Condenados a una habitación

Los datos ya contrastados permiten hablar de una genuina eclosión de habitaciones en régimen de alquiler, cuya oferta en número de unidades ya supera a la de pisos completos en arrendamiento. Una opción que se convierte en la única alternativa para demasiados colectivos y que refleja preocupantes dinámicas, que vienen consolidándose en las grandes ciudades. Tras todo ello, una suma de fragilidades que conviene reconducir para evitar que la marginalidad siga arraigando. 

La fijación de topes en el mercado de alquiler residencial ordinario muestra aquí uno de sus efectos secundarios no previstos, lo que no significa que no fuesen previsibles durante la redacción de un marco legislativo con demasiadas lagunas. Si por un lado estimula derivar parte del parque potencial de vivienda de alquiler al mercado de compraventa, por el otro anima a los propietarios a destinar inmuebles hacia una actividad mucho menos regulada como es el alquiler de habitaciones, que puede llevar a rentabilidades desproporcionadas.

Esta actividad genera también una bolsa importante de economía sumergida, situando al inquilino que no tiene alternativa ante un mercado de vivienda cuyos precios nada tienen que ver con la capacidad adquisitiva media de la ciudadanía, en una situación de gran fragilidad frente al propietario del inmueble. El perfil de los inquilinos es fiel reflejo de la fractura social que, aun silente, se agranda y consolida entre nosotros. La que, en principio, es una alternativa sensata orientada, principalmente, a estudiantes, funcionarios y trabajadores de paso por una ciudad o en situaciones familiares provisionales, se ha convertido cada vez más en la única opción para personas en situación de precariedad; ya sea pobreza heredada o de nuevo cuño, como sucede con no pocas familias que, hasta no hace tanto, vivían satisfechas una condición de clase media que ha resultado ser engañosa.

La regulación e inspección del alquiler de habitaciones es indispensable: pero tampoco arreglará los problemas de fondo de un mercado inmobiliario altamente ineficiente; una suma de debilidades y carencias que solo pueden ser solventadas con la promoción, liderada por los poderes públicos, de vivienda en régimen de alquiler a precios moderados. Sin embargo, esta alternativa se antoja más que complicada, dado que requiere de tres condiciones. De una parte, disponer de los necesarios recursos financieros para su desarrollo, para lo cual deberíamos tratar de forma efectiva la vivienda como el mayor problema para muchos millones de ciudadanos españoles, especialmente los más jóvenes. Por otra, la indispensable coordinación entre administraciones, dando cabida a la también necesaria participación privada en el proyecto. Una exigencia compleja pero que se intuye posible, dada la gran presión social para abordar (¡por primera vez en nuestro cerca de medio siglo de democracia!) un ambicioso plan de vivienda. Y, finalmente, es necesaria una visión a largo plazo, que supere la dinámica política cortoplacista.

Mientras, un número cada vez mayor de ciudadanos se verá inevitablemente forzado a malvivir, a menudo con su familia, en una abigarrada habitación de alquiler. Así las cosas, quizás no debería sorprendernos un nivel de descontento y desafección hacia una política que en lugar de preocuparse en abordar problemas esenciales, está más ocupada alimentando otros.