El Gobierno de Javier Milei escala en la guerra contra los movimientos sociales: son “un sistema de esclavitud moderno”

El Gobierno del ultraderechista Javier Milei renovó su cruzada contra las organizaciones sociales que representan a desocupados y trabajadores informales en Argentina. El jefe de Gabinete de ministros, Nicolás Posse, aseguró este miércoles que montaron “un sistema de esclavitud moderno”, “tremendamente autoritario”, y las acusó de diversas irregularidades vinculadas con los programas de ayuda social financiados por el Estado.

La acusación se produjo mientras avanza una causa judicial, originada en una denuncia del Gobierno, contra un grupo de dirigentes por supuestas coacciones. Las organizaciones conocidas como “piqueteras” —por sus métodos de protesta, principalmente cortes de calles o carreteras— sostienen que las denuncias son un ataque para deslegitimarlas y también apuestan a una respuesta de los tribunales, en su caso para que se reponga el envío de alimentos a los comedores populares que están bajo su control, suspendido por la administración de Milei desde fines del año pasado.

La Justicia investiga supuestas extorsiones de dirigentes a beneficiarios de programas sociales para que asistieran a marchas y protestas y para que participaran en la venta de alimentos destinados a los comedores. De acuerdo con la imputación, la coacción consistía en que, si las víctimas no aceptaban, eran amenazadas con la pérdida del beneficio social. Hasta el gobierno anterior, encabezado por el peronista Alberto Fernández, las organizaciones sociales participaban de las unidades de gestión de los programas de ayuda estatal, un universo de 1,3 millón de beneficiarios que hasta diciembre percibía 78 mil pesos mensuales (unos 78 dólares, al cambio actual). Incluso, varios referentes de las organizaciones ocupaban cargos en el Ministerio de Desarrollo Social. Toda esa estructura fue desmontada por Milei en diciembre, cuando asumió, incluido ese ministerio.

La denuncia contra 28 dirigentes fue presentada por el Ministerio de Seguridad, después de la primera protesta contra el Gobierno de Milei, en diciembre pasado. Según informó la cartera, la presentación se basó en los hechos descriptos en llamados anónimos a la línea telefónica 134, una vía de comunicación abierta por la ministra Patricia Bullrich para, justamente, recolectar acusaciones contra referentes sociales y sindicales. En el marco de la pesquisa judicial, este lunes se realizaron 27 allanamientos en comedores populares y domicilios de las personas denunciadas, cuyos bienes fueron inhibidos en las últimas horas.

“Ninguno de nosotros imaginaba lo que encontró la Justicia esta semana en los allanamientos: un sistema de estructura piramidal y tremendamente autoritario”, fueron las palabras que Posse les dedicó a las organizaciones sociales, este miércoles, en su primer informe de gestión en el Congreso. “Era un sistema de castigos y amenazas”, agregó. “Uno de los beneficios de los cargos superiores de la estructura era forzar a la gente de los niveles inferiores a vender comida que era entregada por el Estado y quedarse con la ganancia. Realmente muy parecido a un esquema de esclavitud moderno.”

A la denuncia del Ministerio de Seguridad se sumó otra de la cartera de Capital Humano, que aseguró ante la Justicia haber constatado que casi la mitad de los comedores dependientes de las entidades sociales eran inexistentes o ya no funcionaban en los lugares indicados.

“Deslegitimar y atacar”

Las organizaciones sociales respondieron a las denuncias con una rueda de prensa conjunta, donde participaron referentes de agrupaciones acusadas y de otras que no fueron involucradas. Todos desestimaron que existan prácticas generalizadas de amenazas y extorsiones. “El único que puede dar de baja los programas es el Estado, los dirigentes no tenemos la posibilidad de hacerlo”, explicó Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, para descartar la posible coacción. Según las organizaciones, las denuncias buscan impacto en los medios de comunicación y, cuando se investigue, “no va a quedar nada”. En particular, cuestionaron los allanamientos realizados el lunes, los definieron como “desmedidos” y “violentos”.

El enfrentamiento entre las organizaciones y el Gobierno está planteado desde que asumió Milei. Además de las consecuencias generalizadas de la devaluación, la inflación y la baja de salarios y jubilaciones, el principal foco de conflicto se centra en el recorte de los fondos que el Estado les destinaba a los comedores populares de las entidades sociales. A las manifestaciones de protesta contra esa medida, el Gobierno ha respondido con operativos policiales que dejaron heridos y detenidos.

“Hay una campaña evidente para deslegitimar y atacar a las organizaciones sociales”, advirtió Nicolás Caropresi, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). “Este nuevo ataque se da en un contexto donde están avanzando las causas judiciales que iniciamos para que envíen alimentos a los comedores.” Se refería al recurso de amparo que solicitaron para que el Estado cumpla con los planes nacionales vigentes de seguridad alimentaria y lucha contra el hambre, y también a una denuncia contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por incumplimiento de sus deberes como funcionaria. Copresi dijo que “los comedores que pueden seguir abiertos se mantienen con donaciones y la ayuda de algunos municipios. Antes, a los comedores venían personas en situación de calle, ahora se sumaron muchos trabajadores y jubilados. Cada día hay más gente y cada día hay menos comida.”

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