Es el cuento de nunca acabar. Todos los nombramientos que son recurribles judicialmente acaban en los tribunales por obra y gracia de la extrema derecha. Ahora le ha vuelto a tocar el turno al Consejo de Estado. No le ha bastado a la sala de Lo Contencioso Administrativo la anulación del nombramiento de Magdalena Valerio para presidir el órgano consultivo “por no contar con acreditado prestigio como jurista” sino que, ahora, admite a trámite el recurso de Vox contra el nombramiento de Carmen Calvo. Un recurso que ya ha tenido su primera consecuencia: un juez de la sala que deberá resolverlo, Pablo Lucas, ha pedido apartarse “para evitar sospechas de imparcialidad”. Como si esa sala no tuviese en su haber no sólo sospechas sino la constatación de resoluciones tan controvertidas como fue la anulación de la designación de Dolores Delgado como fiscala togada de la sala de Lo Militar. Y no por esa decisión, que puede ser impecable desde el punto de vista jurídico, sino por los argumentos utilizados entre los cuales figura la acusación a Álvaro García Ortiz de “desviación de poder” para favorecer a la que fue su antecesora. El fiscal general ha llegado a insinuar la posible existencia de un delito de prevaricación por parte de los jueces. Y así, en esta comprometida circunstancia, ahora toca resolver el recurso del nombramiento de Calvo.
La exvicepresidenta del gobierno y exdiputada tiene una ventaja sobre Magdalena Valerio. Ella es catedrática de Derecho Constitucional. Pero esa condición puede acabar por volverse en contra de ella porque hace décadas, el juez ahora apartado, Pablo Lucas, mantuvo una estrecha relación profesional con Calvo. Integró la comisión que resolvió el concurso por el que fue designada profesora titular de la Universidad de Córdoba en 1991, años antes de que ésta iniciara su actividad en primera línea de la política. También codirigió una tesis doctoral con ella y dirigió un libro en el que la socialista cordobesa escribe un capítulo.
Pablo Lucas fue recusado en anteriores ocasiones. La fundación Francisco Franco lo vetó para resolver los recursos presentados en contra de la exhumación del cadáver del dictador “por tener amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes y tener interés directo o indirecto en el pleito o causa”. Y tal vez por ese dicho de que “gato escaldado huye del agua fría” esta vez ha querido adelantarse a los acontecimientos. El magistrado que ha resuelto su recusación es un compañero de sala, José Luis Requero, quien se mostró favorable a pesar de que en el argumento de Lucas “no concurre ninguna de las causas de abstención previstas en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial”. Todo lo que quiera decir Requero, pero lo cierto es que él, un ultraconservador conocido por su vinculación al opus dei, y la sala se quitan de en medio a un incómodo juez que seguramente se mostraría a favor del nombramiento de Calvo a la cual conoce tan bien como para avalarla como cualificada jurista. Porque, en realidad, lo que se trata es de nombrar un presidente de un organismo que tiene carácter consultivo y que sólo debe velar porque las normas que se elaboran en el Consejo de ministros sean compatibles con la legalidad vigente. Y en más de una ocasión ni siquiera llega a eso ya que no dictaminan las proposiciones de ley que presentan los grupos parlamentarios, una de las razones que, equivocadamente, esgrimía la derecha para desautorizar la propuesta de amnistía.
Pero la clave de este asunto, una vez más, reside en el abuso de la extrema derecha contra todas aquellas resoluciones que tengan que ver con “el bolivariano Sánchez”. El aparato judicial que tienen Vox y sus submundos ultramontanos como son Manos Limpias, Abogados Cristianos, y las fundaciones DENAES y Hazte Oír, tiene tal capacidad de redactar recursos y demandas que inundan todos los organismos de la judicatura: desde un juzgado de primera instancia hasta el Supremo. Y al Constitucional no acuden porque no están habilitados para ello. Es cierto que desde que tomó posesión, este gobierno apenas se ha prodigado por su actividad legislativa. Pero las escasas normativas aprobadas en Consejo de ministros han sido recurridas ante los tribunales. Eso, en lo que respecta al ejecutivo. Las actividades de la mesa del Congreso también están pendientes de resolución en los tribunales. De las decisiones del fiscal general del Estado ni hablamos porque da vergüenza repetirlas en este mismo medio. Y porque apenas existe margen de maniobra para acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si no fuese así, más de una ley que el Constitucional ha sentenciado conforme al espíritu y la letra de la carta magna sería recurrida. Afortunadamente la extrema derecha española no cree en la justicia de Bruselas y todos los caminos terminan en los altos tribunales y la corte de garantías.
Semejante hemorragia judicial es inevitable tal y como están las cosas en el mundo, y más con el apoyo social que tiene la extrema derecha, un apoyo social cada día más alarmante como consecuencia de los populismos. De momento, el Tribunal Constitucional ha limitado el acceso a los recursos de amparo con evidentes resultados positivos. Pero de ahí para abajo el fenómeno de la judicialización de la política se extiende cada vez más. El argumento que esgrime la extrema derecha es la existencia de una crisis de legitimidad de los poderes ejecutivo y legislativo cuyo vacío necesariamente tiene que llenar el judicial.
Contra el exceso de judicialización de la política española, el catedrático de Derecho Constitucional, Manuel Aragón Reyes, apunta una alternativa: “llevar a cabo, sin merma de la sumisión de todo acto de poder a la jurisdicción (todo acto con relevancia jurídica, como es lógico), una ampliación y revitalización de los controles políticos, especialmente de los controles parlamentarios, para que no todos los problemas de la política acaben en los tribunales”. Traduciendo al román paladín las reflexiones de este experto jurista, lo que propone Aragón Reyes es incrementar el control de los actos políticos.
Puede ser una solución. Pero ¿estaría dispuesta la extrema derecha a dejar de judicializar la política si se llega a un acuerdo para establecer mayores controles sobre los actos con los que no están de acuerdo? Es evidente que ese no es el problema.
No simpatizo nada con Vox, en este caso concreto me parece bien el recurso.