Inquilinos en crisis: exigencias delirantes, amenazas de desalojos y la agonía de alquilar | El Destape

Inquilinos en crisis: exigencias delirantes, amenazas de desalojos y la agonía de alquilar

Destratos, manipulaciones, angustia, incertidumbre y desalojos. La situación de los inquilinos se agrava más por la ausencia de la Ley de Alquileres. Nación se desliga y el mercado hace estragos.

13 de mayo, 2024 | 00.05

Manipulaciones y destratos, exigencias delirantes y ausencia de los supuestos “acuerdos” entre las partes a la hora de ‘negociar’ la renovación del alquiler, y situaciones extremas como desalojos judiciales son algunas de las postales que describen el difícil momento que atraviesa una gran parte de la ciudadanía que ve violentado su derecho al acceso a una vivienda. “El obstáculo que tenemos no es ideológico, la dirigencia se dedica al negocio inmobiliario entonces tenemos obturado el avance con un Estado que no se hace cargo de este drama”, explicó Gervasio Muñoz de inquilinxs Agrupadxs. El Destape conoció diversas historias en primera persona sobre la crisis que atraviesan inquilinas e inquilinas tras la caída de la Ley de Alquileres. Mientras tanto, Nación se desliga y la regulación inexistente deja que el mercado haga estragos. “Importan más los intereses de alguien que tiene una vivienda que no usa, antes que los míos que no tengo lugar para vivir”, denunció Ignacio, uno del más de un millón de personas que alquila en la Ciudad de Buenos Aires.

Según la última encuesta realizada por la organización Inquilinos Agrupados, en marzo de este año -con cerca de 4.000 respuestas-, el DNU de Javier Milei generó un aumento de precios de alquileres y mayor rentabilidad para dueños e inmobiliarias. Tras la derogación de la Ley de Alquileres, por ejemplo, el 91,5% de los contratos pasó a tener actualización cada seis meses o menos (antes, era anual); el 41% de los contratos firmados bajo dicho decreto son por un plazo menor a un año y la incidencia del alquiler -es decir, el porcentaje de ingreso total en el hogar destinado al alquiler y la expensas- pasó a ser de 41%; 10 puntos porcentuales mayor a cuando la normativa continuaba vigente.

“Lo que está empezando a suceder es el desalojo judicial y el desalojo económico. Lo que proponen con las actualizaciones trimestrales por inflación no aguanta más de seis meses con los salarios planchados y los aumentos en todas las áreas. El que firmó el 1° de enero tuvo un aumento del 51,2% en el alquiler; actualmente paga $200.000 más y dicha cifra, sobre el salario, te deja en la calle”, dijo a este medio Gervasio Muñoz, de Inquilinxs Agrupadxs.

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El Art. 14 bis de la Constitución Nacional, establece que el Estado deberá otorgar a las y los ciudadanos “beneficios de la seguridad social” con carácter integral e irrenunciable, y entre ellos se destaca -entre otros- el acceso a una vivienda digna. “Muchas personas están pasando por la situación del desalojo económico. En este caso, no se da intervención a la Justicia porque muchos inquilinos se van antes. No lo tenemos naturalizado así, no lo tenemos asimilado o entendido como un desalojo porque lo que sí tenemos naturalizado es una relación comercial, pero lo que les sucede a muchos es que lo que se pone en marcha con este contrato de alquiler corto es que te desalojan de tu casa por vías económicas”, explicó Muñoz.

Problemas en la renovación de contratos

“El objetivo es que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y que alquilar no sea una odisea”, explicó el presidente Javier Milei al derogar la Ley de Alquileres, a fines de diciembre pasado. La Ley N° 27.551, que entró en vigencia en julio del 2020, dispuso que la duración del contrato debía ser de tres años con un ajuste semestral o anual, con índices oficiales (como Casa Propia o Índice para Contratos de Locación/ICL) y, obligatoriamente, en pesos argentinos. A partir del decreto 70/2023, se toma al contrato de alquiler como una “negociación” donde las partes -es decir, el inquilino y el propietario- deben llegar a un acuerdo en todos los puntos antes mencionados. Lo cierto es que esto no ocurrió y se observaron distintos abusos y destratos por parte de los dueños a la hora de llevar a cabo dichas conversaciones.

Ignacio es estudiante y habita en la Ciudad de Buenos Aires, tras independizarse hace dos años. Al mudarse notó que el departamento necesitaba algunas refacciones pero “como el alquiler estaba barato, me permitía no pedirle a mi mamá que me ayudara a sostenerlo”; tanto es así que durante los tres años que duró dicho contrato, no necesitó recurrir a ella. Según explicó, estudiando y trabajando, mantuvo el alquiler con el 30% de sus ingresos. Pero los problemas comenzaron a mediados del 2022, cuando tuvo un inconveniente con el gas en el departamento. “Estuve un año entero con anafe eléctrico. Si bien por ley me correspondía no pagar alquiler hasta que se reanude el servicio, por tener un ‘gesto’ con la propietaria seguí pagando e incluso ajusté el monto acorde a lo que correspondía por ley”, narró.

Un año después le instalaron una cocina eléctrica y en el medio, rompieron gran parte del departamento. “Cuando estaba por darse el último incremento -que llevaba el valor a $75.000-, la propietaria me cita para decirme que ‘quedó bajo’ y pedirme si podía aumentarlo a $120.000. Me pidió que destine, voluntariamente, más de un tercio de mi sueldo en pagar un monto que superaba más del 50% que le tenía que pagar”, recordó. 

Sin ningún tipo de contemplación tras los esfuerzos realizados, la dueña le “sugirió” dejar el departamento en el verano o en marzo cuando su contrato finalizaba recién en noviembre del 2024. Hace un mes, Nacho volvió a escribirle para notificar que en julio próximo dejará el departamento ya que no puede pagarlo y deberá volver a lo de su mamá porque no puede encarar una nueva mudanza, otro ingreso o la manutención de un alquiler con aumentos desmedidos. Al recordar el encuentro, aseguró que la propietaria estaba contenta y aceptó instantáneamente la situación, “como cuando te dan una noticia piola que no esperabas”; algo que -lógicamente- le generó más bronca y enojo por haber continuado pagando el alquiler cuando ella incumplía con sus obligaciones.

Nunca recibió descuentos en el alquiler. Para él, no existe “reciprocidad en la relación propietario/inquilino” ya que todas las obligaciones recaen sobre el segundo mientras el primero no cumple. 

“¿Qué vida puedo proyectar sin estabilidad de vivienda? ¿Qué proyecto familiar puedo tener si no puedo ni siquiera aspirar a un dos ambientes para convivir con una eventual pareja? ¿Qué pareja puedo conocer si a los 30 años estoy viviendo con mi mamá? Uno se siente infantilizado. Estoy por cumplir años en agosto, en un punto avanzado de la carrera, laburo 9 horas cinco días a la semana, y mi proyecto sostenible es volver a lo de mi vieja. Eso es lo que mi sueldo puede pagar”, sentenció.

Otro de los casos, también en CABA, es el de Damián (su nombre se resguarda para protección personal) quien también alquilaba por dueño directo. En diálogo con El Destape contó que, a lo largo del contrato, no tuvieron ningún tipo de problema con el propietario: pagaban el alquiler, las expensas y los servicios a término; se hicieron cargo de pequeños arreglos para “no molestarlo” aunque era su responsabilidad y siempre mostró una “posición muy amigable, cordial y respetuosa, como si fuésemos pares”. Si bien, cada tanto y con 'sutilezas', el propietario señalaba que el alquiler había quedado ‘medio bajo’, nunca solicitó la famosa ‘ayuda’ por el desfasaje inflacionario. Cerca de la finalización del contrato, el inquilino señaló su interés por continuar en el departamento y el dueño le dijo que se quedara tranquilo, que de alguna manera “lo iban a resolver” ya que buscaba sostener el vínculo contractual.

“Esa fue la última vez que hablamos, seis meses antes de que venza. Luego nos juntamos, con el contrato ya vencido, y empezó a hablar mal de la ley de Alquileres. Cuando habló del precio, propuso entre un 200% y un 250% de aumento. Me quedé sin palabras, le dije que era casi el 90% de mi salario y que ese precio no tenía nada que ver con la realidad”, recordó. Incluso, les dijo que “el precio era más pero que él ‘nos hacía un favor’ y nos lo dejaba un poco más barato porque nos conocía y éramos buenas personas”. Solicitaron una prórroga de dos meses, para la cual les aumentó el alquiler, y tras cumplirla, dejaron el lugar.

Ahora alquila hace tres meses, con ajuste trimestral por Índice de Precios al Consumidor (IPC) y con un contrato de tres años. “Traté de negociar como pude la cláusula del contrato, lo que no pude negociar fue el ajuste, le pedí que sea semestral… Ni siquiera le cambié el índice, pero me dijeron que no. El mes que viene me ajustan, veremos de cuánto será. Es insostenible para cualquier familia”, apuntó Damián. “El papel de víctima estuvo siempre presente, decía que nosotros teníamos que estar agradecidos de estar en el lugar en el que estábamos y de estar pagando ese precio 'tan bajo'. Se vanagloriaba con eso, con que teníamos que estar agradecidos con él. La técnica no era ser tan explícito pero sí te daba a entender ciertas cosas”, añadió. Mientras que también cargó contra las inmobiliarias, a las que acusó de aprovecharse de que “la vivienda como inversión se impuso al acceso a la vivienda como un derecho humano elemental”.

 “Te hablan como poniéndose a la par, cuando a él le sobra una vivienda y a nosotros nos falta. Partimos de un punto muy disparejo. Yo confié y después me di cuenta de que había sido un error, pero era tarde”.

Manipulación y destrato de los propietarios

Victoria, que vive en la Ciudad de Buenos Aires, atravesó una situación compleja por razones similares: se separó a principios de año y estuvo varios meses viviendo con su ex porque ninguno podía mudarse. En el medio, se enfermó: picos de estrés y una gripe que la dejó más de una semana en cama. “Conseguí algo no tan malo pero igual necesito conseguir otro trabajo sí o sí porque no llego. Tengo aumento trimestral, no sé si voy a poder sostenerlo pero no puedo volver con mis padres porque mi vieja es jubilada”, señaló. Estudió diversas carreras, se recibió en la universidad y hoy tiene un trabajo estable, pero la incertidumbre la atraviesa en su totalidad. “Mientras la vivienda siga siendo un negocio, seguirán lucrando con nuestras vidas y derechos”, agregó.

“La dueña dice que somos buena gente, por eso no me aumentó tanto pero pasó de ajuste anual a trimestral… Es muchísimo. Además, en los últimos meses, le pagué un ajuste ‘voluntario’ del 50% -propuesto por la propietaria-. Fue pura extorsión pero lo hice porque sabía que si no accedía perdía la posibilidad de renovar”, apuntó la inquilina. En esa línea, destacó: “No negociás nada, es una falacia total. Solo podés aceptar lo que te dicen y en este contexto, te pueden exigir más cosas” ya que con la caída de la ley no hay límite alguno para dueños e inmobiliarias. “Se supone que ese límite lo ponemos nosotros ‘negociando’, pero es un delirio total. Les propuse que sea cada cuatro meses el ajuste y me dijeron que no, que tenía que pagar el ABL y por dos años el contrato con depósito en dólares. Y listo, no hubo negociación”, remarcó.

“El que no alquiló nunca no lo puede entender. Pánico en cada renovación, andar con tu casa y tu vida de acá para allá es un horror. Pensar que lo único que queremos es vivir tranquilos y con estabilidad en un mismo lugar donde construimos nuestros hogares. Un sueño sería estar 10 años en el mismo lugar, nunca me pasó desde que me fui de la casa de mi vieja hace 20 años. Ya no se puede ni soñar con la casa propia y alquilar por más de dos años parece imposible”, detalló.

Casos similares se observaron en diversos puntos y ciudades de la provincia de Buenos Aires. Desde Zona Sur del Conurbano bonaerense, Elisabet indicó a El Destape que atravesó importantes demoras en recibir una respuesta sobre la renovación del contrato y que faltando tan solo 20 días para su finalización, a pesar de lo prometido por la inmobiliaria (contrato por dos años con ajustes semestrales), la dueña decidió unilateralmente dejar atrás el ajuste anual de los primeros tres años para imponer aumentos cuatrimestrales por inflación, con un incremento del 260% del alquiler y acortar el contrato a tan solo un año de duración. “No creo que dimensione que a ella, en 21 días, le va a seguir sobrando una casa pero que a mí me desaparece el techo de encima de la cabeza después de haberle cumplido tres años, en un departamento que se cae a pedazos", lanzó.

Por otro lado, desde Mar del Plata, María Candela -de Inquilinxs Agrupadxs- dio detalles sobre la difícil situación que se vive en la ciudad balnearia. Una inquilina, que firmó contrato con la Ley de Alquileres, fue presionada por los dueños para que pague un extra por fuera de lo estipulado y recibió amenazas. “Le iban caer en patota a cambiarle la cerradura, la señora estaba muy asustada de salir de su casa por si entraban cuando ella no estuviera”, contó. Se repite, en todos los casos, la idea de cambiar la modalidad del ajuste y exigir pagos por fuera de lo firmado.

Desde Santa Cruz, Viviana mostró su angustia y calificó como una 'tremenda agonía' la situación que atraviesan inquilinas e inquilinos en todo el territorio nacional. Sostuvo que es imposible vivir con la incertidumbre de aumentos trimestrales o cuatrimestrales, “deambular en busca de otro alquiler” y, si es por inmobiliaria, realizar el gasto que el ingreso conlleva. “Estamos a la deriva, en total abandono por la falta de políticas públicas, se necesita urgente una ley que regule esta locura. El Gobierno no puede hacer oídos sordos a esta problemática que aqueja a un gran porcentaje de la población, no se puede dejar librado al azar a ciudadanos que no pudieron acceder a un techo propio”, denunció.

Según cuenta, a fin de mes, deberá pagar $430.000 -un incremento de casi $200.000- de alquiler pero como 'gesto', ya que vive allí hace muchos años, el dueño aseguró que le hizo un 'descuento' de $30.000. “Sin un ente regulador, cada uno hace lo que quiere. Hay mucha apatía por parte de la gente, la sociedad piensa que si no le afecta directamente no le importa”, subrayó y aseguró que es clave el rol de Diputados y Senadores para votar en contra de la Ley Bases y que no se pierdan más derechos. “El tema del techo es algo muy angustiante, es imprescindible. Uno no puede andar deambulando como nómada cada tres o cuatro meses. Tristemente es sobrevivir, un sálvese quien pueda”, añadió.

Por último, desde Bahía Blanca señalaron que se atraviesa una situación similar a la del AMBA. Las inmobiliarias exigen pagos fuera de lo correspondiente, se abusan de que las personas no tienen toda la información y denuncian una fuerte desprotección ante la ausencia de una normativa. En este marco, Brenda contó que exigen que se abra la 'Oficina de Atención al Inquilino' para asesoramiento y guía; algo que ya ocurrió en Tandil pero que no logró cumplir su propósito, ya que a su cargo estaba una persona perteneciente al mercado inmobiliario. 

“Soy de Dorrego, un pueblo de 8.000 habitantes. Habrá dos inmobiliarias, como mucho. Lo más común es conseguir particular y hasta seguramente conocer al dueño. Ahí los acuerdos son realmente acuerdos entre partes, obviamente te ponen un precio pero es accesible. No se hacen contratos, son acuerdos de palabra cumplidos por ambas partes. Aún cuando había ley, había aumentos anuales y eran menores a lo que decía la ley. La ausencia de especulación inmobiliaria hace que las cosas funcionen un poco mejor”, comparó. 

Desalojos judiciales y deshumanización

En medio de una crisis sin precedentes, Gervasio Muñoz -presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, además de estar al frente de Inquilinxs Agrupadxsdenunció que están ocurriendo desalojos judiciales; es decir, cuando el desalojo económico pasa a una segunda etapa porque el inquilino/a no tiene a donde ir ni donde quedarse y solo espera ser echado del inmueble. “Está pasando con muchos jubilados solos, que no tienen familia, pagaban un alquiler, se les terminó el contrato y no tienen donde ir. También con desempleados, que se quedaron sin laburo en estos meses y no tienen cómo pagar otro alquiler. Solo esperan el desalojo judicial. Una tarde tuvimos dos jubilados que nos vinieron a ver porque les estaba iniciando una demanda de desalojo”, relató a El Destape.

María Candela, representante de la organización en Mar del Plata, sostuvo que no supo nada más de la inquilina de 45 años -a la cual amenazaron con cambiarle la cerradura y echarla-. “A otra inquilina, que tenía contrato firmado por ley de Alquileres y se le vence a fin de año, los dueños le dijeron que se tenía que ir porque habían vendido la propiedad. Le mandaron un martillero, varias veces nos comentan que les envían figuras de autoridad para ‘explicarles’ la ley a los inquilinos. La asesoramos respecto de que no la podían desalojar y logró quedarse en el departamento. En el medio le dijeron que si se quedaba debía pagarle otro monto por fuera”, apuntó.

“Es necesario tomar consciencia. Si dolió entender que es un desalojo económico es porque ahí hubo algún grado de entendimiento de la gravedad que significa esto y la diferencia con creer que solo se terminó un contrato, que no podés renovar. El peso y la violencia del mercado es esto, decirte que te aumentan un 400% y te tenés que ir. ¿Dónde? Nadie sabe. Ni el Estado, menos el mercado”, concluyó Muñoz.

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