace 21 años sin que ningún gobierno sea exonerado. La razón está en la desidia, desconocimiento, decisiones inconexas entre instituciones estatales y sometimiento de autoridades a la agenda de intereses empresariales privados.
Un recuento sucinto servirá para llamar la atención de las 28 agrupaciones políticas que quieren ser gobierno o tener cuota de poder político en las próximas elecciones generales, que al paso que vamos podrían darse antes del 2026.
En el 2003, se empezó con la ley de promoción de biocombustibles (Ley 28054), que tenía como espíritu la producción local de combustibles de origen vegetal. El resultado ha sido privilegiar la importación y el estancamiento de la participación porcentual volumétrica en gasolinas y diésel.
En el 2006, en la ley de generación eficiente de energía (Ley 28832) se estableció la generación distribuida, que fomenta la producción de electricidad eólica y solar de baja escala dentro de las concesiones de distribución. Han pasado 18 años y no se ha reglamentado.
En el 2008, se promulgó la ley de promoción de la inversión de la generación eléctrica con energías renovables (DL 1002), estableciéndose que cada 5 años se determinaría si la participación inicial de 5% en la demanda se modificaba. Luego de 16 años la cifra del 5% se ha anquilosado.
En el 2015, durante la COP 21 desarrollada en París, nos comprometieron voluntariamente que en el 2030 se reducirían las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 20% respecto a las que se tendrían en ese año de no tomarse ninguna medida.
El compromiso del 2015 se amplió en 10% adicional en diciembre del 2020, lo que significaba tener emisiones máximas de GEI de 209 millones de toneladas (MMTn) en el 2030, al ritmo actual no se cumplirá, tendremos 220 MMTn, cifra que corresponde a una proyección en base al último inventario de gases de efecto invernadero (INGEI) que se publicó en el 2019, hasta en las estadísticas estamos atrasados.
No hay política de Estado que converja con lo que se predica internacionalmente, seguimos atrapados en la agenda de las expectativas de terceros con complacencia estatal.

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